¿Cuerda de presos? De qué se acusa a los 20 líderes independentistas

Los protagonistas del desafío independentista empezarán a desfilar este jueves por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Todos han sido acusados de rebelión (castigada con hasta 30 años de cárcel), sedición (15 años) y malversación de caudales públicos (8 años) por desobedecer al Constitucional y emplear el dinero de los catalanes en promover las leyes de desconexión, por celebrar el referéndum ilegal de 1-O y por haber proclamado unilateralmente la independencia el pasado 27 de septiembre.

A expensas de que los instructores decidan qué delito atribuye a cada investigado y en qué grado, las penas solicitadas superan los 500 años de cárcel en total y la fianza solicitada los 6 millones de euros. Hoy mismo algunos podrían ingresar en prisión de manera preventiva, como sucedió a los Jordis -Sánchez y Cuixart-, recluidos desde el 16 de octubre.

La huida de Carles Puigdemont a Bélgica y su negativa -anunciada- a comparecer podría decantar la adopción de medidas cautelares para el resto de implicados, que -en principio- no tienen pensado eludir su cita con la Justicia.

Por un lado, Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros han sido citados a declarar este jueves a las 9.00 horas en la Audiencia Nacional por la juez Carmen Lamela. Media hora más tarde y a escasos 200 metros, en el Tribunal Supremo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara catalana adscritos a Junts Pel Sí -Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet- y a Catalunya Sí Que Es Pot -Joan Josep Nuet- declararán ante el magistrado Pablo Llanera en calidad de investigados por los mismos delitos.

Las declaraciones se realizan en tribunales distintos porque los miembros de la Mesa del Parlament conservan su condición de aforados, pese a la disolución de la Cámara, por pertenecer a la Diputación Permanente de la Cámara catalana. Es decir, en principio es el TSJ catalán el que tiene competencia para juzgarlos, pero la causa fue elevada al Supremo porque el fiscal considera que sus delitos tienen una dimensión que trasciende el ámbito de Cataluña.

Fianza o embargo

Lamela se adelantó al Tribunal Supremo y fijó una fianza de 6,2 millones de euros para el pago de las responsabilidades civiles a las que tendrán que hacer frente si fueran condenados. La cantidad es la señalada en la querella interpuesta por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y corresponde al presupuesto asignado por la Generalitat a "consultas populares". Si no depositan esa fianza en el plazo de tres días se les embargarán los bienes. Los veinte investigados responderán solidariamente de esta fianza.

Un Govern investigado

El Fiscal General se querella contra los 14 miembros del Consell Executiu de la Generalitat, conocidos habitualmente como el Govern: Carles Puigdemont y los otros 13 consejeros, incluyendo al vicepresidente Oriol Junqueras. Algunos de los consellers querellados eran también diputados hasta la disolución del Parlament, el pasado 28 de octubre. Se trata de Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionles y Transparencia), Toni Comín (Salud), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos sociales y Familia).

Otros no tenían escaño en la cámara catalana durante esta legislatura, pero formaban igualmente parte del Govern. Son Meritxell Borràs (Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda), Clara Ponsatí (Enseñanza) Joaquim Forn (Interior), Lluís Puig (Cultura), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento). Este último dimitió la víspera de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), pero hasta ese día formó parte del Govern y tuvo parte en hechos que el Fiscal General del Estado considera que igualmente podrían acarrear la condena por rebelión, por sedición, por provocación, conspiración y proposición para cometer el delito de rebelión o sedición y por malversación.

Decisiones colegiadas

El Fiscal General fundamenta su querella en hasta 29 hechos investigados. La mayoría son decisiones colegiadas del Govern que afectan a todos y por los que la Fiscalía ve una responsabilidad compartida. Entre ellos están el decreto de convocatoria del 1-O o actividades concretas para celebrarlo y que corresponden a Borràs (Gobernación, Adeministraciones Públicas y Vivienda), Turull (Presidencia), Rull (Territorio) o a Ponsatí (Enseñanza) por los colegios electorales.

Pero también hay una larga relación de declaraciones públicas, discursos y pronunciamientos hechos en redes sociales en la lógica de promover la insumisión contra el Estado o la declaración de la independencia.

¿Alzamiento violento?

Durante las últimas semanas se ha teorizado mucho sobre si el delito de rebelión es de aplicación, ya que se refiere a “los que se alzaren violenta y públicamente”. En su argumentación, la Fiscalía justifica que el enunciado del Código Penal no se refiere a la violencia “tanto por los medios empleados en su ejecución, sino por el bien jurídico protegido. La necesidad de proteger el orden público sustentado por quienes aplican las leyes, propia del delito de sedición, es superada en el delito de rebelión por la necesidad de proteger los cimientos del Estado de Derecho”. “La violencia que requiere el tipo no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, dice la querella.

