¿Puede un rector usar dinero público en defensa de su honor?

El rector de la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), Iñaki Goirizelaia, comparece este martes ante los tribunales de justicia por haber utilizado fondos públicos para sufragar los costes de un pleito mantenido con un medio de comunicación al que demandó por derecho al honor.

La  titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo le ha llamado a declarar a raíz de la querella interpuesta por el sindicato FETE-UGT, que considera que pudo incurrir en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. También prestará declaración ante la jueza el secretario general de la UPV/EHU, José Luis Martín González, señalado  igualmente por la central sindical. Ambos lo harán en calidad de investigados, término que sustituye al de imputados tras la última reforma judicial.

Lo que se dilucida en sede judicial es si Goirizelaia podía o no utilizar los presupuestos de la Universidad para abonar las facturas de sus abogados, ajenos a la institución académica, en la  causa que en 2010 inició contra el periódico El Mundo por unas opiniones a su juicio atentatorias contra su derecho al honor.

Petición de devolución

Antes de acudir a los tribunales FETE-UGT reclamó infructuosamente al rector la devolución del total de los 7.456,86 euros gastados para pagar los honorarios profesionales de abogados y procuradores en las distintas instancias judiciales.

En su querella, que la jueza admitió a trámite en febrero, el sindicato hacía constar  el "oscurantismo" con el que había reaccionado la UPV-EHU  ante la exigencia de conocer la cantidad total de las  facturas pagadas con cargo a la institución.

Miguel Henares, representante del PAS (Personal Administrativo y de Servicios) en el Consejo de Gobierno de la Universidad tuvo que recurrir en dos ocasiones a la figura de la Aldezle (Defensora de los derechos en el ámbito universitario) para ver atendidas todas su reclamaciones de información.

En la documentación aportada al Juzgado, FETE-UGT incluyó un informe elaborado para la UPV por el despacho De la Sota Abogados en 2013, un año y medio antes de que se abonaran el grueso de los honorarios por la causa iniciada por Goirizelaia en defensa de su honor.

Aunque el objeto de la consulta no guardaba relación con ese caso en concreto, De la Sota Abogados concluía que "no cabe hablar de derecho fundamental al honor cuando se trata de una persona jurídica pública como la Universidad", según hacían constar los denunciantes.

En este pronunciamiento se basa el  sindicato para sustentar su acusación de posible prevaricación, puesto que tanto el rector como el secretario "conocían que su honor [el de Goirizelaia], como persona física, debería, en su caso, defenderlo él, obviamente a su costa".

El supremo falló en contra

El rector de la UPV-EHU demandó a El Mundo del País Vasco por dos artículos de opinión en torno a dos comparecencias públicas suyas sobre la matriculación de presos de ETA y la postura de la Universidad vasca ante la polémica generada en 2010 por las denuncias de trato de favor a los reclusos de la banda terrorista.

Goirizelaia entendió que las opiniones  atentaban contra su derecho al honor y reclamó al periódico una compensación por daños morales de 20.000 euros.

En noviembre de 2011 un juzgado de Gernika le dio la razón y estimó íntegramente su demanda, indemnización incluida. Su decisión fue revocada en este último extremo por la Audiencia de Bizkaia, que rebajó a  4.000 la cantidad a satisfacer. Finalmente, en julio de 2014, el Tribunal Supremo admitió el recurso de El Mundo y determinó que prevalecía el ejercicio de la libertad de expresión, al tratarse de juicios de valor encuadrados en las páginas de opinión y emitidos sobre asuntos de interés general en relación a un cargo público que como tal está expuesto a la crítica.

"Menoscabo a la institución"

En el cruce de la correspondencia mantenida entre FETE-UGT y la Universidad a instancias del sindicato para certificar el dinero público desembolsado en el procedimiento judicial e instar su devolución, la institución académica argumentaba las razones de su postura contraria a que Goirizelaia reintegrara cantidad alguna. Consideraba que el rector actuaba en razón de su cargo y en defensa del buen nombre de la UPV.

"Se entendió que las afirmaciones del diario transcendían del honor de la persona menoscabando seriamente la figura del rector, máximo órgano de representación de la Universidad, y con ella a la Universidad misma", aseguraba José Luis Martín en una respuesta a la central sindical.

En ella añadía que si los tribunales se hubieran pronunciando  en sentido contrario, "las consecuencias favorables de una sentencia estimatoria, incluidas las de carácter económico, hubieran revertido en la UPV".