El viernes 4 de diciembre el juez Eloy Velasco tuvo una visita muy particular. Recibió en secreto, con el solo conocimiento de la Fiscalía, a la colaboradora y persona de la máxima confianza de David Marjaliza, Ana María Ramírez, excarcelada el pasado julio bajo fianza de 40.000 euros tras acceder a colaborar en la investigación.
Por indicación del empresario, que sigue en prisión, Ramírez acudió a la Audiencia Nacional para entregar al instructor de la trama Púnica documentos comprometedores para el ex alcalde de Parla y ex dirigente del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez. La investigación, hasta ahora centrada en delitos fiscales, de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación, se extiende ahora a un nuevo frente, el de la financiación de partidos políticos.
Fuentes conocedoras del proceso judicial aseguran que el Partido Socialista "no es el único" que puede verse afectado por la confesión de Marjaliza, centrada especialmente en su antiguo amigo y socio Francisco Granados, ex dirigente del PP y ex consejero del Gobierno de Madrid Francisco Granados.
El empresario central de la trama Púnica, que el pasado junio salió de prisión en varias ocasiones para declarar en la Audiencia Nacional tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, incorporó al sumario el nombre del socialista Tomás Gómez y aseguró que disponía de documentos que, entre otros extremos, pondrían de manifiesto que él pagó parte de los gastos de la campaña del ex alcalde de Parla en las elecciones municipales de mayo de 2003.
Fueron unos comicios especialmente felices para Tomás Gómez, que había alcanzado la Alcaldía de Parla (Madrid) en 1999 por mayoría simple pero que cuatro años después logró el 75,35% de los votos, con 20 de 25 concejales. Con ello se convirtió en el alcalde más votado de España en municipios de más de 50.000 habitantes.
Púnica pagó la campaña que llevó a Tomás Gómez a ser el alcalde más votado
Los papeles prometidos por David Marjaliza han llegado al juez a través de la mano derecha del constructor, Ana María Ramírez. Se trata de 11 facturas giradas a una de las sociedades del empresario, Gesintra 2001 S.L., por parte de quienes, según Marjaliza, fueron proveedores de servicios electorales a Gómez o al PSOE local.
Factura pagada por Gesintra 2001 SL por la impresión de tarjetas, tarjetones...
En las facturas aparecen conceptos tales como "35.000 folletos impresos", "9 vallas publicitarias de 8x3 metros", "3.000 banderas", "montaje de carpas y catering para la presentación del proyecto Parla este", "servicio de catering" o "alquiler de material, menaje, cristalería, vajilla, moqueta, equipo audiovisuales, discoteca móvil". Eran servicios ajenos por completo al objeto social de la empresa que los abonó, que se dedicaba a la promoción, gestión, explotación y construcción de viviendas, locales comerciales, aparcamientos o naves.
Ventaja electoral con fondos opacos
De acuerdo con los documentos aportados al sumario, conocidos por EL ESPAÑOL, las facturas sumaron 244.080,91 euros. El dinero se habría utilizado para mejorar la campaña electoral del candidato socialista al margen de los fondos legalmente contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Factura pagada por Getrinsa 2001 SL por más de 11.000 euros en montaje de carpas y catering.
La sospecha de que las actividades políticas de Gómez y de su partido habrían sido financiadas por empresarios que resultaron adjudicatarios de parcelas de suelo recalificado para construir viviendas sociales en Parla no es nueva. En 2009 otra empresa vinculada a Marjaliza, TPC Gestiones Consulting Inmobiliario S.L. fue públicamente relacionada por el PP de Madrid con la financiación de eventos como la convención municipal socialista celebrada en Parla en mayo de 2002.
Gómez contestó entonces con una resolución que había dictado la Audiencia de Madrid el 7 de junio de 2007 por la que confirmó el archivo de unas diligencias abiertas en los Juzgados de Parla a raíz de una denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida. La Audiencia señaló en aquel momento que no existían indicios de que los querellados, encabezados por Tomás Gómez, "recibieran contraprestación alguna de distintas empresas a cambio de otorgar parcelas para la construcción de viviendas".
Ocho años después la situación ha cambiado puesto que uno de los empresarios implicados ha asegurado ante el juez que pagó a Gómez y ha aportado documentos que supuestamente lo probarían, con independencia de cuál sea finalmente la trascendencia procesal de ese material y la incidencia del instituto de la prescripción.
Aparte de la afirmación de que pagó gastos electorales del ex alcalde de Parla, David Marjaliza ha declarado que Gómez y otro ex cargo público socialista, José Antonio Alonso Conesa, se repartieron las comisiones ilegales que pagaron constructores adjudicatarios de cientos de viviendas protegidas en Parla. El soborno se cuantificaba "entre 3.000 y 5.000 euros por vivienda".
Factura pagada por Gesintra 2001 SL por catering y material, incluida una discoteca móvil.
Factura con la que Gesintra 2001 SL abonó casi 65.000 euros por un vídeo promocional.
Nueva factura de Gesintra 2001 SL de mayo de 2003 abonando vallas, folletos y banderas.
Factura de Gesintra 2001 SL abonando más de 5.750 euros a un estudio fotográfico.