El próximo lunes tendrá que declarar ante la comisión de investigación sobre los cursos de formación en el Parlamento andaluz, y 9 días después en los juzgados, el principal imputado en este presunto fraude, el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y empresario, Ángel Ojeda Avilés, que se presume que pudo haber recibido hasta 49,8 millones de la Administración andaluza. Sin embargo, este ha querido adelantarse y dar un anticipo de lo que podría ser su comparecencia. Ha asegurado en una entrevista en la Cope que “todo fue absolutamente legal” y que los cursos que impartieron sus empresas están “realizados, pagados y justificados”.
Ojeda ha hecho estas declaraciones con el viento a favor. Lo ha dicho el mismo día en el que se han conocido dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en las que se condena a la Junta a pagarle 34.647 euros por varios cursos que sí fueron impartidos y justificados. Según recogen las sentencias, a las que ha tenido acceso El Español, estos cursos corrieron a cargo de la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas y que Ojeda, como su titular, denunció que no se le habían abonado. La Junta argumentó el parón en el pago a que quería comprobar los expedientes.
La Junta de Andalucía manda al Parlamento la documentación sobre los cursos de formación
En el primero de los casos, la Junta debe pagar por “inactividad” el 25% de una subvención aprobada en 2011 y que aún no ha liquidado. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA señala que, sin perjuicio de la facultad que tiene la Junta de comprobar los requisitos exigidos al curso y su documentación, si en el plazo de cuatro años no ha apreciado que el curso está mal justificado, entonces esta debe pagar el 25% comprometido y todavía no abonado de la subvención reconocida. El montante en este caso es de 25.690 euros (a los que se suman otros 600 por costas).
Esta sentencia está fechada el pasado 15 de marzo pero hay otra más reciente, del pasado 7 de abril, en la que se atiende a un recurso también de esta empresa contra la desestimación “por silencio” de la reclamación efectuada a la Consejería de Economía, de la liquidación del expediente de concesión de subvenciones y el pago de 8.957,44 euros en concepto de liquidación y pago más los intereses correspondientes. El TSJA considera que en el expediente “consta tanto la concesión como la justificación del gasto” y que, por tanto, no hay razón jurídica, para no abonarla.
La empresa Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas es precisamente una de las piezas claves del entramado empresarial constituido por Ojeda (al parecer, la red empresarial estaría integrada por medio centenar de empresas, asociaciones y fundaciones), que se ha convertido por sí mismo en una de las nueve piezas en las que ha sido dividida la macrocausa del fraude de los fondos de formación. Humanitas, una asociación sin ánimo de lucro, fue señalada en su momento por la UDEF por haber recibido hasta 8,3 millones.
Este informe es el que, precisamente, llevó a Ojeda a presentar una querella contra el inspector jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Este tendrá que declarar también el próximo lunes en un juzgado de Cádiz por un presunto delito de falsedad documental, según informa El Mundo. Al parecer, según recoge este medio, para elaborar el atestado, consultó bases de datos privadas y públicas (Tesorería General de la Seguridad Social y la de la Agencia Estatal de Administración Tributaria). Ojeda denunció que en este informe se omitió “de forma deliberada” información porque no recoge todas las operaciones ni contiene datos fundamentales como los gastos de las nóminas o seguros sociales.
Un telón de fondo electoral
Para Ojeda, tras el ruido de este caso y su judicialización hay un telón de fondo político que fue la campaña electoral de las pasadas autonómicas. Ha recordado que, junto a él, también fueron detenidos 400 empresarios más, y ha asegurado que se está demostrando que “todo es absolutamente legal”: los cursos fueron “realizados, pagados y totalmente justificados” ante la Junta, a los empleados “se les contrató y se les pagó”.
Ahora son los tribunales los que le están dando la razón y es la Junta “la que debe a los empresarios”.
Ojeda no cree que haya tal caso de formación ni fraude. En primer lugar, se ha escudado en las declaraciones en la comisión de investigación en el Parlamento de los jefes de servicio de formación e interventores de la Junta, que han constatado “irregularidades administrativas”, pero no “penales”, por lo que, a su juicio, todo es un problema “interno” de coordinación entre las consejería de Educación y Hacienda. En segundo, ha insistido en que tampoco puede haber un fraude de 3.000 millones, porque según el Ministerio de Interior, “después de 4.000 tomas de declaración y 400 detenidos de pequeños empresarios, la UDEF ha conseguido levantar un posible fraude de 14 millones”, y eso no cree que sea fraude porque “está en procedimiento administrativo”.
“Todos los contenciosos-administrativos que hemos impuesto y todas las sentencias que están saliendo, no están dando la razón y la Junta está siendo condenadaa pagar lo que nos debe, los intereses y costas”, ha concluido.
El exconsejero andaluz ha recordado que su paso por la Junta fue breve, en la década de los 80, y que desde hace 25 años es empresario de un grupo internacional y encabeza una de las redes “más importantes” a nivel nacional en formación profesional, especializado en formación privada para empresas e impartiendo cursos a lo largo y ancho del país (más de 17.000 clientes privados y más 3.000 empleados).