Tras cuatro meses desde su creación, la comisión de investigación sobre los fondos de formación en Andalucía apenas ha avanzado más allá de apilar en una habitación del Parlamento más de cien toneladas de papel y normas internas de funcionamiento.
Ciudadanos apoyó en octubre al PSOE para evitar el paseíllo de comparecientes antes y durante la campaña electoral. Pero pasado el 20D, la formación naranja mueve ficha: en la reunión del próximo martes propondrá que se dé paso a las comparecencias. Una fase en la que podría estar llamada a declarar la presidenta andaluza, Susana Díaz.
En el partido de Rivera creen que ha llegado el momento de que se puedan compatibilizar el estudio de la documentación con los interrogatorios. Será el presidente de la comisión, el diputado de este partido, Julio Díaz, quien en esta próxima reunión “pulse” la opinión de los demás partidos. A partir de entonces, se podrá entrar a debatir cuál puede ser el calendario de la primera ronda de preguntas (se contemplan dos en el plan de trabajo) y el sistema para la elección de los comparecientes que proponga cada formación.
Maniobras de la Junta
De entrada, Ciudadanos sabe que contará con el voto favorable de las otras fuerzas de la oposición. PP, Podemos e IU creen que la comisión va camino de convertirse en la "historia interminable", como dijo el diputado de IU, José Antonio Castro, y demandan ya avances con urgencia. Llevan más de un mes viendo informes y es hora de empezar con las preguntas. Los tres coinciden, además, en que está habiendo maniobras dilatorias por parte del PSOE y de la Junta, que aún no ha terminado de entregar la documentación requerida, siendo PP y Podemos los que más protestan porque no les llegan los expedientes que más les interesan. Ciudadanos también se une ahora a esta queja: no está habiendo la “rapidez deseable” por parte de la Junta.
Tienen un precedente cercano en el tiempo al que agarrarse. En el caso de los ERE, la comisión de investigación se constituyó en junio de 2012 y dos meses después, en pleno agosto, empezó el desfile de altos cargos de la Junta, imputados, interventores, consejeros, cargos y ex ministros del PP, y los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán (entonces era presidente) y Manuel Chaves.
El PSOE, por tanto, se queda solo. Su portavoz en la comisión, Rodrigo Sánchez, ha visto “precipitado” abordar las comparecencias y que estas se puedan simultanear con el análisis de informes. “Queda mucho trabajo que hacer con los miles y miles de folios”, ha dicho Sánchez, que considera que deben ser estudiados con “todo el rigor y la seriedad”. Sin embargo, los socialistas van a tener que hacerse a la idea porque el plan de trabajo para esta comisión tiene fijado el mes de julio como límite para tener una conclusión. No obstante, ese plazo podría ser ampliado y no se descarta que esas conclusiones lleguen en septiembre.
Díaz, posible 'candidata' a declarar
En el PSOE nunca han tenido especial interés en que lleguen los interrogatorios porque entre quienes pueden ser llamados a declarar está la presidenta andaluza. Podemos y PP tienen claro que lo solicitarán, e IU baraja esa posibilidad, aunque sería contradictorio que no lo hiciera porque nada más romper el pacto de gobierno con el PSOE en enero de 2015, un mes después solicitó sus explicaciones en la Diputación Permanente. Sólo queda por ver qué hace Ciudadanos. Si mantienen la misma postura que defendió Albert Rivera el pasado mes de octubre, Díaz tendrá que pasar por ese trance.
La presidenta andaluza ya ha dicho en más de una ocasión que comparecerá cuando así le sea solicitado por la Cámara. En el PSOE, sin embargo, se aferran a que carece de sentido pedirlo, en primer lugar, por la “implacabilidad” contra la corrupción que consideran que Susana Díaz ha llevado por bandera, y en segundo lugar, y más importante, porque el periodo que se investiga es de 2002 a 2011, Díaz no estaba aún en el Gobierno andaluz.
Esta última reunión ha servido no sólo para abrir la puerta a las comparecencias, sino también para establecer lo que el PP ha denominado el “reglamento de copistería”. Uno de los problemas que están teniendo los diputados es el acceso a la documentación, ya que los expedientes, que se cuentan por miles, sólo pueden ser consultados en una habitación cerrada, bajo vigilancia y no se permite fotocopiar, escanear ni hacer fotos con el móvil. La investigación ha sido hasta ahora a papel y a bolígrafo. Esta situación se ha logrado solventar y se ha establecido un complejo protocolo para que estos documentos puedan ser fotocopiados (se quieren controlar para evitar filtraciones) y también se permite que los asesores de cada partido puedan acceder a estos sin necesidad de ir acompañados por un diputado.