Éxodo de agentes de la Policía judicial en Cataluña: "No hay incentivos para quedarse"

Una de las consecuencias más importantes de la "fuga" de agentes de la Policía Nacional que se produce cada año en Cataluña es que los equipos de investigación policial nunca logran consolidarse. La inmensa mayoría de los agentes que recalan en ese destino lo ven como un lugar de paso, en el que apenas permanecer un año antes de ir a otro con mejores condiciones y salario.

Como ninguna de las cuatro provincias catalanas ofrece estímulo alguno a los agentes, las unidades de élite dedicadas a la delincuencia, a la trata de personas, al crimen organizado, al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia económica o financiera, se van vaciando y, cada año, deben de recomponerse. Y así hasta que los recién llegados vuelvan a marcharse. 

"No hay ningún incentivo para que se puedan quedar", sostiene el jefe de uno de los grupos de investigación ubicados en la provincia de Barcelona. El suyo es uno de esos casos raros de alguien que permanece más de un año. "Se marchan porque son de fuera. La vida es mucho más cara que en otras ciudades, que en sus pueblos de origen".

La Policía Nacional vive un éxodo en Cataluña de agentes que buscan un destino mejor. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL en fuentes policiales, si en 2020 cerca de 800 policías abandonaron la región, en 2021 harán lo propio más de 900. Entre ellos, agentes especialistas en Policía judicial. 

Por eso, colectivos como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) exigen al Ministerio del Interior que declare de manera urgente que Cataluña se convierta en un "Territorio de Especial Singularidad" ante "la sangría de efectivos que sufre la plantilla" desde hace años.

Guillermo Serrano Amat.

Se trata de una cifra considerable en una plantilla que apenas llega a los 3.500 efectivos. Este año, a tenor de las cifras, uno de cada cuatro policías destinados en Cataluña abandonará la comunidad. 

Cubriendo las vacantes

El cambio de destino de los agentes se suele producir a principios del verano. Será en estos meses cuando se note más su marcha. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, los jefes de los grupos de investigación se encuentran en una complicada tesitura: pueden llegar a pasar dos o tres meses sin poder continuar con su labor.

Para cubrir los puestos que otros efectivos han dejado libres al marcharse, muchas veces sus hombres acaban destinados en otras labores de forma momentánea. Así hasta que los recambios llegan a cubrir las vacantes.

"Cinco policías me los cogerán para hacer labores de seguridad ciudadana y de escoltas", dice uno de los jefes. "Durante esos meses, ¿quién levanta una investigación?". 

En total, hay 24 grupos, de entre 7 y 12 personas aproximadamente, realizando labores de Policía judicial. Se trata de un número aproximado de 150 efectivos, de los cuales pocos se mantienen en su puesto con el paso de los años. "A principios de los 90 había aquí el doble de gente en esos grupos", explica otro de los jefes a EL ESPAÑOL.  

Dada la situación, raro es el caso en que logran formar un equipo consolidado. "Además, ahora mismo, la directriz que tenemos es la de no meternos en más temas de investigación. Nos han dicho también que las que tenemos debemos ir terminándolas, y que si no podemos acabarlas, que las cerremos hasta que volvamos a recuperar a nuestros policías".

Dosis de la vacuna de Pfizer. A la derecha, agentes de Policía Nacional.

"Me hubiese ido hace años".

El problema de estas salidas que se producen cada año es especialmente grave en la escala de subinspectores, donde afecta al 50% de los efectivos. En la escala básica afecta en un 30%. "Las cifras son escandalosas, la sordera de Interior aún mayor, y la polémica del retraso de la vacunación agrava todavía más la situación", lamentan desde el SUP.

Los efectivos consultados coinciden en que todo empeoró a partir del año 2017, cuando se produjo el referéndum ilegal del 1-O y cuando Carles Puigdemont proclamó en falso la independencia de Cataluña antes de huir a Bruselas. Luego llegaron años de tensión, las virulentas protestas por la sentencia del procés en el otoño de 2019 y el hostigamiento de los radicales a los agentes. 

Como colofón, el episodio de los retrasos, las excusas y las negativas de todo tipo para administrar la vacuna contra la Covid-19 a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este ha sido el último capítulo de un largo proceso de "marginación" al que, denuncian los agentes, se ven sometidos en esa comunidad autónoma desde hace años. 

"Si mis circunstancias personales me lo hubieran permitido, lo tengo clarísimo: me hubiese ido hace años", insiste uno de los jefes de grupo consultados. "Este año va a ser peor porque la gente se va ahora entre junio y julio y las nuevas promociones no vienen hasta después del verano. Sí, tendremos que dejar todo en stand by".

Muchas de las investigaciones acaban avanzando con lentitud y a trompicones. "En muchos grupos hay como mucho uno o dos que son los que saben de verdad y los que llevan el peso de las indagaciones, pero no dan abasto. Para la gente que viene aquí a investigar está claro: no hay ningún atractivo, ningún aliciente para quedarse", señala.