Un informe jurídico de la ANC sobre posibles acciones penales sobre funcionarios durante el proceso independentista concluye que los trabajadores públicos no cometerán ningún delito al ejercer órdenes del Govern y del Parlament.

"La actuación de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas en el proceso de constitución de la República de Cataluña que se ejecuten de acuerdo con las normas dictadas por el Parlament y el Govern en ningún caso supondrá la comisión de un delito," es lo que defiende el texto.

Según miembros de la ANC, el informe se basa en jurisprudencia y no en una interpretación partidista: "Hemos cogido interpretación directa que ha hecho el Tribunal Supremo. No hemos hecho una interpretación nueva", en declaraciones recogidas por Europa Press.

El documento dice que no podría acusarse a los trabajadores públicos de ningún delito de prevaricación, resolución arbitraria, abandono de destino, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, rebeldía, sedición, traición y delitos contra la paz o la independencia del Estado, ni tampoco de incumplimiento en la ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Órdenes claras y precisas

La ANC entiende que, si las instrucciones del Parlament y del Govern son "precisas y concretas de la norma a aplicar", no puede incurrirse en un acto de prevaricación, argumento similar por el que se evitaría, dicen, la desobediencia y la denegación de auxilio.

"Que la orden sea claramente notificada al obligado a cumplirla -es decir, que no se tratara de una posible orden genérica- son algunos de los elementos que no hacen prever que los trabajadores públicos se puedan encontrar con órdenes contradictorias", reza el informe.

La claridad con la que dicten el Govern y el Parlament es el elemento en el que inisisten desde la ANC para evitar que la responsabilidad de las decisiones políticas recaigan en el funcionario: "Si no actúa con claridad, no nos puede pedir que actuemos los trabajadores con la claridad con la que no ha actuado".

"El sentido final no lo tiene que decidir el funcionario" insisten desde la organización.

Apuestan por la comunicación individual

El informe descarta posibles delitos de sedición y rebelión por conllevar violencia y considera que para incumplir ejecuciones del tribunales como el TC deberían hacerse notificaciones individualizadas "a la persona en concreto y no por una notificación genérica".

"Nos cuesta imaginar que los jueces harán notificaciones individuales a los 340.000 trabajadores públicos", aseguraba esta semana pasada Joan Antoni Font, mimebro de la ANC y que es secretario mayor del Ayuntamiento de Tarragona y, por tanto, funcionario.

El documento de la Asamblea Nacional Catalana advierte de que el Estado puede "incoar diligencias previas penales como medio de presión y para intentar generar dudas" entre el funcionariado y la sociedad.

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