El día que los Mossos decidieron bajar los brazos

El golpe del mazo contra el cristal acalló por un momento las voces e hizo añicos la madera al primer impacto. A un lado, antidisturbios de la Policía Nacional tiraban la puerta del colegio Ramón Llull abajo. Al otro, medio centenar de personas custodiaba las urnas y cantaba puño en alto un mantra que ha sonado durante toda la jornada en Barcelona: “Somos gente de paz”.

No hubo negociación. El tiempo del mensaje terminó justo cuando la Justicia hablaba. A las 8.30 horas del 1 de octubre, efectivos de la Policía Judicial comenzaban a precintar los recipientes para cumplir con el mandato del TSJC mientras los agentes de la UIP custodiaban tanto su seguridad como su salida. Nada se dejó en manos de los Mossos, que han protagonizado incluso enfrentamientos directos con los operativos durante la jornada del 1-O. Para los operativos sobre el terreno, pesaba y mucho la experiencia del pasado 20 de septiembre, cuando un grupo de agentes de la Guardia Civil quedó atrapado durante 18 horas a merced de una muchedumbre en la sede que la Comisaría de Hacienda tiene en la Ciudad Condal tras la inacción de los Mossos.

Entre gritos y protestas, cada martillazo fue la consecuencia de un acto con hora clave: las seis de la mañana. Todavía con la luna, cientos de personas comenzaron a hacer cola en los principales colegios electorales fijados por la Generalitat. Mujeres, niños, jóvenes y mayores se dieron cita a la puerta de los centros dependientes del Govern y los ayuntamientos colaboradores para ejercer un derecho que nació viciado. El de votar en unas elecciones declaradas ilegales.

Ajenos a los formalismos y tras meses de escuchar a sus dirigentes arengarles en dirección a las urnas,  los allí congregados custodiaron los centros de votación durante la noche y comenzaron a surtir de alimento a los recién llegados sobre las cinco de la mañana. Era importante que el número de los presentes fuera cuantioso. Horas antes, se había filtrado a la prensa la orden de la cúpula de los Mossos: nadie sería desalojado de los colegios si no quería salir de allí por las buenas. Bastaba entonces con acumular una buena cantidad de votantes y defender la posición con resistencia pacífica durante toda la jornada para garantizar que se votaría.

La estrategia se confirmó a las seis de la mañana. Los Mossos d’Esquadra debían clausurar los colegios electorales por orden judicial. En muchos de ellos, los agentes autonómicos fueron despedidos entre aplausos al comprobar que su trabajo se limitaba a levantar un acta a vuelapluma sobre el motivo de su inacción. La calma tensa daba paso a los cánticos y empezó a llover en Barcelona. Justo a la misma hora en la que, desde el puerto, los antidisturbios de la Policía Nacional tomaron rumbo a terminar un trabajo que sobre el papel no les correspondía. El de hacer cumplir las decisiones judiciales en Cataluña.

Llegan las urnas

Pasaron tres horas desde que los Mossos visitaron por primera vez los centros de votación hasta que los colegios abrieron de forma oficial sus puertas. Entre medias, las urnas comenzaron a aparecer con cuentagotas, vitoreadas por aquellos que, cada vez en mayor número, esperaban en la puerta. “Sólo estamos aquí para votar. No tenemos armas de destrucción masiva”, reía una señora entre la multitud en pleno centro de Barcelona. El sonido de la lluvia al caer en su paraguas ahogaba la escena pero no sus ánimos. A su lado, los interventores y apoderados (todos a favor del Sí en la consulta) se colgaban la acreditación al cuello para acceder al recinto. Esa era la escena en un improvisado templo de la democracia que estaba en realidad vetado para cualquiera que no fuera parte de su ceremonia.

Minutos antes, el Govern anunciaba que las mesas electorales tendrían un “censo universal”. Es decir: que cualquier persona podría votar en cualquier mesa. Otra llamada fantasma. Un espejismo de nuevo para que el ciudadano sostenga sobre sí mismo un derecho que formalmente no existe. Un día antes, tal y como reveló EL ESPAÑOL, los agentes de la Guardia Civil habían entrado en el Centro tecnológico de la Generalitat y bloqueado la aplicación informática que hacía posible la conexión remota de todos los ordenadores para acceder al censo. A partir de ahí, sólo les quedaba a Puigdemont y los suyos seguir con la promesa de una herramienta que, como se demostró después, nunca existió.

Primera ofensiva

Pasaban 9.40 de la mañana cuando los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil lanzaron su primera ofensiva. En total, a las 16 horas, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil habían intervenido en al menos 92 colegios requisando el material electoral. Se repartieron el trabajo a partes iguales accediendo a 41 centros en la provincia de Barcelona, 18 en Tarragona, 19 en Lleida y 14 en Gerona. Por su parte, los Mossos d’Esquadra comunicaron haber intervenido en 163 colegios. Sin embargo, los números tienen trampa. No hay una sola imagen de la policía autonómica interviniendo las urnas. Ni en paz ni por la fuerza. Sí las hay, en cambio, de efectivos catalanes plantando cara a los dispositivos de sus homólogos nacionales. Unos hechos que ahora estudia la Justicia por si fueran constitutivos de un de posible delito de desobediencia.

