Junts per Catalunya, ERC y la CUP siguen sin ponerse de acuerdo para investir en el Parlament a un nuevo president de la Generalitat. El tiempo corre desde el 22 de marzo, cuando se celebró la primera votación de investidura del diputado de JxCat Jordi Turull, que la CUP abortó al abstenerse. Entonces el reloj comenzó una cuenta atrás que termina el 22 de mayo. Si ese día no hay un nuevo president, se repetirán las elecciones. 

Mientras, en el Parlament se debaten resoluciones políticas sin consecuencias jurídicas en las que se ve que para denunciar las actuaciones del Tribunal Supremo o de la Policía, sí hay una mayoría clara y articulada. En algunas de ellas, como la que defendía los derechos políticos de los refernetes en prisión, los tres partidos independentistas han logrado incluso el apoyo de Catalunya en Comú Podem. 

Tras conocerse la detención de varios miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de delitos de rebelión y terrorismo por los cortes de vías de comunicación esta última Semana Santa, portavoces de los tres grupos parlamentarios comparecieron en rueda de prensa en el Parlament para anunciar un nuevo texto que reivindicará a estos colectivos. 

"Cívicos, pacíficos y democráticos"

Según Francesc de Dalmases, diputado de JxCat, con las detenciones, el Estado demuestra "cómo reprime a la gente que piensa pero que piensa diferente". Según él, los colectivos que cortan carreteras, vías de tren o protagonizan refriegas callejeras con los Mossos d'Esquadra son "estrictamente cívicos, pacíficos y democráticos", y se enmarcan en los "movimientos no violentos" sin los que no se entenderían los derechos civiles logrados en el siglo XX. 

Para Rubén Wagensberg, de ERC, en España "cortar una autopista es más grave que un atentado terrorista". Las detenciones le recuerdan a "persecuciones más propias de otras épocas". 

Natàlia Sànchez, de la CUP, fue la encargada de anunciar una moción "para que el Parlament se posicione" y "se solidarice con los CDR" al tiempo que se "denuncie la persecución". 

Las detenciones provocaron rechazo en los partidos independentistas, satisfacción en Ciudadanos y PP y perplejidad en el PSC y Catalunya En Comú Podem por los graves delitos imputados. Para la alcaldesa de Barcelona se trata de una "barbaridad y además una banalización del terrorismo" aplicarle esos tipos penales. Para el PSC, los sabotajes de vías de comunicación deben ser objeto de persecución penal, pero no bajo supuestos de rebelión o terrorismo. 

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