El inspector jubilado de la Hacienda foral de Bizkaia José Delfino Suárez mantiene sus acusaciones sobre la existencia de tratos de favor fiscal a empresas por parte de la institución vizcaína para la que trabajó durante décadas. Se reafirma en la existencia de graves anomalías tras conocer el archivo de su denuncia por parte de la Fiscalía, adelantado por EL ESPAÑOL el pasado viernes.
Desde el "respeto" a la decisión adoptada por el Ministerio Público se aferra a "la dificultad de la prueba" para determinar la existencia del delito. En este sentido hace suyos algunos de los razonamientos de la fiscal jefe Carmen Adán, que en su decreto de archivo diferencia entre el ámbito penal donde es necesario "acreditar hechos" bajo parámetros de una determinada exigencia y otros niveles donde si cabe plantearse si el denunciante tiene razón o acierta en sus apreciaciones.
Suárez se basa en que Adán no dice que los hechos expuestos en su denuncia y la documentación aportada para fundamentarla sean falsas. "Consecuentemente" se ratifica en la veracidad de ambas e insiste en que las irregularidades relatadas generan "pérdidas millonarias" a la Hacienda foral de Bizkaia. Pretende autentificar lo que describe, dejando a un lado las consecuencias jurídicas de su contenido.
El inspector fiscal, en un comunicado remitido a este diario, vuelve a incidir en los argumentos que motivaron sus denuncias, primero internamente en el ámbito administrativo, en junio de 2015, y siete meses después, en diciembre, ante la Fiscalía anticorrupción. Este órgano trasladó su escrito para su resolución a la Fiscalía de Bizkaia, que abrió diligencias de investigación a principios de este año y ahora ha decidido que no hay indicios de delito para seguir adelante.
EMPRESAS "BAJO PROTECCIÓN"
Las irregularidades descritas por el denunciante tienen que ver con el trato fiscal presuntamente privilegiado que reciben importantes empresas del metal de Bizkaia dedicadas a la comercialización y la transformación de chatarra. Ese tratamiento preferencial, desigual al de otros contribuyentes, sería posible según hace constar gracias a la "protección" que les estaría brindando la Subdirección de Inspección, dirigida por Antonio Pérez .
El departamento de Pérez fue quien examinó y desestimó la denuncia interna de Suárez "desmontando" sus acusaciones, según expuso la Diputación al hacerse pública el pasado marzo la denuncia elevada a la Fiscalía. El aludido cuestiona que se encargue un informe a quien precisamente se acusa de "obstrucción"y "falta de equidad " y niega que se pueda sustentar una " fabulación" partiendo de documentos reales como los que él presentó.
El inspector coordinaba un grupo de trabajo encargado de detectar el fraude fiscal que planteaba regularizaciones voluntarias a las empresas. Si éstas se negaban eran propuestas para ser incluidas en los planes de inspección establecidos. Fruto de su actuación la Hacienda recaudó 15 millones de euros entre casi 200 pequeñas y medianas sociedades.
Suárez denuncia que, por el contrario, las diez "empresas bajo protección" en la que se les impidió acabar su trabajo eran "de gran solvencia económica y gran dimensión" y que en varios casos las cuantías defraudadas superaban los diez millones de euros. Entre los ejemplos que aporta cita el de una compañía, ya condenada por el Supremo, inmersa en un nuevo proceso por delito fiscal, a la que le fue reducida la cuota tributaria asignada "con una pérdida generada" para la Diputación "superior a los siete millones".
No es el único caso. También refiere, -de nuevo sin dar nombres por razones de confidencialidad-, el de una importante compañía y su grupo "con cuantiosas actuaciones fraudulentas" y millones de euros "defraudados" que no fueron incluidos en Planes de Inspección pese a la insistencia del denunciante. Contra esta empresa se mantienen abiertas dos causas que se instruyen en juzgados de Bilbao y Barakaldo.
CONFRONTAR EN LOS TRIBUNALES
Cuando se conoció su denuncia en marzo la Diputación advirtió a Suárez del riesgo de dañar con su actuación "la imagen y credibilidad" de la institución foral. El inspector se defiende ahora y afirma que el daño lo causan "las irregularidades y las pérdidas de ingresos" que originan, no el que se hagan públicas.
Convencido de la "veracidad " de los hechos denunciados no duda finalmente en confrontar en los tribunales con quien haga falta. En este sentido espera que la instrucción en marcha en los dos juzgados vizcaínos "aporte luz" sobre " la protección" brindada a los contribuyentes señalados y sus conclusiones avalen sus tesis .
Incluso considera que la posibilidad sugerida por la Diputación de actuar legalmente contra él podría ser una salida al actual "callejón", "en el que se contraponen afirmaciones opuestas sobre los mismos hechos," y contribuir a demostrar que sus acusaciones son veraces.
En su comunicado no desvela si optará o no por continuar su batalla en los tribunales tras el archivo decretado por la Fiscalía.