![Fotomontaje con las imágenes de José Luis Ábalos, Koldo García y Óscar Puente.](https://s1.elespanol.com/2024/08/23/espana/tribunales/880422844_248669714_1024x576.png)
Fotomontaje con las imágenes de José Luis Ábalos, Koldo García y Óscar Puente.
Ábalos pagó 10 millones de más a la 'trama Koldo' por 4 millones de mascarillas que no se sabe dónde están
La auditoría encargada por Puente apunta a que la contratación de la trama se guió por la oferta presentada y no por las necesidades del MITMA.
24 agosto, 2024 03:22Con tan sólo 38 minutos de diferencia, el exministro de Transportes José Luis Ábalos duplicó la cuantía de un encargo efectuado en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro del llamado caso Koldo.
Con la pandemia de la Covid-19 en su peor momento, Transportes pretendía, en un inicio, adquirir cuatro millones de mascarillas a un precio unitario de 2,5 euros. No obstante, tras la intermediación en el proceso de adjudicación de Koldo García, quien era asesor de Ábalos en aquel momento, el Ministerio acabó adquiriendo ocho millones de cubrebocas (por un valor total de 20 millones de euros).
Así lo refleja el informe posterior a la auditoría interna elaborada por este departamento, encabezado hoy por el ministro Óscar Puente, sucesor de Ábalos. Pero el dosier también arroja un dato relevante sobre la ubicación de las mascarillas: no está acreditado el paradero de, precisamente, cuatro millones de ellas. En otras palabras: existe una "falta de constancia documental de que las mascarillas llegaran a sus destinatarios finales".
La empresa pública encargada de la compra de estos 8.000.000 artículos sanitarios, efectuada al inicio de la pandemia de la Covid-19, fue Puertos del Estado. En su Consejo Rector se sentaba Koldo García durante la era Ábalos.
Según indica el informe, adelantado por EL ESPAÑOL, "no existe constancia documental de la entrega" de cuatro millones de cubrebocas "con destino al sector del transporte terrestre y al personal del MITMA [Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, nombre completo del departamento]".
La auditoría interna no ha podido localizar documentación que constate que fueron entregadas a Correos ni a la Dirección General de Transporte Terrestre.
"A pesar de esta falta de constancia documental de que las mascarillas llegaran a sus destinatarios finales, Puertos del Estado [el ente adjudicador] abonó todas las facturas a Raminatrans [la empresa dedicada a la logística de su distribución]. No consta acto formal de recepción ni de liquidación", expone el dosier.
"Se aprecia falta de control de los cuatro millones de mascarillas con destino al sector del transporte terrestre y al personal del MITMA, dado que se desconoce el número de mascarillas que tuvo uno y otro destino", subraya.
"No consta documentación acreditativa de la retirada individual de mascarillas por parte de los transportistas en las oficinas de Correos", recalca. "Por otra parte, queda documentalmente acreditada la entrega de mascarillas por parte del Ministerio a entidades públicas que no figuran [en la Orden ministerial que decretaba su compra] como destinatarias de las mismas, y cuyas eventuales necesidades, por tanto, no habían sido estimadas, lo que pone de manifiesto de nuevo la falta de justificación del alcance de la emergencia", incide.
El doble de mascarillas
De acuerdo con el citado informe, el Ministerio de Transportes remitió el día de marzo de 2020, a las 19:55h, una orden ministerial firmada por Ábalos para la compra de un máximo de 4 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, investigada como parte de la llamada trama Koldo, sobre la que indaga un juez de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, 38 minutos después, las 20.33h de la misma fecha, Ábalos remitió una segunda orden, en la que duplicaba el importe de este pedido hasta los ocho millones de mascarillas.
Las conclusiones de la auditoría relatan que, de este modo, el ministro Ábalos adaptó el pedido a la oferta que había dirigido al Ministerio la empresa vinculada al caso Koldo, que ascendía a 20 millones de euros (a 2,5 euros cada mascarilla).
De hecho, según relatan el documento, el entonces asesor del ministro Ábalos, Koldo García, había advertido de que "el proveedor [Soluciones de Gestión] suministraba 8 millones o nada".
![Koldo García junto al exministro José Luis Ábalos en una imagen de archivo.](https://s1.elespanol.com/2024/02/21/espana/834426781_240150208_1024x576.jpg)
Koldo García junto al exministro José Luis Ábalos en una imagen de archivo.
Preguntado al respecto por los responsables del servicio de Inspección que han elaborado el informe, el entonces subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, indicó que daba por hecho que las palabras de Koldo estaban respaldadas por el ministro Ábalos. Más aún, cuando comprobó que el propio Ábalos firmaba la segunda orden, emitida pocos minutos después, para duplicar la cuantía del pedido.
"De este modo, pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia, duplicada en tan solo 38 minutos, estaría más relacionada con la oferta existente [la presentada por la trama de Koldo] que con las necesidades detectadas en relación con un tiempo determinado, 15 días naturales, que era en aquel momento (20 de marzo de 2024) el oficialmente previsto para el estado de alarma", concluye el dosier.
Ceses en el MITMA
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el Senado la destitución del subsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, que están citados a declarar el próximo mes de septiembre como investigados ante el juez que instruye el caso Koldo.
Puente ha atribuido ambas destituciones a que se ha producido una "pérdida de confianza" en ambos altos cargos, tras conocer las conclusiones de la auditoría interna que encargó el pasado mes de febrero.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados en el caso Koldo presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través del citado contrato con Puertos del Estado y de otros similares, firmados también con la misma compañía y destinados a proveer material sanitario a la Administración española en lo peor de la pandemia del coronavirus.