Declararon voluntariamente en abril de 2015 ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE. Dos meses después, el TS les imputó por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ahora, perdido el aforamiento en el Congreso y en el Senado, los dos expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán tendrán que declarar de nuevo. En una providencia del pasado 4 de marzo, se les cita en calidad de investigados para el próximo día 16 ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Chaves y Griñán, citados a declarar.
Están llamados a declarar dentro de la pieza separada del caso y sobre el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas. Lo harán ante el juez Álvaro Martín, después de que la jueza instructora del caso, María Núñez Bolaños, decidiera trocear esta macrocausa en seis piezas y, precisamente, dejara en manos de su juez de apoyo esta pieza política, en la que están señalados otros 51 cargos de la Junta de Andalucía.
Núñez Bolaños apuntó en su momento “la posible existencia de un delito continuado de prevaricación” e incluyó en esta pieza tanto los aforados del Supremo como los de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y quienes no teniendo escaño en ninguna Cámara fueron señalados por la anterior jueza instructora, Mercedes Alaya (fue apartada del caso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado mes de octubre por su “clara voluntad de no colaboración y entendimiento” con la titular actual del juzgado), de ahí la abultada lista.
Esta es la pieza más importante del caso de los ERE, no sólo porque es la primera que se pretende enjuiciar, algo que se prevé para finales de este año, sino porque afectará al resto de la causa, en la que hay 275 imputados y se empezó a instruir hace ya más de cinco años.
Chaves y Griñán será la tercera vez que declaren. Porque no sólo lo hicieron ante el Supremo, también pasaron en agosto de 2012 por la comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Una comisión que se cerró en falso. Acabó sin dictamen porque el PP lo bloqueó al querer elevar el nivel de responsabilidad política hasta ellos, mientras IU lo quería dejar en un peldaño inferior, en el de quienes habían estado al frente de la Consejería de Empleo, y el PSOE no admitía ninguna de las dos opciones y quería dejarlo reducido al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
En las dos ocasiones en las que los expresidentes han sido sometidos a interrogatorio han mantenido la misma versión: las decisiones siempre se tomaron desde la más estricta legalidad. Sin embargo, Griñán, que tuvo que dejar la presidencia de la Junta por verse acorralado por este caso, sí llegó a admitir ante el TS que si bien no hubo “un gran plan” para defraudar, el resultado sí fue “un gran fraude”, por lo que “alguno de los controles pudo fallar”.
Díaz defiende su honestidad
Chaves y Griñán están apartados de la actividad política por el cordón sanitario impuesto por el PSOE para no contaminar a Susana Díaz, que impuso la máxima al llegar a la presidencia de la Junta de ser “implacable” contra la corrupción. Un escudo protector que llega hasta el extremo de que el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, en los actos conmemorativos del partido no aparecieran. Sí lo hicieron sus dos antecesores en el cargo, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. La fotografía era extraña, los máximos representantes andaluces de los últimos veinte años habían desaparecido de un plumazo.
A pesar de esta distancia de seguridad, Díaz sigue confiando “en la honestidad” de sus antecesores y ha declarado, tras conocer su citación, su deseo de “que cuanto antes se aclare lo que ha pasado ahí, y evidentemente los que sean inocentes son inocentes, y los que no, que se determine por la Justicia”. Otras voces del PSOE andaluz también se han sumado a esta defensa de su honestidad.
Desde Ferraz no se ha llegado a tanto. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado que tanto Chaves como Griñán ya asumieron su responsabilidad política tras ser imputados en este caso y ha confiado en que su situación se aclare cuanto antes.
Quien también está llamado a declarar ante los juzgados en esta misma jornada que Chaves y Griñán es el ex consejero Antonio Viera. Este sí opuso resistencia a dejar su aforamiento, generando no pocas tensiones en el seno del PSOE andaluz. Acabó en el Grupo Mixto.
En esta misma providencia también se apunta a otra fecha clave en el caso de los ERE. El 30 de marzo tendrán también que pasar por los juzgados en calidad de investigados los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.