Los Franco deberán devolver el Pazo de Meirás: un juzgado lo declara propiedad del Estado
La magistrada declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 "por carecer del requisito esencial de forma".
2 septiembre, 2020 12:10Noticias relacionadas
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda para la devolución del Pazo de Meirás interpuesta por el Estado, al que declara propietario del inmueble, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). También condena a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
En el procedimiento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.
La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".
La juez declara que el pazo de Meirás es propiedad del Estado y ordena a la familia Franco su devolución https://t.co/8oDUR4ceEI
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) September 2, 2020
En relación a este fundamento, aclara la jueza que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo "del Caudillo" para comprar y regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional". "Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado", añade respaldando los argumentos de los demandantes y rechazando los de la parte demandada.
Los Franco recurrirán
La familia de Francisco Franco va a recurrir ante la Audiencia Provincial de A Coruña la sentencia. Así lo ha confirmado a Efe, Felipe Utrera Molina, el abogado de la familia.
La magistrada Marta Canales ha fallado en contra de los Franco tras concluir que el inmueble fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal.
También ha dado por probado que la compraventa de 24 de mayo de 1941, con la que el dictador logró inscribir la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, fue una simulación, una "ficción", "lo que determina la nulidad de la misma".
Asimismo, ha descartado indemnizar a los Franco por los gastos que aseguraron asumir para el mantenimiento de la propiedad, dado que la propiedad se incorporó al patrimonio de la familia Franco "de mala fe".