Imputan por agresión sexual a Rodrigo de Santos, exconcejal del PP condenado por abusos a menores

El concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma entre los años 2003 y 2007, Javier Rodrigo de Santos, condenado a 5 años de cárcel en 2010 por varios delitos de abusos sexuales a menores, está siendo investigado por un nuevo asunto de delitos sexuales.

Rodrigo de Santos es investigado por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid por haberse servido presuntamente de un puesto en una ONG para coaccionar a dos presos en tercer grado y obligarles a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su libertad a Instituciones Penitenciaria.

El exconcejal fue detenido el pasado 5 de diciembre en Madrid tras la denuncia presentada por dos presuntas víctimas que denunciaron los hechos, según una información publicada por eldiario.es.

Uno de los acusados declaró a la Policía que mantuvo relaciones sexuales en varias ocasiones con el investigado bajo la coacción de que redactaría informes negativos para Instituciones Penitenciarias.

El otro denunciante se negó a mantener relaciones íntimas y ha aportado a la Policía los WhatsApp entre él y Rodrigo de Santos. La causa está en fase de instrucción y el investigado se encuentra en libertad con medidas cautelares.

Rodrigo de Santos comenzó como voluntario en Horizontes Abiertos, después cubrió una vacante de manera temporal y más adelante fue el responsable de uno de los programas que desarrolla esta ONG con presos.

Apartado de la ONG

Desde la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, su directora, Celia Ordóñez, ha destacado a Efe que Rodrigo de Santos "fue apartado de la Fundación en su momento". Sobre esta nueva acusación, Ordóñez ha señalado que se pronunciarán cuando haya una resolución judicial en firme porque que de momento "no se puede tomar ninguna decisión".

Ha recordado que esta Fundación tiene más de 40 años de actividad y su labor se centra a ayudar a las personas en las cárceles, a enfermos, drogodependientes y madres con hijos pequeños y sin hogar, entre otros colectivos.

En julio de 2010, el Tribunal Supremo (TS) rebajó de 13 años y medio a 5 años de cárcel la condena impuesta al exconcejal del PP por varios delitos de abusos sexuales a menores y un delito contra la salud pública.

En septiembre de 2009 fue condenado a 2 años de prisión y cuatro de inhabilitación por haber pagado con una tarjeta del Ayuntamiento de Palma gastos en varios clubes de alterne de Palma y Madrid por valor de 51.377 euros.