JxCat simula otro intento de investir a Puigdemont con tiempo para que el TC lo aborte

Cuando parecía que Junts per Catalunya podía encarar la investidura del nuevo president de la Generalitat desde la vuelta a la legalidad para abrir un tiempo nuevo en Cataluña, Carles Puigdemont decidió mantener el pulso al Estado.

El grupo parlamentario del expresident ha decidido prolongar la provisionalidad y la permanencia del artículo 155 de la Constitución y plantear de nuevo la investidura de Puigdemont, en este caso a distancia y gracias a la reforma de la Ley de Presidencia aprobada este viernes por el Parlament. 

El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, compareció este sábado en Berlín para anunciar la decisión. "Nuestra idea es investir al presidente Puigdemont, el que hemos dicho que es el presidente legítimo y el que sale del mandato de las urnas del 21-D, aprovechando la reforma de la Ley de Presidencia, el día 14 de mayo de 2018", dijo, añadiendo en otros momentos que podría hacerse "antes" de esa fecha, que sería el tope. 

El proceso a partir de ahora

El reloj corre desde que el pasado 22 de marzo se produjera la, de momento, única votación de investidura. Fue la del exconseller de presidencia Jordi Turull, y fue abortada por la CUP, que se abstuvo, dejándole sin los votos necesarios. En ese momento comenzó el plazo de dos meses para elegir a un nuevo president antes de que el Parlament tenga que disolverse y los catalanes deban volver a las urnas de nuevo. La fecha tope para una investidura es el 22 de mayo y, con el plazo que se ha dado JxCat, si Puigdemont no es investido el día 14, quedarán ocho días para buscar a otro aspirante o forzar elecciones. 

La fecha anunciada por Pujol se antoja muy generosa porque da un plazo muy amplio al Gobierno para presentar un recurso contra la Ley de Presidencia, que ya ha anunciado que interpondrá, y al Tribunal Constitucional para reunirse y suspender el vigor de la reforma.

Hay pocas dudas entre los juristas de que la ley será anulada. El Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña (cuyos miembros han sido nombrados por mayorías parlamentarias nacionalistas) ha dicho que la reforma para investir a Puigdemont a distancia viola el Reglamento del Parlament, el Estatut y la Constitución. Lo mismo piensan los letrados del Parlament y el Gobierno central. 

En este momento, el Ejecutivo está a la espera de un dictamen preceptivo del Consejo de Estado, que podría llegar a comienzos de semana, para reunir al Consejo de Ministros y remitir al Constitucional su decisión final.

Se espera que el alto tribunal admita a trámite con rapidez el recurso del Gobierno, mucho antes del 14 de mayo. En ese momento, la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat quedaría inmediatamente suspendida, con lo que Puigdemont no podría ser investido. 

¿Por qué no antes?

Entonces, ¿por qué no tratar de investir a Puigdemont cuanto antes, en cuestión de días, y esperar más de una semana para intentar un pleno de investidura que ya no podría celebrarse porque la ley que lo permitiría estaría suspendida? 

Las explicaciones más obvias son dos: que Puigdemont apura los plazos para poder justificar ante la opinión pública la investidura de otro candidato por una situación urgente y extrema; o que el expresident, huído de la Justicia española en Berlín, no tiene en realidad ninguna intención de dar un Govern a Cataluña y prefiere jugárselo todo de nuevo en las urnas.

En unas nuevas elecciones podría aumentar su mayoría y distancia sobre ERC, partido con el que las relaciones son gélidas, pero también hacer que el independentismo pierda la mayoría absoluta de la que ahora dispone. En cualquier caso, él seguiría pilotando el proceso. Con un nuevo president, su poder pasaría a ser simbólico y, por lo tanto, menor. 

La tesis de las elecciones cobra fuerza si se hace caso a Pujol, que avanzó que si el TC impide al Parlament investir a Puigdemont, volverán a proponer a Jordi Sànchez, que tampoco puede asistir al debate de investidura. 

Pujol también anunció un "comisionado para superar el artículo 155", que se impulsaría "desde el Govern" (aunque en estos momentos la Generalitat está intervenida por el Gobierno central) y una comisión de investigación en el Parlament sobre la aplicación de las medidas que desarrollan el artículo constitucional.