El PP valenciano se prepara para una nueva crisis en el seno de su grupo municipal. Nueve de los diez concejales –todos salvo un edil que concurrió como independiente en las listas- tienen la condición de investigados (antes imputados) en la pieza separada de la operación Taula referente a un presunto blanqueo de dinero en vísperas de las últimas elecciones municipales. Todos ellos deberían dimitir y abandonar sus actas de forma que sus puestos fueran sustituidos por los siguientes de la lista, de forma que el PP pudiera mantener el grupo. Pero, tal y como admiten fuentes del partido, la mayoría no tiene intención de hacerlo.
La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, aseguró semanas atrás que tenía el “compromiso” de que así lo harían en el caso de que permanecieran imputados una vez levantado el secreto de sumario. Fue algo así como una prórroga de la medida –la dimisión- que ya había sido anunciada previamente en base a la llamada línea roja y que se tomó después de una primera rebelión del grupo popular. Entonces los concejales ya se negaron a abandonar el consistorio y se llegó al acuerdo de esperar al levantamiento del sumario.
Fuentes del partido afirman que es más que previsible que los implicados incumplan la directriz y no devuelvan el acta. “Les parece injusto”, apuntan en referencia a la comparación con otros casos. Los ediles están siendo investigados por una operación de presunto blanqueo mediante el método conocido como ‘pitufeo’.
El magistrado de Instrucción 18, Víctor Gómez, y la Fiscalía Anticorrupción investigan el blanqueo de casi 50.000 euros en una pieza con 48 imputados entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento. El procedimiento era el siguiente: ingresaban mil euros en una cuenta y el dinero les era devuelto en billetes de 500 euros de una supuesta caja b. De esta forma, se estima en 50.000 euros el dinero que se habría blanqueado. Es un sistema casi idéntico al que usó el PP de Madrid. EL ESPAÑOL destapó 12 operaciones de blanqueo realizadas la misma mañana de los atentados del 11-M.
Bonig pide prudencia
La presidenta del PP Valenciano, Isabel Bonig, ha pedido “prudencia” ante el levantamiento de sumario. El partido quiere conocer a fondo el contenido y alcance de las acusaciones antes de exigir las actas. De hecho, Bonig ha confirmado que esta será la medida que, además, fue “plenamente aceptada” por los ediles. “Si continúan en calidad de investigados y hay pruebas, se les solicitará la entrega del acta”, ha corroborado.
La probable rebelión en el grupo municipal, de no ser sofocada, llevará al PP a quedarse casi sin representación en el Ayuntamiento que dirige Joan Ribó, de Compromís. Nueve de los diez ediles pasarían al grupo de no adscritos dejando al PP solo con un concejal con el que hacer oposición.
Próximos al dinero "de supuesto origen ilícito"
El magistrado ha dictado una providencia en el marco de la investigación de esta pieza separada del grueso de la operación Taula. En ella apunta a quienes considera como más cercanos a la trama de presunto blanqueo y les ha vuelto a citar tras dictar el fin del secreto. Se trata del quien fuera sucesor de Rita Barberá en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, la exconcejala María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal popular María Carmen García-Fuster y de la secretaria de ésta, María José Pi. Sobre ellos, el juez dice que su indiciaria implicación en los hechos delictivos “resulta, aparentemente, de mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”.
Su nueva citación responde a las diligencias que el juzgado ha dictado como medidas a tomar antes de decidir si llevar a Barberá ante el Supremo, tal y como ha pedido la Fiscalía. El Ministerio Público considera que “existen indicios suficientes de la participación” de la exalcaldesa y actual senadora en el supuesto blanqueo de capitales, por lo que ha pedido elevar al Alto Tribunal la exposición razonada que implica el paso previo a la imputación.
El magistrado, por su parte, sostiene en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano que no tiene un “criterio tan decidido” porque no se ha agotado la investigación. Para agotarla, además de volver a citar a los cuatro imputados citados anteriormente, da la posibilidad a Barberá a que declare voluntariamente en instrucción o a que envíe un escrito trasladando su posición sobre los hechos. Tiene veinte días para hacerlo.
Incógnita sobre Barberá
El Senado celebra este martes su primer pleno. La senadora Barberá ha estado ausente desde que estalló la operación Taula. El pasado martes estuvo por la Cámara alta organizando su despacho y desde el partido se esperaba que reapareciera en el pleno, pero la decisión del juez de ofrecerle la posibilidad de declarar antes de decidir llevarla ante el Supremo podría provocar una nueva ausencia. El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha dejado en manos de la exalcaldesa la decisión de aceptar ir a declarar de forma voluntaria ante el magistrado.