Puigdemont, el 'jefe'

El expresident es protagonista de muchos de los hechos investigados, además de como miembro del Govern, como su principal responsable. El fiscal incluye muchas de sus declaraciones en favor de la independencia que, para él, fundamentan el cargo de rebelión o sedición.

Entre ellos está el anuncio de la pregunta para el referéndum, hecho por él, sus posicionamientos en favor de un Ejército propio y política de Defensa “absolutamente indispensables”, la firma de la declaración sin membrete donde él y los demás diputados independentistas declaraban la independencia o incluso el mensaje del pasado sábado, desde Girona, hecho como president y difundido por la Generalitat. Pero hay muchos más.

Junqueras, colaborador necesario

Junqueras aparece sobre todo como corresponsable de los hechos investigados, ya que el exvicepresident se ha cuidado mucho de no estampar su firma en solitario en actos relativos al procés. Sin embargo, sí pidió con Puigdemont a los Ayuntamientos que pusiesen a disposición del 1-O locales municipales, por ejemplo.

El Fiscal también lo sitúa en las manifestaciones contra la presencia de Guardias Civiles en Cataluña, que conllevaron insultos y en algún caso violencia físical, por alentarlas. Además, recuerda que él fue uno de los consellers encargados de anunciar los resultados del 1-O. “ Con la firma y presentación de este documento, los tres Consellers querellados, en frontal rechazo al orden constitucional y al Estado de Derecho, estaban dando el último paso para cumplir con la declaración formal de la independencia de Cataluña”, señala la Fiscalía.

Forn, al mando de los Mossos

El exconseller Joaquim Forn también es protagonista de muchas páginas de las 118 de la querella de José Manuel Maza. “La declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d´Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”, señala el fiscal.

“La Policía Nacional y la Guardia Civil vienen a Cataluña a alterar el orden”, llegó a decir Forn en público. “Estos mensajes que dejaban vislumbrar una actitud proactiva de la policía autonómica ante el referéndum fue confirmado por el Conseller de Interior días después de su celebración cuando, ante la pregunta sobre la pasividad de la actuación de los Mossos para impedirlo, calificó de “impecable” la actuación de los Mossos ese día y confirmó que “cumplieron con las instrucciones recibidas”, señala el texto.

Romeva, la rebelión ante el mundo

El exconseller de Exteriores, Raül Romeva, está también bajo el foco de la Fiscalía por la utilización de recursos públicos y estructuras de la Generalitat para defender el referéndum, alertar de las consecuencias y cambiar el clima de opinión internacional.

Entre otros ejemplos está la articulación del voto desde el exterior de cara al 1-O, de las actividades de Diplocat, la agencia diplomática catalana, los documentos redactados y remitidos a Gobiernos extranjeros o de la participación en debates y discursos de los delegados de la Generalitat en el mundo promoviendo la insumisión ante el Estado.

Los miembros de la Mesa

La Fiscalía acusa a Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las leyes de desconexión -Ley del Referéndum y Ley de Transitoriedad-, el debate de la declaración unilateral de independencia y por haber participado en su votación.

De hecho, sobre los miembros de la Mesa que se opusieron a tramitar las citadas leyes de desconexión y a participar en la votación de la DUI, José María Espejo-Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), no pesa acusación alguna.

La Fiscalía atribuye a todos los miembros de la Mesa acusados los mismos hechos delictivos -es un órgano colectivo-, si bien en la querella se detiene más en la figura de la presidenta.

La 'apisonadora' Forcadell

José Ángel Maza sostiene que Forcadell, diputada de ERC, tramitó la declaración unilateral de independencia pese a ser “plenamente consciente” de la “palmaria y evidente inconstitucionalidad” de esta iniciativa. Forcadell ya está imputada por el TSJC por permitir el debate de las leyes de desconexión los días 6 y 7 de septiembre, pero en este procedimiento los delitos que se le atribuyen no implican penas cárcel.

La Fiscalía mantiene que Forcadell ha “violado” y hecho “tabla rasa” de los derechos de los parlamentarios y le atribuye también una “arbitraria” interpretación del Reglamento de la Cámara con el objetivo de “dar una falsa apariencia de legalidad a un proceso de demolición del ordenamiento constitucional”.

Forcadell se reunió este miércoles con el resto de querellados y sus abogados y confirmó que asistirá a declarar en el Tribunal Supremo. Aunque en principio estaba previsto que fuera a declarar arropada por partidarios de la causa secesionista, la ANC y Òmnium desconvocaron este miércoles a sus socios y simpatizantes. 

El secretario tercero de la Mesa y diputado de Catalunya Sí Que Es Pot votó en contra de la admisión a trámite de la declaración de independencia y de la propia DUI. Sin embargo, sobre él pesan los mismos delitos que sobre el resto de los miembros de la Mesa.

Ahora está por ver si la precampaña del 21-D empezará antes de tiempo... en los juzgados.