Un magistrado procedente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y con 33 años de experiencia jurisdiccional, José Manuel Maza, tendrá a su cargo la dirección del Ministerio Público a partir de ahora. A propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Consejo de Ministros ha acordado este viernes iniciar los trámites para designar fiscal general a Maza, que tendrá que ser 'examinado' por el Congreso y avalado, en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales para acceder al cargo, por el Consejo General del Poder Judicial.
La sentencia del TEDH y la doctrina Parot
Maza recibió una llamada de Catalá proponiéndole para el cargo el pasado martes por la tarde, después de debatir con el presidente del Gobierno el perfil más conveniente para una etapa en la que, aparte del ya conocido conflicto soberanista catalán, se anuncian cambios de envergadura relacionados sobre todo con el cambio del modelo procesal penal.
El nuevo fiscal general, madrileño de 65 años, es un convencido de la necesidad de atribuir a los fiscales la dirección de la investigación de los delitos bajo el control del juez de garantías. Maza quiere pilotar la modernización del modelo procesal penal, tantas veces diseñada pero sin que hasta ahora la reforma haya superado la fase de borrador. "Me sentiría orgulloso si pudiera pasar la investigación del juez al fiscal", comentó este viernes Maza a personas de su entorno.
Madrigal reclamó autonomía
Se abre también en la carrera fiscal una etapa muy relevante de nombramientos de altos cargos, empezando por la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción tras la jubilación de Antonio Salinas y siguiendo por los diez fiscales de Sala que están sometidos a renovación o no por terminación de mandato.
Fuentes de la Fiscalía sostienen que una de las claves de que Consuelo Madrigal haya sido reemplazada cuando no llevaba ni dos años al frente del Ministerio Público está relacionada precisamente con los cambios en la cúpula fiscal.
Según estas fuentes, en las conversaciones mantenidas con Catalá sobre su posible permanencia en la Fiscalía Madrigal reclamó "libertad de gestión de los nombramientos y plena autonomía" en la elección del 'generalato' de la carrera. La exigencia torció una propuesta de nombramiento que el propio ministro dio a entender el pasado lunes y que parecía tan clara que el equipo de la fiscal general había empezado a preparar distintos asuntos para el nuevo mandato.
Las mismas fuentes atribuyen el giro que determinó la caída de Madrigal a "instancias superiores" a Catalá, en referencia a la reunión que el responsable de Justicia mantuvo el martes con Rajoy.
Sea como fuere, lo que tanto en la carrera fiscal como en la judicial aseguran es que si el Gobierno piensa encontrar en Maza un fiscal dócil "se equivoca". El magistrado -que llegó al Supremo en 2002 tras competir por una vacante en la Sala Penal con Margarita Robles, hoy diputada socialista y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso- ha hecho gala a lo largo de su carrera de una independencia de criterio que ha mantenido aunque se haya quedado solo.
Así ocurrió con la decisión de la Sala Penal del Supremo de archivar la causa abierta al ex juez Baltasar Garzón por investigar la desaparición de personas durante el franquismo. Maza fue el único que formuló un voto discrepante en el que explicó que, a su juicio, había indicios de prevaricación.
Catalogado con el etiqueta de conservador, Maza ha sido ponente de la decisión del Supremo de archivar una querella del sindicato Manos Limpias contra los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Y con anterioridad se opuso, junto a otros tres compañeros de Sala, a exonerar al ex presidente del Supremo Carlos Dívar -también considerado conservador- por gastar fondos del Consejo General del Poder Judicial en viajes particulares.
Contrario a la 'doctrina Botín', Maza firmó un voto discrepante en el que defendió que el presidente del Santander debía ser juzgado en el caso de las cesiones de crédito. Defensor de la 'doctrina Parot', criticó duramente en intervenciones públicas la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que supuso la excarcelación de históricos miembros de ETA.
Maza, que antes de ser juez fue fiscal, ha defendido la prisión permanente revisable siempre que se garantice un mecanismo de revisión efectiva. Esta polémica reforma del Código Penal pretende ser revertida por la oposición parlamentaria en la legislativa que ahora comienza.