Las escenas más duras se sucedieron en los colegios de Pau Claris y Ramon Llull, ambos en Barcelona. Y se propagaron después por el resto de la geografía catalana. En San Carles de la Rápita, dos vehículos de la Guardia Civil fueron expulsados a pedradas de un colegio electoral por una multitud de gente. Llegó entonces la frustración tras el espejo. La constancia de que la democracia también tiene sus reglas.

Durante su intervención, los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tuvieron siempre la orden de actuar con la mínima violencia posible y utilizar el material antidisturbios sólo en casos contados. Aun así, los servicios de emergencia de la Generalitat cifraban en más de 800 los afectados o heridos por las cargas policiales, casi la mitad, 216,  en la provincia de Barcelona. El más grave, un hombre de 70 años de La Mariola (Lleida) sufrió un infarto al ser desalojado por los agentes del centro electoral en el que se encontraba. El Servicio de Emergencias lo trasladó en helicóptero al Hospital Vall d’Ebron, al que ingresó en estado crítico.

Sobre las once de la mañana se vivió otro de los hechos simbólicos de la jornada, cuando los antidisturbios embolsaron a cerca de 500 personas que esperaban para votar en el colegio Escola Diputació. Frente al cordón policial, el centro cerró sus puertas metálicas y la multitud comenzó a cantar el himno catalán, Els Segaors. Tras 15 minutos de tensión, los efectivos se retiraron de la zona y permitieron que la votación en ese centro se realizara con normalidad. Con toda la normalidad que se puede sin censo, sin control alguno por parte de apoderados, sin interventores de todos los partidos y sin aval alguno por parte de la Justicia o la comunidad internacional.

Seis detenidos, uno menor de edad

Al menos seis personas fueron detenidas a lo largo de la jornada acusadas de resistencia o atentados  la autoridad o desobediencia. Uno de ellos es menor de edad. Además, dos agentes del Instituto Armado y otros nueve de la Policía resultaron heridos. Sin embargo, la presión policial se rebajó pasadas las 12 de la mañana. Fue entonces cuando los efectivos se retiraron a distintas comisarías aledañas de Barcelona a la espera de instrucciones, mientras otra parte del contingente tomaba zonas emblemáticas de ciudades como Hospitalet, con la segunda densidad de población más importante de Cataluña.

El colectivo Escoles Obertes, que desde hacía días organizaba la estrategia para mantener los centros abiertos, pedía sobre las dos de la tarde que la gente no se fuera a casa y alertaba sobre el peligro de que los antidisturbios volvieran a por las urnas en cuanto los centros estuvieran desprotegidos y los muros humanos levantados en sus puertas se hubieran disipado. Mientras, en otras zonas de Barcelona como el Escuela Industrial –una de las más concurridas de la ciudad condal con 14 mesas abiertas- los partidarios de la consulta levantaban una suerte de barricada con vallas de obra y sacos de cemento para impedir la entrada de los antidisturbios.

Poco después, la calma se intercaló con el llamamiento a que la gente volviera a formar muros humanos en la puerta de todas las escuelas de L’Hospitalet, Leixample, Gràcia, (entre ellas La Sedeta, en la que votó la alcaldesa Ada Colau) Badalona, especialmente el centro Baldiri Reixach, Rubí y los cuatro centros de votación de Sant Adriá del Besòs. De forma paralela, una gran asamblea se formaba en la Escola Industrial donde se llamaba a la calma. “Ellos tienen las porras y nosotros las manos”, decía el comunicador megáfono en mano. Dentro, el intento de referéndum proseguía, con las mesas cada vez más vacías .

A una hora de cerrar los colegios, la jornada deja numerosas consecuencias en el Juzgado. Paralelamente a la investigación principal, el juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona tramitaba ya la denuncia de un particular contra los Mossos por inacción, además de otra por lesiones contra la Policía. En el Vendrell, el número 3 investigaba también la denuncia de un ciudadano contra la Generalitat por el uso de sus datos, otra denuncia contra los Mossos por no actuar en un centro de estudios y dos denuncias más por votaciones ilegales. Por su parte, los sindicatos de la Policía Nacional anunciaron en un comunicado que emprenderán acciones legales contra el mayor del cuerpo autonómico, Josep Lluis Trapero.

El 2 de la Seu D’Urgell abrió diligencias por vulneración del auto de la titular del juzgado para que no se utilizaran dependencias públicas en la celebración del 1-O, al igual que en Lleida, donde la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción número 4. Asimismo, en Cerdanyola del Vallés, la Justicia investiga una nueva denuncia contra los Mossos por parte de un particular y otro por un presunto delito de desobediencia contra la policía autónoma. Una actuación similar a la que se sigue también desde entonces en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Coloma.

Por su parte, el Govern de la Generalitat ha presentado ante el juzgado de guardia una denuncia contra los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han participado en el operativo contra el referéndum de independencia, por su "manifiesta perturbación de la paz pública".