Así confesó Rodríguez Sobrino las mordidas del Canal: "A nadie le amarga un dulce"

"Yo no buscaba una pastelería, pero a nadie le amarga un dulce". Así, como si de un atracón de azúcar se tratara, Edmundo Rodríguez Sobrino reconoció ante la Audiencia Nacional el cobro y reparto de casi cinco millones de euros públicos en comisiones procedentes del Canal de Isabel II. En su declaración como arrepentido, que ha permanecido bajo secreto hasta ahora, el hombre que controló los negocios del Canal en Latinoamérica confirmó además una de las principales tesis de esa investigación: que al menos 900.000 euros de ese dinero estaban destinados al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. 

En su declaración voluntaria ante la Justicia, celebrada el pasado verano y que duró más de cuatro horas, Rodríguez Sobrino mantiene que fue el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro quien le informó textualmente de que parte del dinero que le sería transferido desde Suiza (900.000 euros) eran en realidad para Ignacio González. Y que el presidente de la Comunidad de Madrid "algún día" se lo pediría. Rodríguez Sobrino guardó la parte de González en una sociedad pantalla en Panamá, y allí seguía hasta que fue localizada por la Justicia. 

El relato del exdirectivo del Canal, decidido ahora a colaborar con la investigación, confirmaría una de las principales tesis de la Fiscalía: que González colocó a varios testaferros para proteger su patrimonio oculto tras la investigación abierta por su ático en Marbella. Fue en enero de 2013 cuando la Justicia abre de forma oficial una investigación sobre el duplex de lujo que González y su mujer tienen en la Costa del Sol. Y es en noviembre de 2013 (once meses después), cuando Rodríguez Sobrino reconoce que se planifica la operación para que el dinero de González sea enviado a sus sociedades desde Suiza. 

Según la tesis de los investigadores, el expresidente de la Comunidad de Madrid habría utilizado para ocultar su patrimonio ilegal una técnica habitual entre los capos que lideran las organizaciones mafiosas; la de no tener nunca esos fondos a su nombre pero controlarlos bajo su capacidad de influencia. Nadie robaría a un Vor V Zakone (ladrón de ley) ruso que condena esas conductas con la muerte de toda una familia. Y con esa misma tesis, nadie robaría fondos a Ignacio González, aunque no estén a su nombre, si su puesto de trabajo o las licitaciones de las que vive su empresa dependen de la firma o la influencia del político madrileño.

Eso motiva, según los investigadores y las declaraciones de varios testigos, que la estructura se repita en las dos principales operaciones investigadas en el caso Lezo: por un lado, el empresario Adrián de la Joya reconoce que los responsables del grupo Villar Mir le enviaron 1,4 millones de euros a Suiza en 2007 para que fueran entregados a Ildefonso de Miguel, estrecho colaborador de Ignacio González.

Por otro, es el arrepentido Edmundo Rodríguez Sobrino quien relata una operación muy similar, esta vez con él mismo como intermediario. 

Dos empresas en Panamá

Rodríguez Sobrino, que se encontraba entonces en prisión preventiva desde el 21 de abril de 2017, reconoce ante el juez  el interés de Ignacio González en que el Canal de Isabel II compre una sociedad en Brasil. La operación es propuesta por una constructora que viene de su mano y se replantea después para comprar el 75% de la sociedad por 21,4 millones de euros. Es en esa segunda fase cuando según su testimonio, entra en juego Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta, que según Rodríguez Sobrino llega también de la mano de González. 

El exdirectivo del Canal reconoce entonces que las comisiones por la compra de Emissao fueron pactadas de antemano, y que las valoraciones para aprobar la operación, fraudulentas según la Fiscalía, le fueron entregadas por la misma persona que pactó esas mordidas. En el reparto y según esta versión, fue Luis Vicente Moro quien le informó que cobraría desde Suiza el doble de la cantidad acordada, y que debía guardarla a buen recaudo hasta el momento en el que Ignacio González se la solicitara. 

Rodríguez Sobrino reconoce que el dinero fue separado entonces y guardado en dos sociedades en Panamá. En la primera, custodió su parte de la comisión y la invirtió en distintos productos financieros. En la segunda, guardó la mordida que presuntamente iba destinada al expresidente de la Comunidad de Madrid, que según esta versión, nunca llegó a solicitarle el dinero.