El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea ha acordado llamar a declarar como imputado al exjefe de la UDEF Manuel Vázquez, para aclarar si la Policía impulsó o manipuló la "denuncia anónima" que llevó a prisión al presidente de la asociación de consumidores Ausbanc, Luis Pineda.

A raíz de esta denuncia, la Audiencia Nacional condenó el pasado mes de julio a Luis Pineda a ocho años de cárcel, como autor de los delitos de extorsión y estafa. Pineda ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano dirigió el pasado 8 de octubre un escrito al juez instructor de la Operación Tándem, en el que reconoce que fue él quien presentó ante la Comisaría General de la Policía Judicial la "denuncia anónima" contra Pineda. Corrochano enmarcó esta actuación en el contrato millonario que el BBVA suscribió con Cenyt, la agencia de investigación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Según su declaración, Corrochano presentó la denuncia el 2 de febrero de 2015 en la Comisaría General de la Policía Judicial, que pocos días después, el 13 de febrero, la remitió a la Fiscalía. Finalmente, el Ministerio Público denunció ante la Audiencia Nacional en noviembre de 2015 los hechos relatados en dicho escrito. Se ponía así en marcha el proceso judicial que llevó a prisión a Luis Pineda.

El contrato de Villarejo

Sin embargo, la UDEF -entonces dirigida por Manuel Vázquez- aportó al sumario del caso Ausbanc documentos que habían sido elaborados un mes antes de la presentación de la "denuncia anónima". Entre ellos, un certificado de las cuentas de la sociedad Ausbanc Consumo que había sido emitido por el Registro Mercantil el 9 de enero de 2015 (un mes antes de que se presentara la denuncia) a instancias de la Policía.

De todo ello, la representación legal de Luis Pineda interpreta que el contrato del BBVA a la agencia de investigación del comisario Villarejo tuvo por objeto, entre otros fines, recopilar información y fabricar la denuncia contra el presidente de Ausbanc.

Y sostiene, asimismo, que mandos de la UDEF actuaron en connivencia con Villarejo para perseguir este objetivo, pues ya estaban inspeccionando las cuentas de Ausbanc un mes antes de la presentación de la denuncia que les permitió dar carácter oficial a la investigación.

En un escrito dirigido al juez de la Operación Tándem, la defensa de Luis Pineda argumenta que "la denuncia anónima era parte del plan encargado por el BBVA" al comisario Villarejo para destruir al presidente de Ausbanc, pues esta asociación de consumidores había denunciado las cláusulas suelo abusivas incluidas en contratos de hipoteca que finalmente fueron anuladas por el Tribunal Supremo.

Garantías procesales

A la luz de estos datos, la defensa de Pineda pidió al juez instructor del caso Tándem que tome declaración a varios mandos de la UDEF, para esclarecer si actuaron en connivencia con Villarejo para impulsar la denuncia anónima.

El magistrado Joaquín Elías Gadea (que actúa como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional) ha aceptado ahora citar como investigado al exjefe de la UDEF Manuel Vázquez, con el fin de aclarar su participación en estos hechos.

En un auto dictado el pasado lunes, el juez instructor aclara que "nos hallamos en una zona fronteriza entre la declaración como testigo y como investigado, toda vez que las respuestas que suministre el deponente pueden ser autoinculpatorias".

"Si se le cita como testigo", explica el juez en su auto, "está obligado a jurar o prometer decir verdad, y a contestar a todas las preguntas que se le formulen. En este caso, si surgiera alguna respuesta autoincriminatoria, habría de paralizarse la declaración y reiniciarla atribuyéndole la condición de investigado, para que estuviera asistido de defensa letrada, y en cuya condición se podría acoger a su derecho a no declarar, o a contestar a aquella o aquellas preguntas que estimase oportuno, conforme a la mejor defensa de sus derechos e intereses".

No anticipa la "culpabilidad"

Ante esta disyuntiva, el magistrado ha optado finalmente por citar al exjefe de la UDEF como investigado, para "garantizar su derecho de defensa y que se preste la declaración con plenas garantías y respeto a sus derechos procesales".

Pero recalca en su resolución que "la atribución de la condición de investigado en fase de instrucción no comporta una declaración anticipada de culpabilidad sino que, ante la existencia de indicios de delito, se cita en tal calidad a un sujeto para que suministre su versión de los hechos investigados".

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