La UCO cita a la diputada de EU cuya denuncia provocó la operación Taula en Valencia

La operación Taula que sacudió al PP valenciano con las detenciones de dirigentes como el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y que ha dejado al partido en la ciudad en manos de una gestora (se aprobará este viernes) ha dado un giro a la izquierda al salpicar a cargos del PSPV, Compromís y EU.

La Guardia Civil ha citado a declarar a Rosa Pérez, la diputada de Esquerra Unida (la formación de IU en la Comunidad Valenciana) cuya denuncia fue el origen del caso Imelsa y la operación Taula. Fue ella misma quien lo comunicó a través de su perfil de Twitter: “Precio de enfrentarse a los poderosos: 5 denuncias y ahora citada a declarar como investigada en el caso #taula, para que cunda el ejemplo”.

El comentario desató en la noche del miércoles un terremoto de reacciones y apoyos a la diputada provincial, después se conocerían el resto de citaciones. La UCO de la Guardia Civil ha citado por teléfono a quienes integraron el consejo de administración de Imelsa -la empresa pública de la Diputación que se sitúa en el centro de una trama de supuestas mordidas a empresas-, para que declaren como investigados. Entre ellos están cargos socialistas como el jefe de gabinete de la Diputación y vicesecretario de Relaciones Institucionales, José Manuel Orengo, y el exdiputado provincial Raúl Pardos.

De Compromís, han sido citados el vicepresidente tercero, Emili Altur, y el dirigente de Iniciativa, uno de los partidos que integran Compromís, Emili Mira. Según han explicado, recibieron una llamada de un número oculto informándoles de la citación, sin aportar más datos. La Guardia Civil estaría investigando la relación de estos cargos con presuntas contrataciones irregular de personal a cargo de Imelsa.

En un principio, había trascendido también el nombre del vicepresidente segundo de la Diputación, el socialista Toni Gaspar, pero él mismo lo ha desmentido también a través de su perfil de twitter: “A día de hoy, nadie me ha citado a nada. Y, por tanto, a día de hoy tampoco he puesto mi cargo a disposición de nadie. Y no será por ganas”.

CITACIONES POR TELÉFONO

Las citaciones se han realizado por teléfono y tendrán lugar la próxima semana entre el martes y el miércoles en compañía de los abogados. La iniciativa se ha hecho al margen del juzgado que instruye el caso y de la Fiscalía Anticorrupción que investiga la causa y será después de los interrogatorios en el cuartel cuando el juez decida si citarlos como imputados en la causa o no. El Tribunal Superior de Justicia ha informado de que el juzgado no ha realizado ninguna citación nueva.

El paseíllo por el cuartel que tendrán que hacer a partir del martes los citados de estos tres partidos da un giro político a una causa que se había centrado en el PP valenciano. De momento, PSPV y Compromís (los dos partidos que gobiernan en coalición en la Comunidad Valenciana) han anunciado la renuncia “cautelar” de los investigados de sus puestos orgánicos e institucionales. Pero ni Altur (Compromís) ni Pérez (EU) dejarán el acta de diputado tras esta citación.

EU APUNTA A UNA “MANIOBRA DE DESPISTE”

Pérez fue la diputada que denunció las irregularidades dentro de la empresa Imelsa que posteriormente, tras la incorporación de las diez horas de grabaciones realizadas durante años por Marcos Benavent (alias ‘el yonqui del dinero’), desembocó el pasado mes de enero en la macrorredada contra la corrupción del PP valenciano con decenas de detenciones e imputaciones. Este miércoles se ha mostrado muy dolida e indignada por su citación. “Es una maniobra de despiste para poner en la palestra nombres que no tocan”, ha dicho. La diputada de EU declarará ante la UCO el próximo martes.

El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez ha salido al paso con críticas ante la comparación de estas citaciones con los imputados en Taula. “Lo que era una causa general contra el PP la han querido convertir en una causa contra los políticos”, ha dicho en rueda de prensa.

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha anunciado que podría darse una destitución definitiva de los implicados incluso antes de que hubiera una imputación judicial al separar las responsabilidades políticas de las judiciales.

Para el PP, el giro que ha dado el caso con las citaciones a los partidos de izquierda les supone un respiro después de que la propia presidenta, Isabel Bonig, haya mostrado signos de estar saturada por tener que salir al paso de los continuos casos y acusaciones de corrupción. “Podría subir aquí a esta tribuna y decir que todos ustedes son corruptos y aplaudir, y no lo voy a hacer, porque la corrupción es un cáncer que nos está matando a todos (..) Quién esté libre de pecado, tire la primera piedra y hoy, por lo menos, una pequeña piedra la tiren sobre ustedes y no sobre el grupo popular”, ha dicho en la sesión plenaria de este jueves en las Cortes Valencianas.

En esta sesión se ha aprobado crear una comisión de investigación sobre la operación Taula, al igual que en el Ayuntamiento de Valencia, aunque en este segundo caso la comisión comenzará cuando se levante el secreto de sumario.