El Gobierno central asumirá el control de los Mossos d'Esquadra y de la televisión y la radio pública catalanas (TV3 y Catalunya Radio) si el Senado aprueba el acuerdo al que ha llegado esta mañana el Consejo de Ministros para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución.
En el texto del acuerdo se detalla cómo prevé actuar el Ejecutivo en las áreas de Seguridad y Comunicaciones Audiovisuales. No descartan destituir al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, investigado por un presunto delito de sedición, y sustituir al Cuerpo autonómico por efectivos de la Policía y la Guardia Civil.
El texto especifica que los Mossos d'Esquadra deberán obedecer a las "instrucciones directas del Ministerio de Interior", que podrá acordar el despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para apoyar a los Mossos d'Esquadra o "sustituirlos si fuera necesario".
La aprobación de las medidas acordadas hoy por el Consejo de Ministros (con el apoyo de PSOE y Ciudadanos) conllevaría el cese del Consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, quien siempre ha defendido que los Mossos atenderían a las leyes del Parlament de Cataluña a pesar de las decisiones del Tribunal Constitucional.
La policía catalana es la encargada de la seguridad ciudadana y el control de las manifestaciones, que seguramente se intensificarán a partir de la decisión de este sábado. Por eso, la supervisión del Cuerpo catalán se ha convertido en una de las piedras angulares para controlar el desafío secesionista de Cataluña y asegurar la tranquilidad en las calles.
Los Mossos d'Esquadra son un cuerpo funcionarial con 17.000 efectivos que en los últimos meses sufre una división interna. Una parte de ellos apoya al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, investigado en la Audiencia Nacional por su papel en el control policial del asedio a la Consejería de Economía de Cataluña el pasado 20 de septiembre. Otra parte cree que ha expuesto demasiado a los efectivos con su respaldo a las intenciones de Puigdemont.
Desde septiembre, miles de policías nacionales y guardias civiles se encuentran en Cataluña. Una medida excepcional que el Ministerio de Interior tomó para controlar la seguridad ante la escalada independentista y las continuas manifestaciones. La mayoría de ellos pertenecen a las unidades móviles del Cuerpo, los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), que se han sumado a los 6.000 efectivos que prestan servicio durante todo el año en Cataluña.
Control de TV3 y Catalunya Ràdio
El Gobierno también prevé hacerse con el control de los medios de comunicación públicos catalanes y el Área de Telecomunicaciones desde donde se controlan los sistemas informáticos de la Generalitat.
Al amparo del 155, el Gobierno tomaría el control de la principal arma propagandística de los impulsores del independentismo: la televisión. Según explican en el acuerdo hecho público esta mañana, designarán a las personas competentes para hacerse cargo "del ejercicio de las funciones de la Generalitat relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales". Se garantizará, según expone el texto, "la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial".