La primera discusión en profundidad sobre los suplicatorios remitidos por el Tribunal Supremo a la Eurocámara para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí -fugados en Bélgica desde octubre de 2017- estaba programada para el pasado 18 y 19 de marzo. Los tres acababan de ser reconocidos como eurodiputados en aplicación de una controvertida sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Pero llegó el tsumami del coronavirus y la tramitación se paralizó de forma indefinida: las medidas restrictivas para frenar los contagios impiden celebrar las reuniones presenciales a puerta cerrada y de forma confidencial que exige el procedimiento.
Tras meses de bloqueo, el Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo este martes para reactivar el trámite de todos los suplicatorios por vía telemática. Una decisión que se adopta tras un dictamen favorable de los servicios jurídicos de la Eurocámara. El documento concluye que no hay ningún obstáculo para seguir un procedimiento virtual si se demuestra que "es imposible o demasiado peligroso convocar una reunión con plena presencia física de los participantes".
Los juristas resaltan que la Eurocámara "tiene la obligación, en cumplimiento del deber de cooperación sincera, de atender las solicitudes de inmunidad provenientes de las autoridades de los Estados miembros, así como las solicitudes de defensa de inmunidad, incluso en las circunstancias actuales". Además, detallan las garantías y salvaguardas que deben seguirse para que se cumpla el requisito de confidencialidad.
El dictamen responde a una petición del presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos. Una vez recibidido el visto bueno de los juristas, Vázquez ha propuesto reanudar la tramitación de todos los suplicatorios (incluidos los de Puigdemont, Ponsatí y Comín) siguiendo sus plazos ordinarios. Una propuesta que ha sido validada por todos los grupos políticos presentes en Asuntos Jurídicos, según han informado fuentes de Ciudadanos.
Audiencia telemática confidencial
¿Cuáles son los plazos a partir de ahora? ¿Habrá una votación final antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero? La Eurocámara ya designó a principios de año al ponente de los suplicatorios de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Se trata del búlgaro Angel Dzhambazki, que está adscrito al grupo de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos, el mismo en el que están los nacionalistas flamencos de la N-VA y Vox. La comisión de Asuntos Jurídicos debe celebrar una primera sesión para debatir el caso y otra para escuchar a los afectados.
Si las circunstancias y medidas de la Eurocámara no han cambiado en ese momento y siguen imponiendo la celebración online de todas las reuniones, es previsible que la audiencia a puerta cerrada a Puigdemont tenga lugar de forma telemática. El diputado afectado tiene derecho a hacerse acompañar por su asesor jurídico o abogado, así como a enviar a otro diputado en su nombre en caso de que no pueda asistir.
El último paso sería la votación del suplicatorio, primero en la comisión de Asuntos Jurídicos y luego en el pleno de la Eurocámara, donde se requiere una mayoría simple. "Normalmente el procedimiento tarda entre tres y cinco meses, pero seguramente en este caso será más largo que corto. Si las elecciones son en febrero, es un poco justo que se pueda votar antes, pero no imposible", explican a este periódico fuentes parlamentarias.
El Parlamento Europeo da luz verde a casi todas las peticiones que le llegan para levantar la inmunidad de eurodiputados inmersos en procedimientos penales. En el caso de Puigdemont, está claro que la mayoría de los parlamentarios de los tres principales grupos políticos -populares, socialistas y liberales- apoyarán las tesis del Gobierno español, con lo que no parece difícil alcanzar la mayoría simple.
El levantamiento de la inmunidad de eurodiputado a Puigdemont permitiría reactivar la euroorden remitida a Bélgica por el juez Pablo Llarena para que se le entregue a España por los delitos de sedición y malversación, que quedó en suspenso a principios de año. No obstante, tampoco es una garantía de que esta vez vaya a prosperar: la justicia belga ha rechazado en primera instancia la euroorden contra el exconseller Lluis Puig, que no es eurodiputado y no tiene inmunidad, con el argumento de que el Supremo no era competente para emitirla.