Cada día va a juicio una media de tres personas por delitos de corrupción en España

"La justicia siempre llega. Es lenta, pero llega", ha asegurado este miércoles en el Congreso el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ha informado a los parlamentarios de los datos que ponen de manifiesto "la implicación de los jueces en la lucha contra la corrupción".

Solo en los últimos 18 meses se ha acordado llevar a juicio por delitos de corrupción a 1.500 personas en 200 procedimientos penales. Ello arroja una media de tres personas que van al banquillo cada día por delitos de ese tipo, infracciones "que han hecho mucho daño a la credibilidad de las instituciones y a la confianza de los ciudadanos en el propio sistema", ha dicho Lesmes.

"Esos procedimientos son el mejor ejemplo de que nuestros jueces dan en cada caso la respuesta que existe nuestro ordenamiento jurídico, con plenas garantías", según el máximo responsable del Poder Judicial, que reiteró que los jueces están actuando "con plena independencia" y desde el convencimiento de que "la Justicia ha de ser justa, pero no justiciera".

Solo en 2016 los órganos judiciales concluyeron un total de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública, en los que se ha acordado abrir juicio oral o se ha dictado el procesamiento de 659 personas. El análisis de los procesos que se han juzgado desde julio de 2015 permite determinar que el porcentaje de sentencias condenatorias por esos delitos es del 70%.

Lesmes, que ha comparecido en la Cámara para informar de la memoria de actividades del CGPJ, ha indicado que la unidad de apoyo a la tramitación de causas por corrupción, creada por el Consejo en marzo de 2015, ha recibido 41 peticiones de refuerzo, "la mayoría" de las cuales han sido resueltas favorablemente.

Esta unidad publicará en las próximas semanas una guía de actuación en causas complejas por corrupción, elaborada por jueces y fiscales expertos en este tipo de procedimientos. La guía recogerá todos los instrumentos existentes para actuar contra la corrupción tanto a nivel nacional como internacional, así como las buenas prácticas procesales en cada una de las fases del asunto.