El plante de Casado prueba que Sánchez es rehén de ERC y deja sin papel a Vox

Pablo Casado acudió a la llamada de Pedro Sánchez en Moncloa con una generosa oferta que quedó supeditada a una única exigencia: que el presidente del Gobierno rompa la mesa de negociación que ha abierto con el Govern para desatascar la crisis en Cataluña. Era la séptima vez que el líder de la oposición se veía con el jefe del Ejecutivo desde que Sánchez llegó a Moncloa en junio de 2018, y en esta ocasión no quería ser señalado como el culpable del bloqueo. 

El PP quiso poner al Gobierno entre la espada y la pared y, por ofrecerle, le ofreció hasta negociar los Presupuestos si Sánchez daba un portazo a los socios independentistas con los que sacó adelante las dos investiduras. Casado desplegó una batería de medidas con la que está dispuesto a dar estabilidad al país, resolver "los problemas de la gente", y brindó apoyo  al jefe del Ejecutivo para que el jueves negocie en Bruselas "aunque sea a cara de perro" un presupuesto europeo que beneficie a "agricultores, ganaderos o pescadores, por las provincias que necesitan fondos de cohesión".  

Con este movimiento, Casado busca erigirse como el verdadero y único líder de la oposición que es capaz de ofrecer pactos de Estado a cambio de devolver la estabilidad al país. Al mismo tiempo, el líder del PP busca también achicar el terreno a Vox, el partido de Santiago Abascal que amenaza con acabar con la única mayoría absoluta que aún conserva el Partido Popular: la que el gallego Alberto Núñez Feijóo peleará el 5 de abril.

Pactos que necesitan mayorías de tres quintos

Casado es consciente de que si desecha esta oportunidad, el Gobierno podrá reeditar pactos a partir de ahora que necesiten de la mayoría absoluta del Congreso con sus socios de investidura, pero será imposible renovar aquellos órganos constitucionales que necesitan el visto bueno de las tres quintas partes del Congreso, una mayoría que obligatoriamente incluye al Partido Popular en la ecuación para que salga adelante. 

Desde diciembre de 2018 está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes y que saltó por los aires cuando EL ESPAÑOL publicó un mensaje enviado por el entonces portavoz del Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de que su partido iba a controlar el Supremo y el CGPJ con el nombramiento de Manuel Marchena, que con la polémica renunció a ocupar el cargo y, de momento, sigue sin cerrarse. 

Los dos partidos con mayor representación parlamentaria deben ponerse de acuerdo también para nombrar al sustituto de Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo en funciones desde julio de 2017. El Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los españoles necesita el consenso de tres quintas partes del Congreso para su nombramiento.

Menos urgente pero no por ello menos necesario es también el nombramiento de los consejeros del Tribunal de Cuentas, aunque el organismo fiscalizador no está aún en funciones. Sus doce consejeros son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos por cada una de las cámaras por un período de nueve años. 

Tras la reunión entre Casado y Sánchez, que el líder del PP calificó de "cordial" y "fructífera", el Partido Popular y el Gobierno se han cruzado sendos reproches sobre quién tiene la culpa de mantener intacto el bloqueo en el país. Ninguno quiere cargar con la culpa de no avanzar en los temas que realmente importa a los españoles.

"Rehenes" de las instituciones

El Gobierno llegó a acusar a Casado de utilizar de "rehenes" a instituciones clave como el CGPJ y Casado, por su parte, dijo que era un gesto "inédito" ofrecer apoyo para sacar adelante los presupuestos a cambio, eso sí, de que Sánchez bloquee el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado y que garantice la inhabilitación de Quim Torra, además de cerrar ipso facto la mesa de negociación abierta con el Govern.

Casado dice que ahora "la pelota está en el tejado de Sánchez", pero en el PP son conscientes de que es "misión imposible" que el jefe del Ejecutivo haga una enmienda a la totalidad a su estrategia de Gobierno y a su política económica. Los conservadores también le han pedido renunciar a implantar subidas impositivas como la tasa Google o que renuncien a modificar la reforma laboral que puso el PP en marcha con el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Otros órganos que necesitan mayoría absoluta

Si rechaza las exigencias del PP, Sánchez tendrá que mantener sin renovar algunos de los órganos más importantes del Poder Judicial. Sin embargo, podrá sacar adelante con la mayoría absoluta con la que se convirtió en presidente del Gobierno la renovación de otros órganos que también están en funciones como Radio Televisión Española, donde Rosa María Mateo llegó apenas un mes después de que el PSOE se hiciera con el poder. La ahora administradora única de RTVE ha recibido en este año y medio un aluvión de críticas por su forma de dirigir la televisión pública y ponerla al servicio del Gobierno. 

Otras cúpulas de empresas públicas pendientes de renovación, estas sin necesidad del visto bueno del PP, son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), del Consejo Económico y Social (CES) o el nombramiento del nuevo presidente del Consejo Económico y Social (CES). Además, el Gobierno deberá elegir a quién coloca al frente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (Airef) tras fichar a su presidente José Luis Escrivá como ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.