El armisticio navideño entre Pedro Sánchez y los barones territoriales del PSOE liderados por Susana Díaz saltó este viernes por los aires. La tregua ha durado dos semanas y debilita el liderazgo interno de Sánchez en un momento decisivo en sus aspiraciones a la presidencia del Gobierno. El préstamo de cuatro senadores socialistas a ERC y Democracia i Llibertat, la marca de Convergència, para que formen su propio grupo en la Cámara alta detonó las críticas del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el de Aragón, Javier Lambán.
Horas después, y a pesar del incendio, trascendió que Sánchez habló por teléfono con el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los dos se comprometieron a "restablecer los canales de comunicación y diálogo entre las instituciones". El líder socialista aprovechó para vender su reforma federal a Puigdemont como solución al proceso separatista catalán.
Fuentes socialistas indicaron que el enfado a cuenta de los senadores es mayúsculo en amplios sectores del partido, incluidos círculos próximos al secretario general. Y se considera que esta cesión, que según el reglamento del Senado es reversible en cualquier momento, deja en papel mojado el acuerdo que alcanzó el comité federal del PSOE después del 20D sobre los pactos postelectorales. Ese documento establecía una serie de condiciones innegociables en el empeño de Sánchez de llegar a la Moncloa.
"La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento sólo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí divida. Son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas", dice la resolución política.
"Inexplicable e indeseable"
Estas fuentes consideran que para llegar al acuerdo de préstamo, al menos, se habrán sentado en una mesa a negociar. Fernández Vara consideró "inexplicable" la decisión del ayudar a formaciones que "están trabajando para irse de España". Lambán dijo que ve "indeseable" la colaboración con los independentistas.
Este acuerdo se produce en un momento de acercamiento de Sánchez a Cataluña. Además del gesto de llamar a Puigdemont, que en su discurso de toma de posesión acusó al Estado de "humillar" a Cataluña, el líder socialista criticó al rey Felipe VI por no recibir a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Sin embargo, el portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, negó una negociación en ciernes que sume a las formaciones nacionalistas a un hipotético pacto de gobierno. "No hay ninguna negociación, no se ha producido ni se va a producir", dijo López en una rueda de prensa convocada a toda velocidad ante el aluvión de críticas. López defendió además que no dar voz a estos grupos hubiera supuesto alimentar de gasolina el discurso "victimista" del independentismo.
El senador autonómico por Baleares, Francesc Antich, uno de los socialistas que se ha incorporado a ERC, aseguró a la agencia Efe que es un gesto de "cortesía parlamentaria" que sirve para "facilitar la democracia y el debate" en un momento político que requiere de diálogo.
Pero la realidad es que la decisión devuelve las tensiones internas. Los barones se cargan de argumentos contra Sánchez de cara al comité federal del 30 de enero, que decidirá la fecha del congreso que elegirá al nuevo secretario general. Sánchez ya anunció su candidatura a la reelección.
Duras críticas del Gobierno
Desde el PP, se interpreta que Sánchez está tratando de cortejar al nacionalismo para ganarse su abstención en la investidura. El Gobierno, por su parte, respondió con contundencia. Después del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de "paso muy preocupante" la cesión de senadores socialistas a los independentistas. Sáenz de Santamaría aseguró que Sánchez debe dar explicaciones a las ciudadanos.
El PP de Andalucía aprovechó para echar un poco más de leña al fuego y criticó el silencio cómplice de Díaz ante la cesión. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, alertó del riesgo que suponen partidos "que penetran en las instituciones para deslegitimarlas desde dentro".