José Antonio Nieto fue una de las personas que advirtió la bomba del coronavirus con carácter casi premonitorio. El 21 de enero de 2020, el todavía jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, el máximo especialista en la materia del cuerpo, envió un documento a sus superiores en el que ya esbozaba la gravedad de la crisis sanitaria que estaba por llegar.
Para entonces ya se habían producido gran cantidad de muertes en China y la entonces epidemia comenzaba a expandirse con gran rapidez por Europa. Ese informe también llegó a manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Tres días más tarde de aquella nota interna, el 24 de enero, en un segundo informe de recomendaciones sanitarias que se distribuyó por todas las comisarías de España, José Antonio Nieto ponía especial énfasis en proteger a los agentes destinados en puestos fronterizos.
Pero un mes y 20 días después, el sábado 14 de marzo -el día que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en España-, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reveló que Nieto había sido fulminantemente destituido. Le faltaban tres meses para alcanzar su edad de jubilación. En Interior se argumentó que se debía a una simple reestructuración dentro del organigrama de la Policía.
Nieto peleó recurriendo su cese para que se le explicara la razón real de que se le hubiera depuesto de su cargo. No obtuvo respuesta. Ahora el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio del Interior a que haga pública la resolución con la que se le destituyó.
Sin respuesta
El organismo insta, en una resolución del pasado 6 de noviembre, a que el ministro Fernando Grande-Marlaska y a los responsables de su cartera remitan a Nieto una copia escrita de la resolución de su cese. En ella se deben detallar las razones por las que se tomó aquella decisión.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL gracias a fuentes próximas a Nieto, Interior tenía 10 días desde ese día 6 del mes pasado para responder a Transparencia.
Extracto de la resolución de Transparencia sobre el caso de Nieto.
Una vez notificada la respuesta, Transparencia contaba con un plazo de 3 meses para enviar la contestación al afectado. El ya jubilado agente no ha obtenido respuesta.
Nieto, que además de policía es médico y experto en salud laboral, recomendaba ya a principios de año la utilización de guantes de nitrilo en los cacheos y de mascarillas FFPP 2 en la revisión de la documentación a todos los pasajeros procedentes de "cualquier ciudad china u otras zonas afectadas, independientemente de su nacionalidad".
La resolución
Es el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, quien redacta el documento. En él apuntala varias claves maestras para darle la razón al agente cuando argumenta que tiene derecho a conocer las causas que le llevaron a ser apartado de su cargo.
Uno de los principales objetivos de la Ley de Transparencia, recuerda, es "ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad".
Todo ello se hace con el fin de garantizar, según palabras del Preámbulo de la Ley, "el escrutinio de la acción de los responsables públicos, el conocimiento por parte de los ciudadanos de cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones".
Interior alegó que esa clase de información tenía que mantenerse en el ámbito privado. "Siendo conocido ampliamente el caso por la ciudadanía, ¿qué derecho se vulnera dándose a conocer el documento en el que Interior justifica por qué decidió prescindir del máximo experto que tenía la Policía en riesgos laborales en plena pandemia?", respondió Nieto, al recibir la primera respuesta de sus superiores en el ministerio.
El Consejo de Transparencia da ahora la razón al exagente frente a ese argumento ofrecido por los hombres de Marlaska."Existe un interés superior que justificaría la divulgación de la información frente al perjuicio que de ello puede derivarse para el interesado, fundamentalmente porque, dadas las circunstancias, no se aprecia siquiera el posible perjuicio, debido a que se trata de una cuestión ya pública desde que se produjo la destitución, y de la que se ha informado por todos los medios de comunicación".
El cese es ampliamente conocido. Fue uno de los primeros escándalos que tuvo que afrontar Interior al inicio de la crisis del coronavirus. Fue la historia de cómo se destituyó a de uno de los hombres que ya habían advertido y prevenido solicitando recursos para los agentes desde el seno de la Policía mucho antes de que el virus llegase a España.
"No se trata de facilitar el expediente en sí", dice Transparencia, "sino solo la citada resolución, en la que ha de constar el motivo en base al cual se ha acordado dicho cese y, por lo tanto, permitiría conocer el fundamento de tal decisión".