El 71% de alumnos de 12 años incumplirá la Lomce por la batalla política de la reválida

Cuenta atrás para que finalice el curso académico. Las Comunidades Autónomas que están en pie de guerra contra el Gobierno a cuenta de la reválida de 6º de Primaria -todas menos las lideradas por el PP- no están dispuestas a irse de vacaciones de verano sin dejar los deberes hechos.

Por ello, las Comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla La Mancha) han lanzado un nuevo órdago al Ministerio de Educación para intentar paralizar la prueba de evaluación final a los alumnos de 12 años, que se debe realizar este mes según manda la Lomce.

Están dispuestas a saltarse la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, ya que si bien han afirmado que realizarán el examen de diagnóstico, éste será “individualizado” con los centros educativos y no con personal externo, como establece la ‘Ley Wert’.

Esto es, los 204.000 alumnos de 6º de Primaria matriculados en estas Comunidades díscolas serán examinados de las competencias que marca Educación (comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología), pero serán los propios maestros que han dado clase a los estudiantes durante todo el curso los que corrijan los exámenes.

Esta situación no se ajusta a la ley. El real decreto que desarrolla los aspectos de la reválida es contundente en su artículo 7: “La Administración educativa competente establecerá procedimientos para la selección del profesorado funcionario del Sistema Educativo Español externo a los respectivos centros docentes, encargado de aplicar y corregir las pruebas, así como para la realización y el seguimiento y supervisión que aseguren una correcta aplicación y corrección de las pruebas de acuerdo con la normativa básica aplicable”.

De esta forma, la finalidad principal de esta evaluación, el establecer un diagnóstico uniforme y comparable sobre el nivel educativo al finalizar la educación primaria, se diluye por completo, ya que cada maestro, en cada colegio y a su vez en cada comunidad autónoma aplicará los criterios de evaluación de manera dispar.

Estas Comunidades, que se reunieron la semana pasada entre ellas para establecer un frente común, defienden que con la fórmula que van a aplicar se apuesta por la evaluación continua y por la “profesionalidad” de los maestros en los centros educativos. Según dicen, en un comunicado del Gobierno de Aragón adelantado por Europa Press, con este sistema, en definitiva, se pretende “miniminzar los efectos más negativos de la Lomce”.

Realizar la reválida es "una buena cosa"

Ante esta insumisión, el ministro Méndez de Vigo ha afirmado que es “una buena cosa” que las ocho Comunidades Autónomas socialistas aunque, según el titular de Educación, “deben hacerla tal y como dice el decreto del 20 de noviembre”. Ha aprovechado también para lanzar un mensaje de “tranquilidad” explicando que la evaluación “lo que busca es ver si la educación que se está dando a los hijos es la correcta y si necesitan algún tipo de apoyo”.

"No es un examen que sea necesario para pasar a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ni da ningún título, simplemente es información, es orientación y lo hacen los países de nuestro entorno", ha agregado.

Pese a estas palabras, el escenario pinta peor para el Ministerio liderado por Íñigo Méndez de Vigo en otras comunidades que ni tan siquiera realizarán la evaluación: Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria y Canarias. De ellas dependen 125.000 alumnos, que sumados a los más de 200.000 de las regiones socialistas, suponen el 71% del total de estudiantes españoles de entre 11 y 12 años que están llamados a examinarse por ley.

Las que sí van a cumplir su cita son aquellas Comunidades teñidas con el azul del PP (Galicia, La Rioja, Castilla y León y Madrid), que comenzarán a examinar a su alumnado a partir de la semana que viene.

Será esa misma semana, una vez hechas como decimos reválidas en algunas regiones, cuando se celebre la Conferencia sectorial de Educación, máximo órgano de interlocución entre las Comunidades y el Gobierno en materia educativa. El viernes acudirán los consejeros a agotar su último cartucho, hasta entonces, todo indica a que seguirán calentando motores.