¿Crímenes tapados por el coronavirus? La Policía sabe que no es la trama de una novela

Durante uno de los meses de marzo más cálidos que se recuerdan, en 2005, la formación de tornados y tormentas de gran potencia castigó con fuerza muchas zonas de Estados Unidos. Una de estas grandes tormentas se cebó sobre una pequeña localidad, cerca de Killen, Texas, causando muchas pérdidas humanas, entre ellas la de la familia Mason. Tras el paso de la tempestad, los agentes locales encontraron en el interior de su granja los cadáveres del padre, la madre, los tres hijos adolescentes y la anciana abuela que vivía con ellos. 

Los cuerpos estaban próximos unos de otros, lo que hacía suponer que, en el momento en el que el tejado y parte de la pared se vinieron abajo, estaban juntos. Sobre ellos, cascotes, astillas y un par de muebles pesados. La prisa habitual por enterrarlos, para evitar la propagación de enfermedades, que marca el protocolo en caso de desastre natural y el hecho de que, de entrada, la causa de las muertes no levantara sospechas, llevó a hacer a la Policía un rápido certificado de defunción que evitó la autopsia. 

Treinta días después. Una avalancha de tornados explotó en Oklahoma y también arrasó la granja de la familia Jones, a las afueras de Brooksville. Los Jones habían sido hallados muertos en el interior de su rancho, en el salón. El padre, su anciana madre, que vivía con ellos, la esposa y sus hijos, todos de sexo y edades similares a los de la familia Mason y con impactos en la cabeza que se correspondían con vigas, maderos y muebles que se habían precipitado sobre ellos. ¿Era una coincidencia?

No, no lo era. Un testigo, un niño que fue a visitar a la familia, pero se vio sorprendido por la tormenta y se resguardó en el gallinero de la casa, fue clave en la investigación. Escuchó y vio al hombre que, antes de que el huracán derribase la granja, había matado a disparos a todos los miembros de la familia. Así lo corroboró la autopsia posteriormente, al igual que en el caso de los Mason. Y de todas las familias que el asesino fue matando después, simulando que habían sido a causa de las inclemencias meteorológicas, hasta que el FBI terminó deteniéndolo, con el paso de los meses. 

El protocolo

Un equipo de forenses, en el lugar de un tiroteo. François Lenoir/Reuters

El caos por una situación de emergencia había hecho pasar por alto a los agentes signos indicadores de un crimen. Y que de no ser por un factor externo, tal vez, jamás se habría descubierto. 

Lo que usted ha leído hasta aquí es pura ficción. Fragmentos de La Cara Norte del Corazón (Ediciones Destino), de Dolores Redondo. Partes de una historia que, ahora, en cambio, bien podrían ser un reflejo de lo que podría estar ocurriendo en España, tal y como corroboran fuentes policiales a EL ESPAÑOL. Lejos de ser la trama de una novela, altas instancias policiales revelan que, a pesar de estar preparados, el actual estado de alarma ha hecho que la certificación de muertes sea rápida y menos efectiva, sobre todo de cara a identificar un posible crimen sin signos de violencia. 

Para entender este paralelismo, solo debe modificar tres elementos que aparecen en el libro. Cambie los tornados que azotan EEUU por el coronavirus Sars-CoV-2. Las víctimas de las inclemencias meteorológicas por las más de 15.000 —solo oficiales— que ya ha dejado el virus en nuestro país. Y el protocolo en caso de desastre natural estadounidense por el que en la actualidad se rigen las autoridades policiales y médicas españolas en cuanto a la certificación de defunciones y posibles autopsias. Y el resultado, posiblemente, será el mismo. 

Al igual que en la novela de Dolores Redondo, los cientos de muertes por Covid-19 o sospecha del mismo que se producen al día han hecho que las guías de actuación a la hora de acreditar dichos fallecimientos sean más rápidas y, por ende, menos eficaces. Una situación motivada también por el riesgo de contagio que deben evitar los profesionales. Escenarios en los que reina el caos, y donde resulta complicado, por no decir imposible, percibir si una persona ha fallecido por el virus o por otra causa que pueda ser, por ejemplo, violenta y que no se perciba a simple vista. 

"Mínimo imprescindible"

Una de las investigadoras en el área de histopatología del INTCF.

El protocolo a seguir por los médicos [elaborado por la Organización Médica Colegial de España (CGCOM)], al que ha tenido acceso este periódico, en relación a la certificación de defunciones, comienza así: "Debido a la necesidad de contar con los medios adecuados de protección contra los riesgos biológicos y el particular contra la exposición al COVID-19, se recuerda la necesidad de seguir las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Sanidad y reducir al mínimo imprescindible los reconocimientos en situaciones de riesgo". 

De este modo, continua, la intervención del médico forense se limitará a los casos de muerte violenta o en los que exista sospecha de criminalidad. Y en el resto de los casos, la certificación de la muerte corresponderá a los médicos de los Servicios Públicos de Salud. 

