Dos millones de empleados al ERTE; políticos, ninguno. ¿Somos los españoles iguales ante la crisis?

Sucedió hace apenas unos días: en pleno estado de alarma y bajo unas condiciones especiales, las puertas del Congreso se abrieron para acoger la última comisión celebrada por los parlamentarios. Era, cómo no, la relativa a Sanidad. Era todo un acontecimiento, porque, quitando los Plenos para aprobar las prórrogas y las medidas diseñadas por el Gobierno para la lucha contra el coronavirus, el trabajo que realizan los diputados se ha visto mermado, bastante, desde que el Congreso suspendió su actividad a causa del covid-19 el pasado 12 de marzo, hace ya un mes completo. Tanto es así que, con la excepción de la de Sanidad, no ha habido ninguna otra comisión. Poco más.

Lo que no ha variado ni un ápice es la retribución de sus señorías por su trabajo, ni en el Congreso ni en el Senado. Los sueldos base -2.981,86 euros para los diputados y 3.056,66 para los senadores, complementos aparte- se mantienen intactos, aunque los órganos con los que se articula la democracia en nuestro país hayan estado mayoritariamente parados. Menos trabajo, mismo gasto. 

A diferencia de cualquier empresa de las más de 450.000 en España que han tenido que presentar un ERTE, o de los más de dos millones afectados por estas medidas laborales, el Congreso, el centro del poder público, no ha recortado ni un céntimo. Ni en las dietas por un desplazamiento que no se está produciendo, ni en la reducción salarial por un trabajo que no se está llevando a cabo. Mire a su alrededor. A su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Hay un afectado por casa, o varios. ¿Somos los españoles iguales ante la crisis del coronavirus?

Quizás sería difícil de comprender que las Cortes ocuparan su tiempo en celebrar, por poner, la comisión de RTVE o la de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo. Tampoco la de Seguridad Vial o la de Medio Ambiente, por ejemplo. Sobre todo, con la que está cayendo.

Pero quizás la cosa se complique aún más para el ciudadano al saber que, bien, sus políticos no están trabajando en otra cosa, pero sus instituciones gastan y gastan como si todo fuese normal. Como si no hubiera llegado el covid-19 a nuestras vidas. Y sin ninguna intención de que esto cambie.

Complementos por comisiones que no se celebran

Lo cierto es que el Congreso, técnicamente, no podría llevar a cabo ningún tipo de recorte per se. Los ERTE están ideados, en principio, para empresas, públicas o privadas. Esto es: la Cámara Baja -al igual que el Senado- sigue en marcha porque es una institución y tiene actividad. Es igual que un centro sanitario que no se cierra: su funcionamiento es esencial y se tiene que mantener, como servicio público. Los grupos parlamentarios continúan registrando iniciativas y preguntas, dentro de esos servicios mínimos.

Aunque, según apuntan fuentes parlamentarias a EL ESPAÑOL, desde finales de febrero, nada. Los diputados están teletrabajando: haciendo reuniones a diario, vía telellamada. En contacto directo, lápiz y papel en mano. Pero, en realidad, no fructifica.

El caso de las comisiones no es baladí. En estas reuniones se dirimen los asuntos más concretos, el trabajo del día a día. Hasta 269 de los 350 diputados que componen la Cámara Baja son miembros de una. Y es algo importante, porque el añadido correspondiente puede oscilar entre los 739,30 euros hasta los 1.515,76 euros. Cada mes. 

Es así llueva, nieve o haya una pandemia sanitaria a nivel global. Se trabaje a destajo... o, como ahora, no se haga nada.

Esto, además, se suma al sueldo base de una señoría -2.981,86 euros mensuales- y a las dietas por desplazamiento a Madrid y el alojamiento en la capital -917,03 euros al mes para los electos por Madrid y, para el resto, 1.921,20 euros mensuales-.

De manera similar sucede en el Senado. Hay 264 senadores en España, ya que hay un escaño sin cubrir. 42 de ellos pertenecen a la Mesa y a la Diputación Permanente, que son cargos indispensables para que el órgano funcione. Sin embargo, los 222 restantes se encuentran en sus casas y sin trabajo diario.

Esos senadores reciben un sueldo base de 3.056,66 euros al mes. A ello habría que sumar indemnizaciones y complementos, que pueden ir de los 1.134,53 euros mensuales por ocupar una portavocía hasta los 1.958,02 que reciben por desplazamiento aquellos que no son de Madrid.

Así, y según cálculos del profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Fernando García Romanillos, si se hiciera un ERTE en el Senado -una cámara de representación territorial cuyo principal cometido es refrendar las leyes que salen del Congreso, además de controlar al Gobierno- se liberarían 2.036.706 euros al mes, el importe de sus retribuciones. Únicamente en la Cámara Alta.

Pertenecer o no a una comisión, clave para el discurrir político y legislativo, supone una gran diferencia a final de mes para el bolsillo del político. En el caso del Congreso, por ejemplo, se conformaron a mediados del mes de febrero y apenas tuvieron unos días de actividad. No es lo mismo un diputado raso que un presidente de comisión, porque, además de las diferentes dietas e indemnizaciones a las que tienen acceso, están sus complementos. 

