Los casos de Covid se disparan y el Congreso cierra sin el cambio legal prometido para confinar

El Gobierno siempre se agarró a la teoría de que sin estado de alarma era imposible confinar a la población. Moncloa consiguió casi un respaldo unánime a las tres primeras prórrogas del estado de excepcionalidad que se decretó el 14 de marzo, pero los apoyos parlamentarios se fueron diluyendo conforme la situación epidemiológica se fue controlando. La sexta y última la sacó con 177 síes frente a 162 noes y once abstenciones.

El Ejecutivo se vio obligado a prometer futuras reformas legislativas para confinar sin mando único, hasta ahora la única manera posible de limitar la libertad de circulación de los ciudadanos. Sin embargo, ningún grupo parlamentario ha registrado ninguna propuesta en el Parlamento, que esta semana cierra por vacaciones. El parón veraniego de sus señorías coincide con un repunte en los contagios. Este lunes, el ministerio de Sanidad afirmó que la semana pasada hubo 12.829 positivos nuevos, 1.835 contagios diarios. Los siete días previos se acumularon 8.297 nuevos casos, lo que arroja una tasa diaria de 1.185 casos nuevos. 

Carmen Calvo anunció el 13 de mayo en la Comisión Constitucional del Senado que habría que emprender "reformas legislativas imprescindibles" una vez que decayese el estado de alarma. La vicepresidenta primera del Gobierno habló de afrontar "con rapidez" una reforma de la legislación sanitaria para poder confinar a la población si así fuera necesario sin necesidad de aplicar de nuevo el estado de alarma si el virus se vuelve a descontrolar. 

La 'número dos' del Gobierno habló de Moncloa plantearía estos cambios para su debate en el Parlamento de manera "rápida" y "urgente". Su objetivo era, argumentaba entonces, que al salir del estado de alarma hubiese instrumentos al alcance de la mano para "navegar ante cualquier situación que pueda perturbarnos".

Ninguna propuesta

Las prisas que entonces aparentaba tener Carmen Calvo se olvidaron con el paso del tiempo. La última prórroga del estado de alarma decayó el 21 de junio y, desde entonces, el PSOE no ha presentado ninguna propuesta de modificación de la ley ordinaria para abordar este asunto. 

El Congreso de los Diputados celebra este miércoles el último pleno de la temporada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió una comparecencia para desplegar ante sus señorías la letra pequeña del fondo de reconstrucción europeo por el que España recibirá 140.000 millones de euros. El Parlamento votará también el dictamen de la comisión de reconstrucción que terminó en empate por el voto nulo de una diputada de Podemos.

Sin embargo, a pesar de que los casos de Covid se multiplican conforme pasan los días, el Parlamento cierra el actual período de sesiones sin abordar estos cambios legislativos necesarios para confinar con la legislación vigente. La única opción que queda es que la Diputación Permanente -el órgano que suple las funciones del pleno entre períodos de sesiones- convoque un pleno extraordinario para tratar este asunto, pero fuentes parlamentarias ven como una opción "muy remota" que el Parlamento habilite un debate de este calado en pleno parón veraniego.  

Brotes en aumento

Desde que cayera el estado de alarma, los contagios por coronavirus siguen aumentando en casi todo el país, con brotes más o menos severos en los distintos territorios. En total, el Ministerio de Sanidad ha informado de 855 nuevos diagnosticados de Covid-19 este lunes, frente a los 922 del viernes. 

No obstante, el Gobierno ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad esta semana al asegurar Carmen Calvo que la situación está controlada de manera "muy razonable", sin embargo, algunas comunidades siguen aumentado las restricciones para evitar contagios.

Los territorios con la situación más crítica, Cataluña y Aragón, han notificado más de 700 contagios durante el fin de semana, y el presidente catalán, Quim Torra, ha reclamado un "esfuerzo colectivo y solidario" en los próximos diez días para evitar aplicar un confinamiento más severo.

También Andalucía, País Vasco o Navarra mantienen brotes activos y contagios diarios que rozan la centena. En Murcia, el presidente Fernando López Miras cree que la Región está ante una "segunda oleada", por lo que el Ejecutivo regional se ha dado un plazo de 72 horas para decidir si aplica medidas de confinamiento similares a las establecidas en Totana a los municipios de Lorca y Mazarrón, así como al de Murcia, donde hay un importante incremento de casos vinculados al ocio nocturno.

Al mismo tiempo, ya son varios los países europeos que imponen restricciones a las personas que viajen desde España, el último, Reino Unido, que decidió este fin de semana imponer una cuarentena de 14 días a todas las personas que regresen al país desde cualquier punto del territorio, pese a los esfuerzos del Gobierno para excluir de esa medida a las islas. 

Apoyo del PP

Tras la tercera prórroga del estado de alarma, el Partido Popular se negó al mando único y presentó su propio plan jurídico para que el Gobierno lo pusiera en marcha. Nadie en Moncloa lo leyó. Este lunes, el presidente del PP, Pablo Casado, presidió la comisión de seguimiento de la pandemia que los conservadores pusieron en marcha cuando el virus se descontroló y brindó al Gobierno su apoyo para abordar cuanto antes estas reformas de manera urgente y poner la legislación a punto antes de que la situación se vuelva a desbordar. "Por el procedimiento de urgencia bastan quince o veinte días", alegó el líder de la oposición.

Para limitar derechos fundamentales sin necesidad de acudir al estado de alarma, el PP propone la redacción del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 del 14 de abril y plantea que la autoridad sanitaria pueda adoptar medidas para controlar a los enfermos y a las personas que hayan estado en contacto; controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar el movimiento dentro de ese territorio, afectando al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como el derecho de reunión, que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas. 

"Eficacia, rapidez"

Los conservadores también proponen modificar la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, separando los términos de limitación y de privación de un derecho, de manera que esta última la autorice el tribunal correspondiente y la limitación venga reflejada a partir de la ley. En todo caso, Casado subrayó que prime siempre la garantía de los derechos fundamentales, "eficacia, rapidez, seguridad y protección de los ciudadanos". 

El comité técnico del PP también considera oportuno que el Gobierno aborde en materia turística para que el sector pueda salvar el verano. Los conservadores piden al Ejecutivo que financie las pruebas Covid que obligatoriamente tengan que hacerse a los turistas que visiten España para evitar la cuarentena en su país de origen. A su juicio, estas pruebas deberían hacerse tanto en el origen como en el destino y el coste de ambas debería costearlas el Ejecutivo central. 

Casado también pidió a Sánchez un plan de choque a corto plazo fiscal, con medidas fiscales específicas con exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales como el de sociedades para empresas turísticas, con la reducción de los tipos de IVA de forma temporal.

Materia sanitaria

Para que el ministerio de Sanidad sea capaz de detectar futuras pandemias, el PP insiste en aprobar un gran pacto de estado por la sanidad que ellos han bautizado como plan cajal. En él se incluye reformar la Ley General de Salud Pública para diseñar planes de contingencia para emergencias sanitarias y la Ley General de Sanidad, para incluir medidas que garanticen la igualdad territorial efectiva en el acceso a prestaciones y servicios en crisis y en normalidad.

El PP pide también coordinar y cooperar entre centros sanitarios de diferentes comunidades y entre públicos, concertados y privados y propone retoques en otras cinco leyes: la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la ley de Contratos del Sector Público, la ley de Investigación Biomédica, la ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.