Meritxell Batet retira el acta de diputado a Alberto Rodríguez tras el escrito del Tribunal Supremo

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha retirado el acta de diputado a Alberto Rodríguez, el parlamentario de Unidas Podemos condenado por el Tribunal Supremo (TS) por haber propinado una patada a un agente de Policía hace siete años durante una manifestación.

La también presidenta de la Mesa de la Cámara Baja toma esta decisión, ya comunicada a la Junta Electoral Central, tras recibir, pasado el mediodía de este viernes, la respuesta del presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal —fue el TS el que condenó a Rodríguez— comunicándole que debe inhabilitar a Rodríguez.

Este jueves, tras una reunión de casi dos horas y media y sin unanimidad entre los grupos, Batet optó por enviar un escrito al Tribunal Supremo, a fin de que la más alta instancia del Poder Judicial aclarase el alcance de las penas que le impuso al parlamentario canario.

En dicha reunión, según declararon posteriormente algunos de sus miembros, la presidenta, que no participó en la votación, se mostró, a título particular, favorable a la retirada del acta, aunque acabó aceptando pedir antes el informe al alto tribunal.

La sentencia de este último condenaba a Alberto Rodríguez a una pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo —de tipo accesorio—, que acompaña una de prisión de un mes y quince días.

Esta última, al ser tan corta, pudo ser sustituida por una multa de 6 euros diarios durante 90 días. Un total de 540 euros que Rodríguez ya abonó.

Choque con el Supremo

Tal y como ha explicado este diario durante los últimos días, esta condena ha supuesto el último enfrentamiento entre el Congreso y el Tribunal Supremo.

Algunos magistrados del TS manifestaron su malestar cuando, el pasado martes, la Mesa, amparada por un largo informe no vinculante de los letrados parlamentarios, decidió, en un primer momento, mantenerle en su escaño, lo cual fue percibido por estos jueces como una "reinterpretación" de su fallo.

Fue en una segunda reunión, celebrada de urgencia ayer, cuando el órgano rector de la Cámara Baja optaba por pedir esta aclaración al Alto Tribunal.

Este viernes por la mañana, era el presidente de la Sala de lo Penal, el juez Manuel Marchena, quien respondía a Batet, sosteniendo la tesis contraria a la de los letrados del Congreso, indicando que la pena de inhabilitación para derecho de sufragio pasivo debe ser cumplida de manera "obligada" y aclarando también que el pago de dicha multa sustitutoria de la cárcel solo afectaba "a efectos de la ejecución [de la pena]; y sólo a estos exclusivos efectos", por lo que la pena de prisión no ha desaparecido.