Los graves disturbios registrados el lunes por la noche en el barrio de Gràcia -saldados con 16 heridos leves y un detenido- han agrandado la brecha existente entre la CUP y el Gobierno de Junts pel Sí (JxS). Los dos partidos independentistas están cada vez más alejados y los anticapitalistas han ejemplificado su enfado este martes levantándose de la reunión en la que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, presentaba su proyecto de presupuestos en el Parlament.
La formación anticapitalista ni siquiera ha accedido este martes a valorar el proyecto de presupuestos en la habitual rueda de prensa que ofrecen en la cámara catalana. Los diputados de la CUP han explicado que la intervención sería “monográfica” sobre los disturbios del lunes por la noche y han pedido la dimisión del Director General de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle. Los anticapitalistas, a su vez, han reclamado la “disolución” de la brigada antidisturbios de este cuerpo policial.
Los hechos
Los Mossos d’Esquadra desalojaron el lunes una antigua sucursal de Caixa Tarragona que llevaba ocupada en el barrio de Gràcia desde 2011. Durante estos últimos cuatro años los activistas han organizado talleres, cursos de idiomas, teatro y actividades de todo tipo para los vecinos de la zona. Un juez decretó su desalojo y la operación policial acabó con varios agentes heridos, un detenido y graves disturbios en las calles cercanas al llamado “banco expropiado”.
La actitud de la CUP, que ha evitado condenar la violencia callejera del lunes, complica aún más unas relaciones, ya muy tensas, con su socio parlamentario. Los anticapitalistas tienen intención de seguir marcando perfil propio a favor de las protestas y este martes han reclamado a la Generalitat que desista de ejercer de acusación particular en todas las causas contra activistas. Bajo el lema “El Estado acusa, la Generalitat se encarniza”, la diputada Anna Gabriel ha denunciado que el Govern está personado en unas 100 causas y ha reclamado su retirada. La personación de la Generalitat como acusación particular en estos supuestos ya fue objeto de tensiones entre ambos partidos cuando se negociaba la investidura.
Por la tarde los anticapitalistas han afirmado en el Parlament que el primer acto violento fue el desalojo y han mostrado varias imágenes de heridas causadas presuntamente por proyectiles de la policía catalana. Fuentes del partido anticapitalista han confirmado que no han querido entrar a valorar los presupuestos para que los disturbios de ayer no se olvidasen. “Hemos retrocedido dos años en materia policial y esto no puede ser”, han precisado estas fuentes.
Trias, con los okupas
El antecesor de Colau en el Ayuntamiento, Xavier Trias (CDC) accedió a pagar el alquiler del “banco expropiado” a los okupas sin hacerlo público para evitar disturbios antes de las elecciones municipales. En el contrato que el Ayuntamiento firmó con la entidad bancaria, publicado por La Directa, se evidencia que el el Consistorio accedió a pagar 65.500 euros anuales al banco para así mantener “la paz social”.
A pesar de esto, Trias ha aprovechado el episodio para atacar a Colau. “Los okupas del banco son queridos por la gente del barrio”, ha afirmado en una entrevista en TV3, antes de criticar que Colau “no ha hecho nada” para solucionar el problema. “Me deja parado que unos que vienen del activismo no busquen soluciones y rompan un contrato”, ha añadido. Posteriormente Trias ha matizado sus palabras y ha explicado que su equipo “rechaza absolutamente” la violencia “del movimiento okupa”.
Colau ha respondido que el importe que abonaba el Ayuntamiento -5.500 euros al mes- es “muy elevado” y ha cargado contra Trias por haber financiado ese banco okupa sin haberlo dicho a nadie. La alcaldesa ha recordado que el exalcalde no se lo comunicó ni a los activistas que usaban el espacio, sino que lo habló y pactó exclusivamente con la entidad propietaria del local. Colau también ha condenado los actos violentos del lunes y ha propuesto encontrar un “local alternativo” para que se sigan ofreciendo actividades a los vecinos del barrio.
60.000 euros en daños
Justo dos años después de los graves disturbios que generó el desalojo del centro social Can Vies, en el barrio de Sants, otro caso similar ha puesto tanto al Govern como al Ayuntamiento en una situación complicada. Los disturbios del lunes por la noche han costado ya 60.000 euros al Ayuntamiento y este martes se han convocado cuatro nuevas protestas en sendos barrios de la ciudad.
Ante la nueva convocatoria, el portavoz de los Mossos ha avisado que el cuerpo “volverá a actuar” si se repiten casos de violencia urbana como los del lunes por la noche. Una moto y un coche de los servicios de limpieza municipal fueron quemados así como varios contenedores. Los manifestantes también rompieron mobiliario urbano y varios escaparates de sucursales bancarias y comercios del barrio. Los activistas levantaron barricadas en varias calles y algunos de los presentes describen los disturbios como una “batalla campal”. De los 16 heridos, 14 fueron agentes de la policía catalana.
Según los Mossos, los responsables de los disturbios son un grupo de unas 200 personas. “Cuando oscurece, se dan los elementos para garantizar el anonimato para poder esconderse. El objetivo es crear miedo y acciones de violencia urbana graves”, ha afirmado el portavoz de los Mossos, Xavier Porcuna.