Los defensores de la regulación de los clubes de fumadores cannabis han dado un nuevo paso para acabar con la inseguridad jurídica que afecta a estos espacios en Cataluña. El Parlament ha aprobado las más de 50.000 firmas necesarias para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se deberá llevar al pleno en un máximo de cuatro meses. De los 6 grupos parlamentarios que hay en la cámara, sólo el PP se mostró en contra de regular estos clubes durante la anterior legislatura.
A falta de que los grupos presenten sus enmiendas, el texto presentado en la ILP contiene los criterios que la comisión de Salut del Parlament aprobó en enero de 2015. Esto implica una edad mínima de 18 años para acceder a las asociaciones, la prohibición de venta de cualquier otro producto consumible en su interior así como un período de carencia de 15 días al hacerse socio para evitar el turismo cannábico. Por otro lado, la propuesta de ley contempla que los clubes no puedan abrir más de 8 horas diarias y se establece como hora límite para cerrar las 22 h (las 24 h en caso de viernes y sábados).
Más allá de las recomendaciones de esa comisión, la proposición contempla una regulación integral que también aborda el transporte del cannabis desde el sitio en el que se cultiva hasta su lugar de distribución.
La tramitación de esta ILP anticipa otro choque entre la Generalitat y el Gobierno. El único precedente hasta la fecha en España es la regulación de estos clubes en el País Vasco, que todavía se encuentra en fase de tramitación. Tanto el Ministerio de Justicia como el de Interior alertaron a la cámara vasca de que la regulación del consumo de cannabis es una materia de competencia exclusiva del Estado.
Ambos ministerios también alertaron de que el proyecto de regulación en el País Vasco chocaba con el Código Penal al legalizar ‘de facto’ el cultivo y el tráfico de cannabis. “El principal conflicto es que la sustancia que se pretende consumir tiene prohibido su cultivo, transformación y elaboración [salvo autorización terapéutica] , constituyendo estas actividades un delito”, aseguró entonces el Ministerio de Interior.
300 clubes en el limbo
Se calcula que en Cataluña existen más de 300 clubes de consumidores de cannabis (la mayoría en Barcelona) que se encuentran en un limbo legal. A pesar de que algunos ya existen desde hace una década, estos espacios proliferaron con la ley antitabaco de 2011, que indicaba que sólo se podía fumar en espacios cerrados en el caso de que fueran clubes privados. Al no estar penalizado el consumo individual de cannabis, los consumidores fueron asociándose y abriendo espacios privados para consumirlo. Bajo la figura de “cultivo compartido”, empezaron a cultivar sus plantas alegando que cada socio ostentaba una parte proporcional de ese cultivo.
El asunto, sin embargo, se fue de control. Así lo reconocían el año pasado destacados activistas, que explicaban que el auge de estos clubes atrajo a muchos antiguos traficantes, que observaron una vía legal para vender una sustancia cuya comercialización está prohibida. El alto número de turistas en Barcelona convirtió a la capital catalana en una especie de meca del turismo cannábico hasta el punto que muchos jóvenes perdieron el interés en Ámsterdam en detrimento de la ciudad condal. En el sector se calcula que los clubes facturan en Cataluña unos 5 millones de euros mensuales.
La opinión del Supremo
Ante la falta de una normativa específica, el debate sobre estos espacios de consumo se ha realizado durante los últimos años en los juzgados. El Tribunal Supremo dictó una sentencia en octubre en el que, si bien estableció los requisitos necesarios para poder crear estos espacios, limitó el modelo del consumo compartido hasta un nivel que pocas asociaciones de fumadores cumplen hoy en día.
Según el Supremo, que impuso penas de tres a ocho meses de prisión al sostener que cinco promotores de un club de cannabis incurrieron en un delito de tráfico de drogas, los consumidores podrán consumir en grupos reducidos y lugares cerrados, siempre que el cannabis no salga del local. Actualmente la mayoría de clubes en Cataluña permiten que se extraiga el cannabis de sus locales.
El Supremo también consideró que la cantidad de marihuana que se maneje por los socios debe ser “reducida o insignificante” o, en otras palabras, “la cantidad mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”. La sentencia también prohíbe a los clubes el “almacenamiento masivo de marihuana” así como que tengan un número ilimitado de socios.
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