Carles Puigdemont le dice a Mariano Rajoy por carta que su oferta de "diálogo" es "sincera", que no entiende otro camino que el del parlamento y la mediación. Propone el acuerdo, siempre y cuando la meta sea la independencia de Cataluña. Además, con un deadline: si en dos meses no ha logrado su objetivo, romperá la cuerda.
En ese "diálogo" empleado por el presidente de la Generalitat para camuflar la reivindicación maximalista de la secesión, se esconden medias verdades y mentiras enteras.
"Diálogo"... con bomba de relojería
El ofrecimiento de Carles Puigdemont marca en rojo el calendario. Dos meses: si no hay acuerdo, habrá independencia unilateral. El "diálogo" condicionado. Aunque el máximo mandatario catalán no especifica en la misiva las consecuencias de incumplir el deadline, su consejero de Interior, Joaquim Forn, se ha apresurado a confirmar que la independencia llegará cuando se confirme el desacuerdo entre las partes.
"Diálogo"... ¿con "toda intensidad"?
"La prioridad de mi Gobierno es buscar con toda intensidad la vía del diálogo". Una aseveración difícil de sostener, teniendo en cuenta que apenas han pasado quince días desde el referéndum sin garantías del 1 de octubre y que las "leyes" que lo propiciaron fueron aprobadas a espaldas de la Constitución. Un pretexto cuanto menos delicado: el líder de la policía autonómica catalana está siendo investigado por sedición.
"Diálogo" por... ¿"la mayoría del pueblo catalán?"
Puigdemont escuda su huida hacia delante en el apoyo de "la mayoría del pueblo catalán", que quiere "emprender su camino como país independiente en el marco europeo".
El president habla de "mayoría", pero en el referéndum que convocó participó un 43% del censo. También utiliza los porcentajes electorales arrojados por las últimas elecciones autonómicas: un 47,7% para las fuerzas independentistas y un 39,1% para los constitucionalistas. Incurre en otro olvido: la mayoría secesionista es sólo de escaños, pero no de votos. Por tanto, la mayoría de los catalanes no votó independencia.
"Revertir" las citaciones judiciales
A Puigdemont le escuece la citación en la Audiencia Nacional de los dos brazos civiles del independentismo -los Jordis que presiden ANC y Omnium- y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Las califica de "represión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña". Pide que se "reviertan".
El president obvia la separación de poderes. Rajoy, aunque quisiera, nunca podría anular el mandato de la Audiencia, que ha imputado a los Jordis y a Trapero por un presunto delito de sedición; en concreto por el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat el día de su registro, que terminó con una secretaria judicial huyendo por los tejados.
El párrafo del delirio
Poco antes de estampar la firma final, Puigdemont dibuja una Cataluña "reprimida" social, policial y mediáticamente. Pide a Rajoy que revierta este paisaje para favorecer la atmósfera del "diálogo": "En el capítulo de la represión también sufrimos, entre otras, la vulneración de derechos fundamentales; la intervención y congelación de cuentas bancarias que impiden que atendamos nuestras obligaciones con las personas más necesitadas; la censura de internet y de medios de comunicación; la violación del secreto postal; las detenciones de servidores públicos; y la brutal violencia policial ejercida contra población civil pacífica el día 1 de octubre".