Francia envió una alerta en diciembre de 2015 a diversas embajadas en Kabul (Afganistán) avisando del riesgo de un atentado contra personal diplomático extranjero. El mensaje fue emitido el día 11 de ese mes, un viernes. Los responsables de la embajada española lo recibieron, pero no lo leyeron. Horas después, un comando talibán accedió en el edificio, sorprendió a la delegación y mató a dos policías nacionales.
Desde entonces, el contenido de aquel aviso había sido una incógnita para la opinión pública y para el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga al embajador y a su número dos por presunto homicidio imprudente derivado de las negligencias en materia de seguridad. Ahora EL ESPAÑOL ha tenido acceso a ese documento clave que marcará el devenir de la causa judicial.
Mensaje íntegro
El mensaje, escrito en inglés, decía textualmente: “Queridos amigos y colegas. Después del (fallido) ataque suicida cerca de la Embajada de Rusia, sólo una breve información en caso de que no la tengáis: habría 2 SB sueltos, su objetivo son embajadas en o cerca de la Green Zone”. Fuentes especializadas en la materia de seguridad explican que “SB” es el término que se emplea habitualmente en este tipo de comunicaciones para referirse a individuos descontrolados. Otras fuentes lo relacionan directamente con la abreviatura de Suicide Bombers. La Green Zone es la zona de máxima de seguridad en la que se ubica, por ejemplo, la embajada de EEUU.
El origen de la alerta era la Agregaduría de Defensa de Francia en la capital afgana y el primer responsable español en recibirlo fue el ayudante del agregado de Defensa de España en Kabul, un brigada llamado David Enrique Gilarranz. Tras recibir el correo, dio traslado del mismo al número dos de la embajada, el investigado Oriol Solá. “Buenas tarde Oriol, Os reenvío el mensaje que he recibido del Agregado Militar Francés. Un saludo. David”.
Recibido una hora antes del ataque
El contenido de la alerta gala ha sido aportada a la Audiencia Nacional por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa judicial de los diplomáticos españoles. Junto al documento original adjunta un breve comentario de un responsable informático del Ministerio de Asuntos Exteriores para certificar la hora exacta en la que Oriol Solá recibió ese correo: las 16:42:27 (hora local afgana). El atentado se produjo una hora después. El Departamento de Exteriores aporta esta hora pese a que en el correo original aportado al Juzgado figura como hora de envío las 8:12 horas.
Exteriores no precisa en cambio a qué hora remitió Francia el primer correo a todas las embajadas, es decir, desde cuando esa información estuvo en poder de las autoridades españolas. Según la información aportada por la Abogacía del Estado a la que ha tenido acceso este diario, fue a las 13:59:46 del mismo viernes 11 de diciembre. Ni Oriol Solá, ni el embajador Emilio Pérez de Agreda llegaron a leer la alerta con la que podrían haber tomado alguna medida de seguridad o haberla comunicado a los agentes que integraban el equipo de seguridad, entre ellos los dos policías asesinados, Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín.
La versión del Gobierno
Tanto la Abogacía del Estado como el Gobierno español -incluyendo el Ministerio del Interior del que dependían las víctimas- restan importancia a esa alerta y al hecho de que pasara desapercibida para los responsables diplomáticos. Alegan que el mensaje era inconcreto y que alertas como esa eran muy habituales.
Las viudas de los dos policías nacionales rebatieron esa versión oficial en una entrevista concedida a este diario: “Es como si en un centro comercial amenazan con que hay una bomba, el protocolo es evacuar. Si hay otra llamada, vuelven a vaciarlo. Como si hacen 50 llamadas. Esas 50 veces tienes que activar el protocolo de seguridad. No me vale eso de que 'como han avisado tantas veces y no ha pasado nada pues esta vez no hago nada'. Se tiene que hacer siempre”.
Añade la Abogacía del Estado en su último escrito que la embajada española no estaba en la Green Zone, ni en tampoco cerca de ella. Estaba situada en la calle de Wazir Akbar Kahn, pero desde el año 2008 España sabía que no era un lugar seguro tras un informe que en ese sentido realizó el Ministerio del Interior. Desde entonces, Exteriores realizó varias gestiones sin éxito para trasladar su delegación a otro lugar, incluyendo la Green Zone donde ya se encontraba la residencia del embajador. Finalmente se optó por acondicionar el edificio. Los denunciantes sostienen que aquellas obras de refuerzo no fueron suficientes.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, había pedido en varias ocasiones el correo que mandó Francia antes de decidir si atiende la petición de los diplomáticos de archivar el caso o si sigue adelante con sus pesquisas como desean las viudas de los policías y sus compañeros.
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