Las hay de todas clases y colores, aunque, casualmente, ninguna sobre el coronavirus. Hay 21 que son permanentes, como la Constitucional, la de Defensa, Justicia, Interior o Presupuestos. También están, por ejemplo, la de Transición Ecológica, la de Cultura y Deporte, la referente a Cooperación Internacional para el Desarrollo o una específica para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Otras son mixtas -con diputados y senadores- y otras, directamente, no son legislativas.

Fuentes del Congreso detallan a preguntas de este diario que las comisiones se convocan y reúnen cuando el presidente de la comisión lo dictamina, o si lo piden dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros de dicha comisión.  El trabajo de cada comisión lo organiza, al igual que el Pleno, la Mesa y Junta de la comisión respectiva. No hay un tiempo establecido para reunirse, pero lo normal sería reunión de varias comisiones cada semana.

Todo ello, claro está, con su pertinente contribución. 

El Partido Popular, por ejemplo, ha luchado porque la institución volviera a funcionar a pleno rendimiento, con mejor o peor suerte. Mucho eco tuvieron las palabras de la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a principio de todo el confinamiento: "El Congreso no se cierra ni en guerra. La democracia no está en cuarentena".

La crítica a la situación que se vive en las Cortes continuó en las últimas semanas. “En una democracia parlamentaria los diputados somos esenciales. Realizamos un servicio fundamental a la Nación Constitucional Española. Somos los primeros servidores de los ciudadanos. Los diputados no somos de mejor condición que los médicos, enfermeras, policías, guardias civiles, cajeras de supermercado, ni nuestra función es menos importante. Tenemos más responsabilidad que todos ellos”, creía el principal partido de la oposición.

A medio gas pero a gasto completo

Pero aunque sus señorías no se consideren mejores que el resto de españoles, sus circunstancias son bien diferentes. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, adujo durante el último pleno de este Jueves Santo que en España se habían registrado 450.296 ERTE, concretamente. 

Aunque las últimas cifras suministradas por el Ministerio, de principios del mes de abril, iban un poco más allá: entre tanta cifra, la tragedia tomaba rostro: los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo afectaban, la pasada semana, a casi dos millones de trabajadores. Ahora mismo ya son más los asalariados afectados a estas alturas del mes de abril. Pero, en vista de las solicitudes, serán muchos, muchos más.

Al último Pleno del Congreso apenas acudieron 40 diputados de los 350 que conforman la Cámara. Es un acuerdo entre todas las fuerzas: mientras dure el estado de alarma, sólo van el 10% de diputados de cada grupo, con un máximo de medio centenar. El resto, en casa.

La idea era dar ejemplo al resto de ciudadanos. Pero no hay nada más contradictorio que un Congreso a medio gas pero a gasto completo. Porque no sólo no se cancelan las dietas, como hemos visto, sino que se aumenta el gasto. El gesto del Hemiciclo para con la gente ha sido donar tres millones de euros al Estado para ayudar en la lucha contra el coronavirus, que salen del fondo de remanentes de la Cámara.

No es la única alternativa que se ha planteado, ya que diferentes partidos también hablan de donaciones a título individual, de crear un fondo o de donar la subvención que reciben los grupos políticos. 

Aunque, de momento, parece que el Congreso tratará de recuperar la actividad, dada la presión interna. La Mesa -el órgano de gobierno- decidió en su última reunión que comience el deshielo, gradualmente, hasta volver al ritmo previo. Sin fecha concreta por el momento, más allá del primer paso: una sesión de control para la siguiente semana.

El reflejo autonómico

La situación que vive el Congreso de los Diputados es trasladable a cualquier cámara autonómica. La actividad se había visto reducida al mínimo. Por ejemplo, en Andalucía, Cataluña o la Comunidad de Madrid. Todos sus parlamentarios -109, 135 y 132, respectivamente- no han visto alterados, de momento, sus emolumentos. De base, los políticos autonómicos cobran algo más de 3.190; 4.700, y 3.500 euros, en el orden anteriormente mencionado. Hagan cuentas.

Porque los tres Parlamentos tienen su actividad mermada. Han anunciado sus planes para volver a la calma, pero aún no es una realidad.

Con ciertos matices territoriales, eso sí. La presidenta del parlamento andaluz, Marta Bosquet, de Ciudadanos, ya anunció que la cámara dejará de pagar las dietas de desplazamiento a sus diputados, pero se rechazó la propuesta de ir más allá y aplicar un recorte salarial a sus señorías. En Cataluña, el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, propuso que los diputados donaran la parte del salario correspondiente a las dietas de desplazamiento del mes de marzo a la lucha contra el coronavirus. 

En el caso de Madrid es algo diferente. Un grupo parlamentario, Vox, sí que se ha mostrado radicalmente en contra de que se mantengan los sueldos cuando la actividad no es la misma. La líder del partido de extrema derecha en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, consideró que la solución sería la disolución los parlamentos autonómicos y el sueldo de los diputados vaya destinado a sanidad pública y poder dar liquidez a las empresas y autónomos para poder paliar la crisis del coronavirus. Así, matarían dos pájaros de un tiro: suspenderían también de facto el estado de las autonomías que quieren aniquilar. 

Pero el portavoz nacional de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, dejó bien clara cuál era la postura real de su partido: donaciones personales, sí; tocar los sueldos, no. "En el caso de los diputados de fuera de Madrid, hay que entender que esos pagos se usan para pagar el alquiler. Y ese alquiler se sigue pagando durante este periodo".

Ése es su caso. El de los ciudadanos... ya lo hablarán.