Los jueces desairan a la Fiscalía y liberan a los imputados por corrupción

La eclosión de medidas cautelares vista en otros tiempos en los casos de corrupción ha terminado. Hay procesos, como los que se siguen contra el clan Pujol o la denominada operación Petrum, en los que ningún imputado se encuentra en prisión preventiva. Otros, como la trama Púnica, tienen medio centenar de imputados y únicamente dos están en prisión. En asuntos como el caso Rato no hay ningún implicado entre rejas tras la excarcelación este jueves de Alberto Portuondo.

El supuesto testaferro del ex ministro Rato ha sido excarcelado en contra del criterio de la Fiscalía. Este jueves también han quedado en libertad bajo fianza un estrecho colaborador de Francisco Granados, Ignacio Palacios, y su esposa, María José Marijuán. El pasado día 11, el tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, salía libre también en contra del criterio de Anticorrupción y en agosto ocurría lo mismo con el empresario catalán Jordi Sumarroca, implicado en el pago de presuntas comisiones ilegales al partido de Artur Mas.

En el caso del presunto testaferro del ex vicepresidente del Gobierno, Alberto Portuondo, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado que se había rebajado el riesgo de fuga una vez que el administrador de la sociedad Albisa ha demostrado que ya no vive en México, que su familia reside en Madrid, que está pasando por una situación económica complicada y que padece una enfermedad.

La Fiscalía pretendía que siguiera preso al considerar que, en caso de quedar libre, podía sustraerse de la acción de la Justicia y destruir documentos relevantes para la investigación.

Sin embargo, su criterio no ha sido admitido por la Sala. Portuondo ha alegado reiteradamente que su permanencia en prisión era un "agravio comparativo" respecto a otros imputados más relevantes como el propio Rato, un argumento que la Audiencia rechaza amparándose en las diferentes circunstancias personales de uno y otro.

Fianzas asequibles

Por su parte, el juez Eloy Velasco, instructor de la operación Púnica, ha dejado este jueves en libertad a los supuestos testaferros de Francisco Granados, Ignacio Palacios y María José Marijuán, con tres condiciones: la prestación de fianzas de 30.000 y 5.000 euros, respectivamente; la realización de comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte.

Palacios -estrecho colaborador del ex alcalde de Valdemoro y ex consejero del Gobierno madrileño- y su esposa, María José Marijuán, están imputados por supuestos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Palacios habría sido el intermediario de Granados para el cobro de comisiones ilegales a empresarios, mientras que Marijuán sería la titular formal de las acciones que poseía el ex dirigente del PP de Madrid en la empresa Servicios Patrimoniales Obras y Vías, dedicada a comprar terreno rústico sabiendo que iba a ser recalificado.

La fianza de Marijuán es una de las más pequeñas impuestas a los implicados en la operación Púnica, de los cuales sólo dos permanecen en prisión, Granados y el empresario Marjaliza.

La fianza de Palacios es similar a la fijada para otros imputados destacables en la trama como la secretaria de Marjaliza, Ana Ramírez, o el ex alcalde de Collado Villalba, que depositaron 40.000 euros. Con alguna excepción (como es el caso del empresario José Luis Huerta, que tuvo que consignar 300.000 euros), las fianzas impuestas en Púnica no tiene importes notorios. Personajes centrales de la red como Alejandro de Pedro salió en libertad tras afianzar 50.000 euros.

Malestar en Anticorrupción

Fuerte malestar causó en la Fiscalía Anticorrupción la puesta en libertad de Viloca, precisamente cuando habían alertado que era esencial que siguiera preso por lo menos hasta que la Guardia Civil no localizara una serie de documentos que el tesorero de CDC había ocultado.

El responsable de las finanzas de Convergencia está imputado por cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales y ya había destruido pruebas en una ocasión.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Tarragona hizo caso omiso al Ministerio Público, en este caso apoyado por el juez de instrucción, y dejó libre a Viloca bajo el pago de una fianza de 250.000 euros, que se aportó en horas.

En este caso, la Fiscalía veía muy grave que quedase libre porque podía perjudicar a la investigación que se lleva a cabo por el presunto pago de comisiones ilegales a Convergencia por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones en diversas administraciones públicas catalanas.

La posición de la Fiscalía en este asunto sufrió un duro revés en agosto, cuando el mismo tribunal también ordenó la puesta en libertad del empresario Jordi Sumarroca, a quien se le había incautado una serie de documentación que hacía demostrar que su empresa, Teyco, habría pagado comisiones de un 3% al partido a través de la fundación CatDem a cambio de diversas adjudicaciones de contratos públicos.

Sumarroca estuvo tan sólo quince días en la cárcel, al igual que Viloca, con el mismo argumento. El tribunal considera que la Fiscalía no ha podido concretar que documentación exacta se pone en peligro si quedan libres y, por tanto, no se puede fijar que haya un riesgo de destrucción de pruebas.

A pesar de que el Ministerio Público entendía que si se decía los datos exactos que buscaba la Guardia Civil había todavía más riesgo de que desde su entorno se destruyera, en el caso de Viloca se expuso al tribunal, argumento que, aún así, no fue admitido.

En el asunto del clan Pujol, Anticorrupción también está mostrando más determinación que los jueces. El instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata no quiso registrar el domicilio del ex presidente catalán, Jordi Pujol i Soley, a pesar de que los fiscales considerasen que podría haber documentación clave para la investigación sobre el patrimonio oculto en Andorra por varios miembros de la familia. En este caso, la Policía incluso solicitó al instructor que ordenara la detención del hijo mayor del matrimonio Pujol-Ferrusola, Jordi Jr, pero el juez también se opuso.