En abril de 2012, cuando el PP llevaba apenas unos meses en el Gobierno, Mariano Rajoy protagonizó una de las huidas más comentadas. Fue en el Senado y el hoy presidente del Gobierno en funciones dio esquinazo a la prensa escapando a sus preguntas por el garaje. Se trataba de un momento delicado por la presión de los mercados financieros. Desde entonces, por otros temas, como la corrupción, el también presidente del PP evitaría las ruedas de prensas en las que sabía que tendría que afrontar preguntas difíciles.
Lo que este jueves esquivó el Gobierno es al poder legislativo y, en opinión de varios grupos en el Congreso de los Diputados, a la propia Constitución, ya que la Cámara baja tiene entre sus funciones el control parlamentario y de fiscalización del Ejecutivo. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, estaba convocado en la Comisión de Defensa de la cámara baja para dar cuenta de las operaciones de la OTAN en el mar Egeo. Pero su silla permaneció vacía. Aunque era el ministro el que tenía que ocuparla, no se sentó en ella tampoco un subalterno, para desconcierto de los grupos parlamentarios, que no ahorraron en calificativos.
La suya era una ausencia anunciada. En los últimos días, el Congreso y el Gobierno han mantenido un intercambio epistolar y un abierto enfrentamiento en los medios. El Gobierno remitió a la Cámara baja un informe jurídico en el que recuerda que no hay precedentes del control parlamentario a un Gobierno en funciones y que tampoco se dio en autonomías con períodos largos de negociación, como Cataluña o Andalucía, que prácticamente agotaron el plazo legal para conformar un nuevo Ejecutivo.
El martes, el presidente del Congreso, Patxi López, recordó que la Ley del Gobierno de 1997 establece en su artículo 26 que "todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales". En el mismo artículo la norma establece que "la actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional", que es lo que el Congreso podría decidir en una sesión plenaria a la vuelta de Semana Santa. Sin embargo, esa iniciativa tendría un recorrido muy limitado. "No somos ingenuos", aseguraba este martes Íñigo Errejón, portavoz de Podemos, para quien resulta obvio que el Constitucional resolverá el asunto mucho más tarde de que haya un nuevo Gobierno o se repitan las elecciones.
Un gobierno sin control
Si se repiten las elecciones el 26 de junio, el Gobierno podría acumular hasta 10 meses sin que el Congreso pueda controlarlo conforme al procedimiento habitual, como recordó Alberto Garzón, diputado de IU-UP. “Que al partido más corrupto de la UE no se le controle desde las instituciones nos parece gravísimo”, dijo en una rueda de prensa.
En la Cámara baja ha cambiado la correlación de fuerzas y una mayoría amplia reclama ejercer una de sus funciones: el control de las actividades del Ejecutivo. Pero los ministros y el propio Rajoy se niegan a comparecer, no solo ante la Comisión de Defensa, como Morenés, sino también ante el pleno de la cámara en las habituales sesiones de control.
La Comisión de Defensa, sin el ministro Morenés.
Según dijo López el martes, la negativa del Gobierno a comparecer crea un "conflicto institucional grave". Sin embargo, fuentes cercanas a la vicepresidenta del Gobierno recuerdan que el Ejecutivo sí ha comparecido para asuntos que van más allá de las limitadas funciones que la ley le atribuye, como por ejemplo la toma de posición en la Unión Europea.
Este miércoles, el secretario de Estado para la UE compareció en el Congreso y se llevó el primer consenso de la legislatura. "A ver cuántas veces hemos ido a Bruselas con la aquiescencia del Congreso, con una lista de puntos que nos limitaban", insisten desde el gabinete de la número dos del Ejecutivo en funciones. "Lo que no vamos a hacer es prestarnos a la campaña electoral que los demás grupos quieren hacer en esta cámara", insisten. Para prueba, el pleno del martes. Aunque se aprobaron diversas mociones, éstas no comprometen al Gobierno en funciones, que no tiene capacidad para impulsar medidas de calado, sino al que se forme y nazca de una investidura.
¿Y ahora qué?
El presidente del Congreso se reunirá este viernes con el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Ahí tratarán de solucionar de una manera pacífica el conflicto. Patxi López ha rebajado el tono en los últimos días y ya no habla abiertamente de un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque esa posibilidad puede ser utilizada por los grupos a la vuelta de Semana Santa. "Mi obligación es insistir, soy incansable al diálogo", dijo López este jueves, decidido a evitar "una guerra institucional".
La legislación permite resolver la disputa ante el alto tribunal, pero tendría que ser un pleno del Congreso el que así lo requiera. La iniciativa pertenecerá pues a los grupos políticos más que al presidente del Congreso.
Desde Bruselas, Pedro Sánchez aseguró que "si algo demuestra esa ausencia es precisamente que tenemos que poner fin a la interinidad de la política y de la gobernabilidad en nuestro país".
"En consecuencia, insto públicamente a Iglesias a que desbloquee esta situación, que permita que haya un Gobierno de cambio progresista y reformista en nuestro país y que tengamos un Gobierno que gobierne pensando en los españoles y también rindiendo cuentas en el Congreso de los diputados", pidió.