Adif, la empresa pública encargada de la construcción ferroviaria en España, pagaba doble por determinados tramos de vía entre Madrid y Barcelona. El sobrecoste total, que ronda los 82 millones de euros, fue abonado por la empresa pública a seis de las principales constructoras del país (Acciona, Dragados, Ferrovial, FCC, Copcisa y Comsa), investigadas ahora por la Guardia Civil. Este martes, agentes del instituto armado practicaron 13 detenciones y 15 registros tanto en Madrid como en Barcelona. Los agentes siguen también la pista de al menos dos directores de obra y los responsables técnicos que visaron para Adif las obras investigadas. Suya fue la decisión primera de abonar los sobrecostes.
Según fuentes del caso, la primera alarma saltó cuando la auditoría interna de Adif detectó incoherencias en los pagos realizados en tres tramos concretos del trazado del AVE. Por norma general, este tipo de obras se abonan por medio de certificaciones mensuales, informes de pago donde los técnicos de Adif comprueban que las concesionarias (FCC, Dragados o Ferrovial por ejemplo) han elaborado los trabajos de la forma requerida. Si la certificación es afirmativa, Adif procede al pago acordado. Al final de cada proyecto, las certificaciones tienen que sumar la cuantía máxima del contrato.
La Fiscalía Anticorrupción trabaja con la tesis de que las constructoras investigadas compraron la voluntad de los técnicos de Adif para conseguir así cuantías superiores en los pagos. La forma más sencilla de conseguir estos sobrecostes es la certificación de falsos trabajos de difícil comprobación. "Es tan sencillo como certificar en los últimos tramos de la obra, cuando ya está todo construido y enterrado, que las columnas de los cimientos tienen por ejemplo tres metros de diámetro en lugar de dos", explican como ejemplo fuentes del sector.
Asesores privados
En este caso, fueron los propios auditores de Adif los que detectaron las discrepancias. Llovía sobre mojado. En 2014 varios responsables de la empresa pública fueron arrestados por desviar presuntamente con esta mecánica 32 millones de euros a constructoras afines. La denuncia de la propia empresa provocó la apertura de las Diligencias Previas 6182016, iniciadas el 30 de junio del año pasado por el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona.
Según fuentes del caso, las obras investigadas fueron llevadas a cabo por la UTE Sant Andreu (Acciona Infraestructuras y Copcisa) UTE Sagrera (Dragados, Acciona, Comsa y Acsa) y la UTE Ferrocial FCC. La Fiscalía Anticorrupción coloca también en este entramado a distintos contratistas privados que trabajaron también para Adif. En ese sentido, los agentes investigan el papel de un ingeniero de la Ciudad Condal, Francisco Javier M. V, señalado por ser el asesor técnico de una de las obras investigadas, que aglutina gran parte de los sobrecostes.
De las 13 personas arrestadas ayer, siete esperan para ser puestas a disposición judicial mientras las otras cinco fueron puestas en libertad y serán citadas a declarar en los próximos días. El juez encargado del caso investiga presuntos delitos de malversación y falsedad documental, a la espera de posteriores calificaciones.
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