La detención del 'rey de la basura' abre un nuevo frente judicial al clan de los Pujol

La detención del empresario Gustavo Buesa, apodado el rey de la basura por sus importantes contratos públicos en el sector de los residuos, abre un nuevo frente judicial sobre el clan Pujol. De hecho, desde hace varios años al menos tres piezas judiciales distintas investigan las relaciones comerciales entre Buesa -donante de CDC- y el primogénito del clan Pujol. Tanto Guardia Civil como Policía investigan la compra de acciones millonarias entre los dos socios, la supuesta generación de facturas falsas, la presunta compra del alcalde de Lloret de Mar para conseguir hasta 110 millones de euros en contratos públicos y el posible desvío de fondos a sociedades en Holanda. 

La primera huella de esta relación en los informes policiales aparece el 10 de diciembre de 2004, cuando Pujol Ferrusola entra en una sociedad controlada por Buesa y a los dos años -y sin trabajo alguno por su parte- obtiene una rentabilidad superior a los cuatro millones. La empresa, llamada Gestió i Recupèració de Terrenys, había obtenido en octubre de 2002 el permiso para instalar una planta de reciclaje de basuras por parte de la Generalitat. La entrada de Pujol Ferrusola en la firma se produce  dos semanas después de esa decisión.

Los investigadores consideran que Buesa y su entonces socio, Josep Mayola, idearon una "Operación diseñada de antemano" para "introducir de forma ficticia a Jordi Pujol Ferrusola y asegurarse por medio de su persona la obtención de las habilitaciones públicas pertinentes". A juicio de la Policía Nacional, encargada de estas pesquisas, Pujol y sus socios interpusieron "sociedades y personas a modo de capas de cebolla, en aras de evitar que una simple observación de la misma denotara la presencia de éste".

Ante el juez, Pujol Ferrusola reconoció que su papel en la empresa de basuras fue nulo, pero se colocó como socio capitalista con una inversión de 800.000 euros. Según estos datos, su dinero se multiplicó por cinco en solo dos años, cuando la empresa FCC -investigada en la trama de financiación ilegal de CDC relacionada con el Palau- compró las acciones de la concesionaria por 15 millones de euros.

Detenido tras un viaje

En otra operación policial, este miércoles, el empresario Gustavo Buesa fue detenido por la Guardia Civil cuando regresaba de un viaje. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Buesa compró al ex alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, a cambio de obtener hasta 110 millones de euros en contratos públicos. La operación estaba abierta desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio vía libre para investigar a Crespo, diputado autonómico y por tanto, aforado. Ayer, los agentes detuvieron también a dos funcionarios municipales ante la sospecha de que participaron en el amaño de los contratos.

Los contratos de Lloret de Mar fueron obtenidos por la sociedad GBI (Gustavo Buesa Ibañez) Serveis. Solo en 2015, la empresa de Buesa que regenta la planta de tratamiento de basuras facturó más de 26 millones de euros brutos. Una cifra similar a la de los últimos cuatro años, en los que ha facturado cerca de 100 millones de euros. Los informes policiales revelan que el grueso de las empresas controladas por Buesa, que ostenta 78 cargos en distintas sociedades españolas, se consolidan en una firma llamada April Snow Holding BV y abierta en Holanda, "territorio conocido por sus implicaciones off-shore".

En su comparecencia en la comisión del investigación del parlamento catalán contra la corrupción, Buesa reconoció además ser donante de la fundación Catdem, investigada por la Guardia Civil como posible foco de financiación ilegal en CDC. El juzgado número 2 de Blanes -encargado del caso de LLoret de Mar- investiga también si la cuantiosa adjudicación concedida a la empresa de Buesa tiene correlación con las donaciones entregadas por el empresario a la fundación del partido.

243.368 euros en facturas falsas

La investigación sobre las finanzas de Gustavo Buesa arrojó un nuevo problema para Jordi Pujol Ferrusola. En 2010, el modelo 347 presentado por la sociedad del basurero -así mismo se define Buesa según el propio Jordi Pujol Jr- refleja un pago de 243.368 euros en beneficio de Iniciatives Marketing i Inversions, una de las empresas utilizadas por el primogénito del clan Pujol para canalizar sus negocios. 

Sobre el papel, el dinero respondía a las gestiones realizadas por Pujol Ferrusola para que Buesa consiguiera abrir plantas de residuos también en México (Ecatepec, Querétaro, Puerto Vallarta, México DF o Acapulco). Sin embargo, los informes policiales consideran que la factura responde en realidad a un concepto falso y que le hijo del ex presidente Pujol recibió así una comisión ilegal de parte del empresario. De hecho, Ni Buesa ni Pujol Ferrusola fueron capaces de aportar documento alguno que probara los supuestos trabajos.