En Os Peares a Alberto Núñez Feijóo nadie le llama presidente. El hijo de Sira y el nieto de Eladia volvió el pasado viernes a sus orígenes, a su tierra, y las gentes de su infancia le recibieron como si del regreso del hijo pródigo se tratase. Allí recordó cómo los vecinos compraban en la tienda de su abuela -”A veces se les apuntaba; dábamos crédito, pero sin intereses ni usura”, bromeó- y cómo aprendió a hablar gallego: “No aprendí el normativo, pero sí el que se mama”.
La de estas elecciones está siendo la campaña en la que Feijóo está tratando de mimetizarse de forma definitiva con el concepto de galleguismo. No hay más que ver los mensajes. En la primera semana de campaña, ha evocado una y otra vez el sentimiento “da terra” para referirse al pueblo gallego. “Los gallegos somos una familia. Con lo fácil que es respetarse, ¿por qué la mayoría de las fuerzas políticas no tienen mejor propuesta que insultar al partido de la mayoría?”, dijo en Os Peares. Para Feijóo, “el PP es el partido que más se parece a Galicia”.
Pero hay algo de lo que Feijóo no habla tanto, al menos en cuanto a Galicia se refiere. Se trata de la corrupción en la propia y agreste región. Feijóo, voz autorizada dentro del partido, ha instado a Rita Barberá a que se haga a un lado y calificó el nombramiento del exministro José Manuel Soria como inaceptable. Siempre ha sido uno de los primeros en rechazar la corrupción del partido a nivel nacional. Pero, ¿por qué no habla de los casos ocurridos en Galicia?
Los Baltar: “El Padrino” a la gallega
“La cacicada está en Ourense, donde se pasan el partido de padres a hijos”, increpó hace una semana Luis Villares durante el debate a cinco emitido por la Televisión de Galicia. Feijóo, visiblemente incómodo, echaba balones fuera. Sabe que los Baltar y la historia reciente de Ourense van de la mano. En julio de 2014, José Luis Baltar, el padre, apodado a sí mismo como “el buen cacique”, era condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada al enchufar a 104 personas en la diputación. Llevaba 22 años consecutivos presidiéndola.
Según el auto, “se limitó a contratar a aquellas personas que le vinieron en gana, prescindiendo de las formalidades establecidas”. El juez dio por probado que la mayor parte de los 'enchufados' eran afines al PP. Pero nada le pasó a Baltar. Al estar ya retirado de la vida política, la condena, deshecha en mil pedazos, se convertía en polvo inservible.
La saga de un padre asiduo a los entierros, en su día presidente del Club Deportivo Ourense y cuya mayor afición era tocar el trombón en lo banquetes, continúa desde hace años con su hijo. Manuel Baltar Blanco fue ungido por su propio padre, quien le entregó en sus manos la diputación como si la herencia de la familia se tratase. En un dudoso congreso provincial sobre el que pesa la duda del amaño, el hijo tomó los mandos de la nave gracias a los votos de los presuntos enchufados por su padre.
Años después, el nuevo jefe del clan ourensano se pasea con Rajoy, Feijóo y demás dirigentes gallegos en plena campaña electoral. Este otoño se enfrenta a juicio por presuntamente ofrecer un puesto en la diputación a una mujer a cambio de favores sexuales. La mujer, por lo pronto, también está siendo investigada. Feijóo se ató las manos en una entrevista con este periódico: “En el caso de que el juez observe algún tipo de responsabilidad, el partido actuará en consecuencia”.
En julio de 2014, José Luis Baltar, el padre, apodado a sí mismo como “el buen cacique”, era condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada al enchufar a 104 personas en la diputación de Ourense
Los Patos y los Pokémon
A María José Bravo Bosch, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, le gustaba inaugurar cosas. Por la mañana, se presentaba en Nigrán, municipio al sur de la gran ciudad gallega, para la presentación de un recorrido “ecológico” por el río. A la tarde, llegaba en su coche oficial a ver las obras en el casco antiguo vigués. Dos cosas más se saben de ella: en una ocasión dijo que Vigo no tenía políticos “a la altura de lo que merece” y que ahora está imputada en un caso de corrupción, la operación Patos. Desde Santiago la obligaron a dimitir inmediatamente.
La carrera política de Rafael Louzán era algo más extensa. Presidió la Diputación de Pontevedra durante doce años, siendo el más importante barón del PP en la provincia, hasta que perdió el cargo en las elecciones municipales en mayo de 2015. Meses después dimitiría de ese puesto tras aparecer su nombre como imputado en la misma Operación Patos. Fue relegado a presidir la Federación Gallega de Fútbol y entonces comenzó su descenso a los infiernos. Ahora se enfrenta también a una condena de un año de prisión y otro de inhabilitación por presuntamente recibir favores a cambio de cobrar sobreprecios en unos alquileres.
Dos cosas más se saben de María José Bravo Bosch: que en una ocasión dijo que Vigo no tenía políticos “a la altura de lo que merece” y que ahora está imputada en la operación Patos. Desde Santiago la obligaron a dimitir inmediatamente.
Entretanto, la operación Pokémon continúa abierta. La zona cero, Santiago de Compostela. Allí el descalabro llegó en 2012, cuando la aparición del escándalo hizo dimitir a diez de los trece concejales del Consistorio y también al alcalde, Gerardo Conde Roa, y a su sucesor, Ángel Currás. Conde Roa fue condenado por fraude fiscal a dos años de prisión y una multa de 582.000 euros. La condena está ratificada, pero la pena quedó rebajada a 18 meses.
“Es evidente que en Santiago no hemos hecho las cosas bien”, aseguró Feijóo a este periódico. Todo sigue abierto, con un importante número de concejales y alcaldes imputados en la causa. Sin embargo, el PP no se resiente en los resultados. Feijóo sigue apuntando a la mayoría absoluta tras las encuestas conocidas este pasado domingo. En estas semanas vertiginosas de campaña, el nombre y las siglas del partido no son lo único que el líder de los populares gallegos esconde debajo de la alfombra.