Las evidencias presentes en el informe elaborado por la Guardia Civil en el marco de la Operación Kabat reflejan la coordinación existente entre el entorno de la banda terrorista ETA, diversos mediadores políticos de la izquierda radical vasca y el Ministerio del Interior con el fin de lograr el acercamiento de los terroristas encarcelados al País Vasco.
Entre todos ellos, en gestión directa con la cúpula de Prisiones, que depende directamente del departamento de Fernando Grande-Marlaska, acordaron los beneficios a presos de la banda terrorista ETA.
Sus conversaciones quedan plasmadas en el informe del Servicio de Información del Instituto Armado. Gracias a esas investigaciones -que nacieron para indagar en los homenajes públicos a los terroristas, los ongi etorris- se ha podido constatar la confabulación entre el entorno de ETA y altos cargos de la Administración para lograrlo. Estos son los protagonistas de la trama.
José Antonio López Ruiz, 'Kubati'
Miembro histórico de la banda terrorista ETA, fue detenido nuevamente en enero de 2020 en el marco de esta operación, iniciada para indagar en los homenajes a etarras en el País Vasco a su salida de la cárcel.
Meses antes del asesinato de Gregorio Ordóñez en San Sebastián, en enero de 1995, Kubati publicó una carta en Egin citando reiteradamente al político vasco del PP y expresando su "deseo esperanzador de que algún día, al poner la radio, oiga por ella una buena noticia que" le "alegre el día".
En la Operación Kabat, Kubati era uno de los encargados de "la dirección, promoción, coordinación y organización de homenajes a presos y huidos de la banda terrorista ETA". Los mensajes detectados en su teléfono móvil han sido cruciales para revelar todas las conexiones entre el entorno proetarra y los altos cargos del Gobierno y del Ministerio del Interior.
Jesús Loza Aguirre
Delegado del Gobierno en el País Vasco, llegó al cargo en verano de 2018, con el Gobierno socialista. Entonces se mostró favorable al "acercamiento progresivo e individualizado" de los presos de la banda. Un año más tarde abandonaría su puesto, pero le dio tiempo a iniciar las gestiones para trasladar a los miembros de ETA al País Vasco.
Era una de las vías a las que recurrían desde EH Bildu y desde los colectivos de presos para negociar la estrategia. En uno de los mensajes intervenidos, uno de los mediadores evidencia esa relación y esa afinidad: "Yo haré la gestión con Loza".
Ángel Luis Ortiz
Secretario general de Instituciones Penitenciarias. Ortiz, hombre de confianza de Marlaska y responsable máximo en Prisiones, es un tipo ampliamente cuestionado debido a su política penitenciaria, calificada por muchos de "buenista". Una política con la que se ha ido vaciando las prisiones de reclusos, con la que se ha duplicado los terceros grados en apenas tres años, incluso con la Junta de Tratamiento de la cárcel en contra (como en el caso del asesino de Lardero) y con la que se ha facilitado los permisos a los internos pese a cometer faltas graves.
El entorno de ETA, a tenor de los informes de la Guardia Civil y de algunos de sus mensajes, presentes en el informe, contactaba directamente con él para tratar uno a uno los casos de los etarras a los que había que aproximar. Se mensajeaban, a juzgar por el tono de las conversaciones, con total normalidad.
Según la documentación, a la que ha accedido EL ESPAÑOL, recibía datos de los etarras que había que mover para luego hablarlo en las reuniones con sus representantes. "Quiero enviarle antes unas notas para que la reunión sea más efectiva", le decían.
A él se refieren como "el de Madrid". Tan estrecha era la conexión que llegaba a referirse a uno de ellos como "Estimado Julen". "Un cordial saludo", le decía Ortiz para despedirse en sus conversaciones.
Fernando Grande-Marlaska
Ministro del Interior y máximo responsable de los innumerables acercamientos en los tres últimos años. Desaparecido en las últimas semanas, ha sido el ejecutor del pacto diseñado por EH Bildu y Arnaldo Otegi cuando se convirtió en uno de los partidos que apoyó la llegada del PSOE a la Moncloa, una estrategia conocida como acercamientos por votos, que se tradujo en el llamado pacto de "cinco a la semana", la aproximación al País Vasco de cinco presos de la banda todos los viernes.
Este extremo siempre ha sido negado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y también por el propio ministro. Ortiz es su hombre de confianza y su representante en las cárceles. Asediado por las críticas a lo largo del último año, tanto por esta polémica como por sus fricciones con los funcionarios de prisiones, Marlaska ha sido criticado tanto dentro como fuera del Ministerio, hasta el punto de que su cargo llegó a peligrar en la renovación emprendida por el Gobierno el pasado verano.
Joseba Azkarraga
Portavoz de Sare, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA. Se trata de uno de los mediadores entre el Gobierno y ETA. Presente en los grupos de Whatsapp en los que se gestiona toda la estrategia con los etarras, actúa de manera coordinada con el resto de sus colegas para conseguir sus objetivos.
Julen Arzuaga
Diputado de EH Bildu en el Parlamento vasco. Era uno de los que hablaba directamente con Ángel Luis Ortiz para comunicarle, según figura en las investigaciones de la Guardia Civil, todas las decisiones del entorno etarra.
En contacto directo y constante, el interlocutor del máximo representante de las cárceles le solicitaba que los reclusos fueran "partícipes de la decisión del traslado". En un mensaje en concreto los etarras exigían a través del dirigente de Bildu a dónde y cómo debían producirse los acercamientos. Todos juntos funcionaban como un engranaje perfecto en sintonía con la cúpula de Prisiones.
Este jueves el Gobierno salía al paso del aluvión de críticas con un escueto mensaje de su portavoz, Isabel Rodríguez: "El Gobierno se mueve en el ámbito de la Ley, de la Justicia. Cualquier otra consideración significa poner en duda a nuestra democracia. Los jueces de instrucción penitenciaria son quienes se encargan de estas cuestiones. El Gobierno siempre se mueve en los márgenes de la Ley".
Ahora Marlaska y Ortiz se encuentran en una situación muy comprometida al desvelarse de manera definitiva el conchabeo y los contactos con los etarras. Pablo Casado, líder de la oposición, ha exigido ya su cabeza por los "indignos" acuerdos con el entorno de la banda. También ha pedido, como Cs y Vox, la apertura de una comisión de investigación.
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