Dieciocho días. Es el tiempo que Susana Díaz ha tardado en consumar una crisis de Gobierno que comenzó a planearse nada más perder las primarias del PSOE la pasada noche del 21M, y cuyo objetivo es combatir su debilidad en Andalucía. Tras esta sorpresiva derrota ante Pedro Sánchez, la presidenta andaluza ha hecho cambios de gran calado y ha relevado a los responsables de cinco consejerías de gran peso político como son Educación, Salud, Empleo, Justicia y Agricultura.
La remodelación en el Ejecutivo andaluz ha sido profunda. De las trece consejerías que componen la Junta, cinco consejeros han sido destituidos. Se trata de departamentos claves, que manejan importantes presupuestos y, por tanto, que más afecta al electorado. Muchas de estas políticas han estado en cuestión en los últimos meses: la proliferación de las mareas blancas en Salud; la eliminación de los conciertos con la educación diferenciada que ha tumbado la justicia o los polémicos –y judicializados-- cursos de formación que aún siguen en stand by.
Así, Susana Díaz ha decidido prescindir de Aquilino Alonso, consejero de Salud; Adelaida de la Calle, consejera de Educación y uno de los fichajes estrellas del PSOE en el inicio de mandato; José Sánchez Maldonado, consejero Empleo, Empresa y Comercio; Emilio De Llera, consejero de Justicia e Interior que sobrevivió al anterior Gobierno de José Antonio Griñán; y María del Carmen Ortiz Rivas, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
En ese giro a la izquierda en el que la presidenta de la Junta está centrada, ha reforzado la imagen de Rosa Aguilar, ex militante de IU, que pasa a dirigir el departamento de Justicia e Interior y deja en manos del hasta ahora portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, la consejería de Cultura. Además, mantiene a Manuel Jiménez Barrios (Presidencia), Antonio Ramírez de Arellano (Economía y Conocimiento), María Jesús Montero (Hacienda), María José Sánchez Rubio (Igualdad y Políticas Sociales), Felipe López (Fomento y Vivienda), Francisco Javier Fernández (Turismo y Deportes) y José Gregorio Fiscal (Medio Ambiente).
En total, la presidenta de la Junta ha incorporado a cinco nuevos rostros con perfiles más políticos y experiencia para dar visibilidad a la gestión de la Junta. A partir de ahora cuenta al frente de Educación con la sindicalista de UGT Sonia Gaya; la doctora Marina Álvarez, hasta ahora directora del Hospital Reina Sofía de Córdoba, asume Salud; el malagueño Javier Carnero, exalcalde de Benalmádena, tendrá que lidiar con Empleo y los casos de corrupción que afectan al departamento; el parlamentario autonómico Rodrigo Sánchez se hace con Agricultura; mientras que el periodista Juan Carlos Blanco será el nuevo portavoz del Ejecutivo.
La crisis de Gobierno se produce sólo un día después de que Susana Díaz compareciera en el Parlamento andaluz para debatir sobre el estado de la región y anunciara una batería de medidas basada en las recetas tradiciones del PSOE-A, las políticas sociales y los incentivos. Se trata de otro paso más en la nueva hoja de ruta con la que pretende atrincherarse en Andalucía y mantener la hegemonía socialista en el mayor territorio nacional.
A última hora de la tarde, la presidenta andaluza reunió a los miembros de su Ejecutivo en San Telmo –sede de la Presidencia de la Junta-- para informarles de las destituciones. Y, previamente, mantuvo un encuentro con los ocho secretarios provinciales del PSOE, un trámite prácticamente obligatorio ante cualquier cambio de calado en el Gobierno andaluz, que se esperaba desde la derrota de Susana Díaz en su carrera hacia Ferraz.
La baronesa socialista afronta dos años de difícil legislatura. Aunque cuenta con el apoyo de Ciudadanos para gobernar, lo cierto es que con el resto de la oposición los puentes son inexistentes. El PP es el enemigo íntimo, y el resto de partidos de izquierdas -IU y Podemos- están aprovechando la debilidad política de Susana Díaz para lanzarle fuertes críticas y presentarse como alternativa.
De hecho, la brecha entre el PSOE e IU se ha hecho más grande en estos últimos días después de que la presidenta andaluza propusiera al histórico Diego Valderas, ex coordinador general de IU en Andalucía, ser el Comisionado para la Memoria Histórica. Izquierda Unida se ha opuesto frontalmente y ha presionado a Valderas para que declinara un ofrecimiento, a su juicio, “envenenado”, tal y como ha ocurrido finalmente.
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