Sistema presidencial y elecciones cada 5 años, así sería la 'república catalana'

Un presidente elegido cada cinco años en un sistema presidencialista con un parlamento unicameral. Son las principales características de la República catalana que sueña el independentismo. Este miércoles, la Generalitat ya tiene en su poder un documento, que sobre el papel describe cómo sería la Constitución de una Cataluña independiente. 

La entidad Constituïm ha entregado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell un borrador de Constitución. El presidente de la Generalitat sería jefe de Estado y de gobierno y tendría un mandato de cinco años, elegido por designación directa en unas elecciones. 

Constituïm es una plataforma integrada por una veintena de profesionales de diferentes ámbitos para redactar un anteproyecto de Constitución y surgió tras las propuestas previas realizadas por el juez Santiago Vidal, la ANC y el grupo de juristas, economistas y profesionales de constitució.cat.

Según el borrador, Catalunya se constituirá en un Estado libre, soberano, democrático, social, ecológico y de derechos, donde los ciudadanos de otros Estados con vínculos culturales y lingüísticos pueden optar por la nacionalidad catalana sin renunciar a la suya aunque el principio de reciprocidad no se reconozca en su Estado.

ELECCIONES, ECONOMÍA Y SEGURIDAD

También recoge que el sistema electoral será de representación directa, de listas abiertas y una sola vuelta, y la circunscripción electoral será la comarca salvo Barcelona, donde será el distrito.

Además, prevén que la República se estructure en municipios y comarcas, y que la vegueria sea la división territorial que adopte la Generalitat para la organización de sus servicios; y el Govern se organizaría en conselleries.

Sobre defensa y seguridad, proponen una agencia como principal garante y un Instituto Internacional de Paz y Tregua de Catalunya, dotado con un cuerpo profesional especializado y que se dedique a la búsqueda y aplicación de métodos no violentos de intervención y resolución de conflictos armados.

Otro título aborda los principios económicos: prevé un sistema económico basado en el libre mercado, en que las instituciones públicas se rijan por el principio de estabilidad económica, y la creación de un banco central de Catalunya.

CON TRIBUNAL SUPREMO Y SIN TC

La Constitución también prevé la arquitectura judicial de la República catalana y establece un Tribunal Supremo como "órgano jurisdiccional superior en todos los ámbitos jurídicos" y con la labor de fijar jurisprudencia y unificar doctrina jurídica.

También se fija un Consejo Superior de Justicia como el máximo órgano responsable de la función judicial, y un Consejo de Garantías Constitucionales como la institución encargada de velar por que las leyes y decretos del Govern se adecúen a la constitución -el equivalente a un Tribunal Constitucional, pero con menor rango-.

Sobre los jueces, establece que "en ningún caso se podrá limitar su derecho a la libertad de expresión, opinión y de creación intelectual", después de que el juez Santiago Vidal fuera suspendido por el Consejo General del Poder Judicial precisamente por participar en los trabajos de una constitución para Catalunya.

SUFRAGIO UNIVERSAL

El texto destaca que cargos tan importantes como el de presidente del Tribunal Supremo o el de fiscal superior serían elegidos por todos los ciudadanos, y crea cinco sindicaturas: la de Greuges -defensor del pueblo-, la Sindicatura de Cuentas, la Electoral y la de Ecología.

Otro tema polémico que aborda la Constitución son los sueldos públicos y las dietas: solo se podría recibir un salario público a jornada completa aunque se tengan varios cargos, y las dietas no podrían superar el 50% del sueldo.

CATALANES DE ORIGEN

Entre las disposiciones que cierran el texto destaca la siguiente: "Queda derogada la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y las otras normas análogas que pudieran quedar vigentes en todo el territorio de la República de Catalunya".

Además, serían "catalanes de origen a todos los efectos" aquellos que en el momento de la declaración de independencia tengan la nacionalidad español