Así, una vez este último acredita el fallecimiento. Deberá indicar en el certificado si la causa fundamental de la muerte es "Covid-19 no confirmado" o "sospecha de infección", teniendo en cuenta los síntomas que presentaba, cuál ha sido la causa inmediata de la muerte (fallo multiorgánico, distrés respiratorio, etc), si ha tenido causas intermedias (neumonía, sepsis), así como si tuviese, en su caso, patologías previas que hubiesen agravado la enfermedad. Si, por el contrario, se le ha realizado la prueba y ha dado positivo, o se le ha hecho previamente, debe indicarse "Covid-19 confirmado mediante test de laboratorio" y, al igual que en el anterior caso, completar las causas que han desencadenado el óbito. 

Aunque en el caso de un fallecido, confirmado por el virus, no hay apenas dudas si se ha realizado la prueba, cuando se trata de una sospecha y la persona ha fallecido en su casa, ¿cómo puede estar el médico al 100% seguro de que ha sido por Covid-19? ¿Y si tiene dudas, puede realizarle una autopsia? ¿Es posible que un asesinato o un homicidio, sin signos visibles de violencia, haya pasado inadvertido?

Sin autopsias

Policías nacionales con mascarillas durante un control en Logroño. Efe

"Lo cierto es que podría estar pasando y aquí se está empezando a comentar", responde a esta última pregunta una fuente policial. "Habrá ciudades y provincias en los que casos que de normal se investigan, ahora son imposibles. Un envenenamiento, por ejemplo, es un tipo de homicidio que no deja rastro de violencia", explica. En la mayoría de ocasiones, según cuenta, el forense no acude al lugar de la defunción. 

Esta misma fuente explica que cuando reciben el aviso de una persona fallecida en una vivienda. La patrulla acude allí y pregunta a la familia por los síntomas que presentaba la víctima. "Había tenido fiebre, tosía...", nos dicen. Una vez se informan los agentes y no han apreciado signos de violencia, se le comunicas al forense los síntomas que han dicho los familiares y decide si va o no. "Siempre se descarta la autopsia y comunica que ha fallecido por coronavirus sin acudir a la vivienda. Se tramita como un fallecimiento normal, el médico hace el certificado y listo, tampoco se les hace la prueba, así que tampoco consta en las estadísticas", explica este agente.  

De manera paralela, este tipo de procedimiento también contribuye a que las estadísticas de fallecimientos por el virus no sean del todo verídicas. Pues solo cuentan a aquellas víctimas a las que se les hace el test rápido. Tal es así que varias Comunidades Autónomas denunciaron esta semana que el número de fallecidos por COVID-19, en realidad, duplicaba al oficial. Algo de lo que alertó EL ESPAÑOL en un reportaje titulado: Por qué nunca sabremos los miles de muertos ocultos del coronavirus: en 2 años y datos incompletos.

Un dato que también apoya este punto es que la mortalidad se ha disparado en España desde mediados de marzo un 47%, según datos oficiales. Y en algunas regiones, como Castilla-La Mancha, la cifra de decesos se ha disparado casi un 200%, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria en España. 

Ante esto, el Ministerio de Justicia ha pedido a los casi 4.000 registros civiles que hay en España a que envíen con urgencia toda la información sobre las licencias de enterramiento tramitadas desde el 14 de marzo, un día antes de que se decretase el estado de alarma, ante la duda que hay con las cifras. Y así poder ofrecer, un vez se contrasten, la cuenta de muertos reales por coronavirus. 

Todo ello, según desvelan fuentes policiales, sin tener en cuenta que algunos de los fallecimientos confirmados por sospecha del virus, en realidad no lo fueran. "No creo que haya muchos casos, eso también hay que decirlo. Los agentes son muy profesionales y, ante la duda, siempre insisten en que vaya el médico forense. Aunque claro, hacer una autopsia a alguien que pueda tener el virus... es bastante complicado", concluye la fuente. 

Otros casos 

Isabel Padilla, condenada a 89 años de prisión por matar a su marido y sus dos hijos.

Lo cierto es que a lo largo de la historia criminal en nuestro país, han sido varios los casos en los que las autoridades policiales no han podido dar con el asesino al comienzo de su actividad delictiva. Un ejemplo es el de Isabel Padilla. Esta murciana fue acusada de asesinar a su marido y dos hijos con sobredosis de insulina, una sustancia que reduce drásticamente los niveles de glucosa y que, inyectada en dosis elevadas a personas sanas de manera prolongada, puede resultar mortal. Se las administraba en bebidas y alimentos en el momento de servirlos. 

Mató a su hijo Pedro, en 1982, a su esposo, Pedro Pérez, en junio de 1990 y a la más pequeña de sus cuatro hijos, Susana, en mayo de 1991. Momento en el que la Policía empezó a investigar a la asesina. Aunque finalmente se salvaron, esta criminal también intentó matar a su hija Francisca y su hijo Salvador.  En 1995 (13 años después del primer crimen), fue condenada por la Audiencia Provincial de Murcia a 89 años de cárcel por cinco delitos de parricidio: tres envenenamientos mortales y dos intentos frustrados.

Aunque, como bien indican las fuentes, la existencia de este tipo de crímenes sería mínima. Es evidente que el protocolo, al restringir autopsias a las muertes violentas a causa del coronavirus, incrementa la probabilidad de que este tipo de sucesos sin signos de violencia se produzca. Hechos que, sin lugar a dudas, no están relacionados con el trabajo que tanto las autoridades policiales como los profesionales médicos realizan cada día para proteger y salvar la vida de los españoles.