El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad y Agencia Urbana, José Luis Ábalos, asisten este lunes a la inauguración de un tramo de Alta Velocidad del Corredor Mediterráneo. Un acto, calificado por la Secretaría de Estado de Comunicación como una “presentación pública”, que choca con la ley electoral al coincidir con la campaña catalana del 14-F.

Una instrucción de la Junta Electoral Central de marzo de 2019, que se decretaba coincidiendo con el solapamiento de las elecciones generales del 28-A y las municipales, autonómicas y europeas del 26-M; dictaba que el artículo 50 de la ley electoral se extendía a la actuación de "todos los poderes públicos" con "independencia del proceso electoral convocado".

Así pues, y basándose en el citado artículo 50 por el que queda prohibido cualquier acto organizado o "financiado directa o indirectamente por los poderes públicos", ni Sánchez ni Ábalos podrán usar la presentación de la nueva línea con crédito electoral.

Según fuentes expertas consultadas por EL ESPAÑOL, el presidente del Gobierno y el ministro sólo podrían acudir al acto de una manera "neutral". Es decir, sin usarlo para fines electorales y sin hacer alusión a la cuantía económica que supone.

En la convocatoria que han recibido los medios de comunicación, el Ejecutivo ha reiterado que la puesta en marcha de la línea de AVE "pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España" con el Corredor Mediterráneo. Una reivindicación histórica de los políticos catalanes.

Concretamente, la inauguración corresponde al tramo de Alta Velocidad Monforte del Cid-Elche-Orihuela-Región de Murcia. Un servicio comercial que permitirá conectar Madrid con Orihuela (Alicante) en 2 horas y 35 minutos.

Además, el Ejecutivo también ha adjuntado un dosier del proyecto en el que se estipula que el importe de las obras de Adif Alta Velocidad en este nuevo tramo asciende a 1.493,5 millones de euros (IVA incluido).

Antecedentes

Hay que recordar que durante el 2019, cuando se solaparon las elecciones municipales y europeas con las generales, España se sumió en tres meses donde las inauguraciones y la propaganda institucional quedó prohibida.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una vez publicado el decreto de convocatoria electoral, se prohíben los actos de inauguración y las campañas de propaganda institucional para difundir logros de la legislatura.

Y es que, aunque la inauguración se haga a varios kilómetros de los comicios electorales, la interpretación de la instrucción de la JEC de marzo de 2019 es clara y restrictiva. Sólo se puede inaugurar desde el sentido estricto del cortar la cinta, sin "existir aprovechamiento ni declaraciones favorables".

Bien es cierto que, una vez la obra está terminada, una campaña electoral no debería retrasar su puesta en marcha. Por ello, la LOREG permite su puesta en funcionamiento y podía haber ocurrido sin la presencia del ministro, el presidente del Gobierno o el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que también acudirá a la cita.

Según reza el artículo 50 de la LOREG, desde la convocatoria de los comicios hasta su celebración quedan prohibidos "los actos de inauguración de obras o servicios públicos, o proyectos de estos, sin prejuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en ese periodo electoral".

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