El cambio de criterio de Bruselas coge con el pie cambiado al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mientras la Comisión Europea se dispone a clasificar la energía nuclear como "inversión verde", para atenuar la crisis energética que ha disparado la factura de la electricidad en todo el continente, el Gobierno español mantiene su veto a esta tecnología.
Tan sólo dos semanas antes de conocer la decisión de la Comisión Europea, el Gobierno español se reafirmó en que no tiene intención de "promover la energía nuclear" porque aún no existe una solución definitiva para que la gestión de sus residuos y porque un hipotético accidente -cuya posibilidad califica de "remota"- obligaría al Estado a asumir "gran parte del coste de los daños que se produzcan".
El Ejecutivo español añade un tercer argumento para justificar su veto: "En la actualidad, ninguna empresa eléctrica estaría interesada en poner en marcha una central nuclear [en España], ni ninguna entidad financiera dispuesta, en su caso, a financiarla, dadas las incertidumbres de todo tipo que se ciernen sobre este tipo de proyectos".
Pero todo esto puede comenzar a cambiar. Como ha informado EL ESPAÑOL, Francia lidera el grupo de países que (junto a Polonia, Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia) instan a la Comisión Europea a clasificar la energía nuclear como "inversión verde".
Macron lidera el acuerdo
Con ello pretenden que la construcción de centrales nucleares se beneficie de las mismas ventajas e incentivos que los parques de energías renovables, con el fin de atenuar las consecuencias que la crisis energética tiene sobre los consumidores y la industria.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha anticipado esta decisión: "Necesitamos más energías renovables. Son más baratas, libres de carbono y de cosecha propia. También necesitamos una fuente estable, la nuclear y, durante la transición, gas".
Por su parte, el Gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado su intención de invertir 1.000 millones de euros hasta el 2030 para construir minicentrales nucleares, que se sumarán a los 56 reactores que están activos actualmente en el país.
Un cambio de criterio que deja descolocado al Gobierno español. En respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por siete diputados de Vox, el Ejecutivo indicó el pasado día 18 que no tiene intención de "promover la energía nuclear" dentro de la estrategia de "transición ecológica" que impulsa la ministra Teresa Ribera.
Los residuos radiactivos
En primer lugar, argumenta, "las centrales nucleares utilizan un combustible que, una vez gastado, se convierte en un residuo radiactivo de alta actividad y muy larga vida (miles de años), del que es imposible precisar el coste de su gestión definitiva".
"Aunque los titulares de las centrales nucleares pagan a la empresa pública Enresa una prestación patrimonial destinada a la financiación de la gestión de estos residuos y el desmantelamiento de las centrales nucleares", añade en su respuesta parlamentaria, "el hecho de que en ningún país occidental se haya llevado a cabo la gestión definitiva de dichos residuos, hace que sea el Estado el que, finalmente, haya de asumir las incertidumbres económicas existentes en relación con el coste final de su gestión".
El Gobierno español sostiene que, como consecuencia de ello, en la actualidad es imposible precisar el coste real de generación de cada MWh de origen nuclear (pues a su juicio debería incluir el coste final del tratamiento de sus residuos).
En segundo lugar, el Ejecutivo advierte que el Estado tendría que asumir, en última instancia, el coste de los daños causados por un posible accidente en una central nuclear: la sombra de Chernóbil, cuyo reactor estalló debido a una cadena de negligencias del régimen de la URSS, planea sobre este escenario.
Un accidente nuclear
"Aunque la posibilidad de que ocurra un accidente grave en una central nuclear es remota", señala el Gobierno en su respuesta parlamentaria, "en el caso de que este se produzca, y sin perjuicio de la responsabilidad civil que están obligados a asumir los titulares de las centrales nucleares, la experiencia ha demostrado que es también el Estado el que finalmente ha de hacerse cargo de gran parte del coste de los daños que se produzcan".
Fragmento de la respuesta parlamentaria ofrecida por el Gobierno.
Por todo ello, concluye, "los motivos que tiene el Gobierno para no promover la energía nuclear se basan, en esencia, en la defensa de los intereses públicos".
El precio de la luz ha registrado una escalada sin precedentes en España, hasta alcanzar el pasado mes de octubre la cifra récord de 319 euros por MWh (frente a los 43,02 euros/MWh registrados un año antes, el 7 de octubre de 2020). La decisión de Argelia de cerrar su gasoducto que atraviesa territorio de Marruecos añade un factor de incertidumbre a esta situación.
La crisis energética ha hecho que se desvanezcan los recelos hacia la nuclear en Europa. La Comisión Europea considera ahora que esta fuente de energía puede convertirse en un elemento clave para abaratar el precio de la luz y luchar contra el cambio climático.
El Gobierno de Alemania, que había anunciado para 2022 el cierre de todas sus centrales, ha decidido prorrogar su vida activa otros 12 años. Y el servicio científico JRC de la Comisión Europea constata que no hay "ninguna evidencia científica de que la energía nuclear haga más daño a la salud humana o al medioambiente que otras tecnologías de producción de electricidad ya incluidas en la taxonomía como actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático", como ha informado EL ESPAÑOL.