El Gobierno subraya que las 'cintas de Corinna' ya “están en sede judicial” y “no afectan al actual jefe del Estado”

Las revelaciones sobre las actividades del rey Juan Carlos I, que según su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein cobró comisiones por favorecer a empresas españolas y tenía numerosos bienes en el extranjero a nombre de terceros, han sido vistas por el Gobierno con perplejidad, cuando no espanto. 

Varias fuentes del Ejecutivo reconocen que las grabaciones que esta semana ha publicado EL ESPAÑOL no solo dejan mal al rey emérito sino al director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y a las estructuras de seguridad y élites del Estado. 

Los asuntos relacionados con la falta de ejemplaridad de miembros de la familia del rey son especialmente delicados para cualquier Ejecutivo, pero más para el socialista, cuya supervivencia depende de partidos como Podemos, abiertamente republicano, y varias formaciones nacionalistas incluyendo las independentistas catalanas, que han declarado persona non grata en Cataluña. 

Fuentes oficiales del Gobierno restan importancia al contenido de las conocidas como 'cintas de Corinna'. "Son grabaciones antiguas", explican. Sin embargo, las mismas fuentes recuerdan que las cintas "están en sede judicial". 

Aunque Moncloa no aclara en qué sumario, numerosa documentación fue incautada al excomisario José Manuel Villarejo en el transcurso de la Operación Tandem a principios de noviembre de 2017 en una operación coordinada por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Sería pues la Audiencia Nacional la que tendrá que analizar su contenido y dar salida a las investigaciones. El rey emérito está aforado, por lo que cualquier investigación sobre él tendría que dirimirse en el Tribunal Supremo.

El Gobierno recalca también que las cintas "no afectan al jefe del Estado, Felipe VI". Esa es la principal responsabilidad del Gobierno, ya que según el artículo 56.3 de la Constitución, los actos del jefe del Estado "estarán siempre refrendados" por el Ejecutivo, sin cuyo aval el rey Felipe no puede tomar decisiones, según el ordenamiento jurídico español. 

El Gobierno, pues, se pone de perfil ante las revelaciones ya que, si a alguien corresponde investigarlas es a la Justicia. Según los técnicos de Hacienda asociados en Gestha, el rey emérito debería ser investigado por fraude fiscal y blanqueo. 

Este miércoles, dos ministras fueron preguntas por las cintas de Corinna. María Jesús Montero, en sede parlamentaria, que evitó contestar al diputado del PDeCAT Ferran Bel, y Dolores Delgado, de Justicia, que dudó varios segundos para asegurar que no tenía "criterio" sobre el asunto.

Sin embargo, Delgado recordó que el rey puede ser procesado, ya que al dejar de ser jefe de Estado tras la abdicación de la Corona en 2014, pasó a ser aforado. Esa protección evita que cualquier tribunal ordinario pueda investigarle o juzgarle, pero las salas de lo Civil y lo Penal del Tribunal Supremo sí podrían actuar contra él. Eso sí, por delitos cometidos después de su reinado.