Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Fuente se sienten engañados. Libertarios convencidos, con un humor negro muchas veces cuestionado, estos dos titiriteros fueron contratados por el Ayuntamiento de Madrid para representar en carnaval la última obra de su compañía: La bruja y don Cristóbal. La dirección artística del Consistorio les encargó dos representaciones a cambio de 1.000 euros. Fueron con un guión establecido, que ya había sido estrenado en Granada y que comprendía la pancarta 'Gora Alka-ETA' -por la cual se les ha encarcelado- un apuñalamiento y una violación. “Pero ellos no sabían que el público que iba a presenciar la obra fueran niños”, dice su amiga Angie.
En este momento, los titiriteros se encuentran en la cárcel por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, considera que la exposición de esa pancarta supone justificar los crímenes de ETA y Al Quaeda. “¡Es absurdo! Esa pancarta tiene un contexto y un papel dentro de la historia. No son proetarras ni defienden el terrorismo. A ellos se les contrató para representar esa obra y llevaron al escenario lo que ya habían enseñado en Granada”, cuenta.
Además, la Fiscalía de Madrid también ha abierto diligencias por considerar la actuación "indiciariamente atentatoria contra el interés del menor ya que somete a niños de corta edad a la absolutamente innecesaria contemplación de escenas que pueden afectar gravemente a su desarrollo intelectual y psicosocial"
Madrid Destino -órgano del Ayuntamiento- detuvo la representación cuando apareció la pancarta 'Gora Alka-ETA'. Los padres se quejaron. La policía detuvo a Alfonso y a Raúl. Su amiga Angie, a la que todavía le cuesta creer lo sucedido, lamenta: “Ellos nunca han contemplado esa obra como teatro infantil. De hecho, en su web, sus productos están divididos en dos apartados: 'teatro popular' y 'espectáculos infantiles'. La obra del carnaval no estaba en el sector infantil”.
Las contradicciones del Ayuntamiento
El Consistorio reconoció haber contratado la obra sin haberla visto antes, guiándose por la sinopsis ofrecida, en la que no se podía prever -dicen- la pancarta, el apuñalamiento o la violación. De hecho, en el programa de los carnavales La bruja y don Cristóbal aparece como obra “para todos los públicos” y está enmarcada en el epígrafe “para niños y mayores”.
El engaño que dicen haber sufrido los dos artistas contrasta fuertemente con la versión del Ayuntamiento que, en boca de su concejal de Cultura, dijo haber denunciado a la compañía por incumplimiento de contrato y haber expuesto un mensaje inapropiado para un público infantil. Los amigos de Alfonso y Raúl reiteran que ellos no sabían que el público que iban a encontrarse eran niños de entre uno y ocho años.
Al conocer la posible encarcelación de los detenidos, Ahora Madrid redactó un comunicado en el que aseguró que su denuncia se refiere a lo inadecuado de la obra para los niños, pero el partido de Carmena ha clamado por “la libertad de expresión” y se ha mostrado en contra de una posible condena por “enaltecimiento del terrorismo”.
Así se representó la obra en Granada
Domingo 31 de enero. Juanfran acude con su chica y unos amigos al centro de ocupación social La redonda -Granada- para ver La bruja y don Cristóbal, que se representa por segunda vez. La redonda es un edificio anejo a la estación de tren que se ocupó hace más de veinticinco años y que, desde entonces, se utiliza como sede para organizar talleres y actividades. La habitación teatralizada es un recinto grande, cubierto, con un patio de butacas y una pequeña grada al fondo. Han acudido treinta personas, aforo completo.
En el escenario improvisado, el propietario de un piso -una de las versiones de don Cristóbal- trata de desahuciar a la bruja que lo habita. Estalla una pelea. La bruja es violada y queda embarazada, pero el dueño del inmueble muere. A partir de ese momento, un policía, una monja -que también será asesinada- y un juez persiguen a la bruja. El policía acude a su casa. Reduce a la hechicera y ésta queda inconsciente. Con el objetivo de poder justificar la agresión, el hombre coloca ciertos objetos alrededor de ella, entre los cuales destaca una pancarta que reza 'Gora Alka-ETA'. Así, el policía podrá aducir enaltecimiento del terrorismo y explicar su aparatosa detención.
Cuando la obra termina, recuerda Juanfran, varios de los asistentes se acercan al escenario para ver los títeres y charlar con los artistas. Explicaron la caza de brujas como germen de la obra y recibieron una ovación al terminar. Aquel día hubo algunos niños entre el público. A Juanfran, horas antes de que empezara la obra, le preguntaron sus amigos si convenía que fueran con sus hijos, lo que éste desaconsejó consciente de que iban a presenciar algunas escenas no aptas para todos los públicos.
Tras conocer la historia, Juanfran se muestra sorprendido: “Eso no es enaltecimiento del terrorismo. Alfonso, que es mi amigo, es libertario, pero nunca adopta comportamientos violentos para defender sus ideas”.
“La detención que han sufrido es el reflejo perfecto de la crítica que hacen”
Angie, amiga de los dos detenidos, ve en la pancarta que ha llevado a Alfonso y a Raúl a prisión el reflejo perfecto de la denuncia social que La bruja y don Cristóbal pretende transmitir: “El policía coloca esa pancarta en manos de la bruja para poder justificar su detención. Lo mismo les pasó a ellos. Fueron arrestados con el justificante de la propia pancarta”.
Amigos de Raúl y Alfonso tratan ahora de recopilar el vídeo de alguna de las dos representaciones de esta obra en Granada “para poder mostrar ante el juez que esa pancarta aparece en un determinado contexto”. Se sienten engañados. “La obra no es para niños, pero nadie les avisó de cuál iba a ser el público”.
La delegada de Cultura, en la cuerda floja
La oposición en bloque -desde el PP hasta el PSOE pasando por Ciudadanos- pidió a Carmena que depurase responsabilidades por lo sucedido. Pero Celia Mayer, tras calificar ante los medios de “muy grave” la representación titiritera, no anunció su dimisión. Aseguró haber despedido a la dirección artística contratada para organizar el carnaval, pero eludió las preguntas sobre su cese en el cargo.
Es la segunda vez en apenas una semana que la delegada de Cultura atiende a los medios con su dimisión en el candelero y tras haber cometido “un error”. Las múltiples incorrecciones en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, entre ellas la retirada y posterior reposición de una placa a los carmelitas fusilados en agosto de 1936, suscitaron las reiteradas quejas de los partidos de la oposición y de varios colectivos ciudadanos.