La Cámara de Cuentas avala el procedimiento seguido en el contrato del hermano de Ayuso

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha determinado que no hubo irregularidad alguna en el proceso de contratación con la empresa del hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. De ese modo, este organismo avala el contrato adjudicado por 1,5 millones de euros a Priviet Sportive en abril de 2020 mediante el procedimiento de emergencia empleado durante los primeros meses de la pandemia.

"La mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico". En sus propias palabras, la Cámara de Cuentas sentencia que, en general, "la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación". Entre ellos, el realizado con Tomás Ayuso.

La Cámara de Cuentas es el órgano fiscalizador externo al que corresponde el control económico presupuestario de la comunidad. Este organismo ha inspeccionado, por primera vez, los contratos tramitados por la vía de emergencia durante los primeros meses de la pandemia. Y ahora emite su veredicto.

En un informe de 44 páginas, explica que "solo en contadas ocasiones, en los expedientes número, 259 y 260, se ha utilizado la tramitación de emergencia para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia" ni amparados por la ley.

Aún así, algunos expedientes carecen de la documentación que todo expediente de contratación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia. Ello ocurre de los expedientes 105 al 114, en el 196, del 214 al 221 y el 254. En ninguno de ellos, dice la Cámara de Cuentas, "se aportó justificación de haberse dado cuenta al Consejo de Gobierno". El de Tomás Ayuso no figura entre ninguno de esos expedientes defectuosos, señalados por el organismo de control.

4.448 contratos

Fue esta adjudicación la que dio inicio a la trama de espionaje en el seno del Partido Popular (PP) hacia la mandataria autonómica. La crisis estalló el pasado mes de febrero y acabó con la carrera política de Pablo Casado, hasta entonces presidente del partido, y con la de su secretario general, Teodoro García Egea. 

Ahora, la Cámara de Cuentas ha hecho público este análisis de 4.448 contratos suscritos en 2020. Fuentes cercanas a la presidenta aseguran que esta es la constatación de lo que defendían desde el principio. "Está todo hecho conforme a ley. El contrato es perfectamente legal".

Desde el entorno de Ayuso recuerdan que, además, la adjudicación ya fue fiscalizada por la intervención general de la Comunidad de Madrid y por la Comisión de Contratación de la Asamblea. "Todos los órganos independientes han coincidido en que no hay absolutamente nada irregular".

Diligencias en Anticorrupción

Mientras tanto, las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción siguen su curso. Fue hace un mes cuando se iniciaron las averiguaciones sobre la comisión de, al menos, 55.000 euros, de la cual se benefició el hermano de la presidenta.

La Fiscalía consideraba que, aunque en las denuncias "no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Por ello, y "no obstante esta falta de concreción", considera procedente la práctica de algunas diligencias que, "sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados".

La investigación se desarrolla en la Fiscalía Anticorrupción y no en la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que Luzón no aprecia "en estos momentos" indicios que apunten a la presidenta del Gobierno de Madrid, aforada ante el alto tribunal en virtud del Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma.

El decreto explica que "por lo que se refiere a Isabel Díaz Ayuso, los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios".