La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, no consultó a los letrados de la Cámara en la decisión sobre la aplicación del reglamento y la Constitución más controvertida de los últimos tiempos.
Pastor presidió durante más de dos horas una tensa reunión acerca del atajo parlamentario utilizado por el Gobierno, a través del Grupo Socialista, para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria y así poder remitir unos nuevos objetivos de déficit y deuda (la antesala de los Presupuestos para 2019), que se salten el veto del PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Esos nuevos objetivos son vitales, ya que permitirían a Pedro Sánchez presentar unos presupuestos expansivos y llevar adelante sus políticas con 6.000 millones de inversión extra.
La iniciativa socialista es polémica. Fue presentada aprovechando que se tramitaba otro texto que nada tenía que ver y fue hecho así ante la negativa de la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno parlamentario en manos de PP y Ciudadanos, a tramitar la reforma legal por la vía de urgencia y la lectura única. En otras palabras: una manera de agilizar el procedimiento para poder presentar los Presupuestos de 2019 a tiempo, según los socialistas. El PP lo consideró un atropello al Senado y la Mesa del Congreso. "Estamos en el inicio de Venezuela en el Parlamento español", dijo la semana pasada Dolors Montserrat, portavoz del PP.
¿Quiénes tienen razón, el PP y Ciudadanos o el PSOE y Unidos Podemos? El debate de este lunes se saldó con una votación en la que el PP, con tres puestos en la Mesa, y Ciudadanos, con dos, se impusieron a los cuatro del PSOE y Unidos Podemos, que cuentan con dos cada uno.
Reglamento y Constitución
Ambas posturas aseguraron basarse en el reglamento de la cámara y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, sorprende que un órgano como la Mesa, que debe ser en teoría un órgano técnico y uno uno político, puesto que se dedica básicamente a revisar que se cumplen los procedimientos, se haya dividido en dos de manera tan ideológica.
"No debemos comportarnos como políticos, pero somos políticos y la política también es personal cuando se llega a extremos como estos. Por eso es incomprensible que la presidenta no haya atendido nuestra petición de recurrir a los letrados, que no son de ningún partido", explica uno de los cuatro miembros de la Mesa que este lunes perdieron frente a Pastor.
Pero es la presidenta del Congreso la que ordena el debate, da y quita la palabra. Cuando PSOE y Unidos Podemos le pidieron que consultase a los letrados, ella respondió que no hacía falta habida cuenta de toda la documentación disponible. Es habitual que los letrados den su punto de vista cuando hay dudas y muchas veces, cuando la ocasión es importante, se hace por escrito. Entre otras cosas, están precisamente para asesorar con conocimientos jurídicos en caso de fuerte discrepancia.
Pero las fuentes consultadas aseguran que Pastor no quiso consultarles y tampoco les dio la palabra para que se expresasen de forma verbal, algo menos habitual en cuestiones de calado pero que no hubiese sido una novedad.
Fuentes cercanas a Pastor explican que en la comisión de Justicia, presidida por la socialista Isabel Rodríguez, la Mesa no consideró necesario consultar a los letrados pese a las peticiones de PP y Ciudadanos. Si la socialista no consideró necesario, ¿por qué iba a considerarlo la popular?
En el PSOE y Podemos sencillamente no dan crédico. Creen que Pastor ha pasado de desatender el criterio de los letrados, que propusieron sin éxito derivar a la Junta de Portavoces la decisión sobre la urgencia a principios de mes, a ni siquiera consultarles. Por ese motivo, ahora el Gobierno y sus socios se plantean todo tipo de alternativas.
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