El Gobierno aplaza la ley de Familias de Belarra y aprueba la de Trata que Igualdad ve "insuficiente"

El Consejo de Ministros no va a estudiar este martes el anteproyecto de la Ley de Familias, impulsado por el Ministerio presidido por Ione Belarra, después de que el "ala socialista" del Ejecutivo haya decidido retrasar esta aprobación, según han explicado a Efe fuentes de Derechos Sociales.

Las fuentes han señalado que el Ministerio de Presidencia ha comunicado al de Derechos Sociales en la noche del lunes que finalmente la Ley de Familias no se aprobará en la reunión del Consejo de Ministros prevista para este martes, en contra de lo inicialmente anunciado.

El Ministerio de Derechos Sociales ha mostrado su preocupación por "los constantes retrasos a esta norma por parte del ala socialista", ya que considera que se trata de una legislación "muy urgente para las familias españolas, que actualmente no reciben todo el apoyo que necesitan ni a la conciliación, ni a la crianza".

El anteproyecto elaborado por el departamento de Belarra crea nuevos permisos para facilitar el cuidado de niños y familiares, amplía las ayudas a familias monomarentales que serán reconocidas como numerosas cuando tengan dos hijos y avanzará en la equiparación de derechos de todos los tipos de familias.

Forma parte de los Presupuestos

Las fuentes del Ministerio recuerdan que la ley ha pasado ya por todos los trámites formales previos al Consejo de Ministros, es un hito del plan de recuperación y forma parte del acuerdo de presupuestos para el año 2023.

El anteproyecto de Belarra, que finalmente ha salido del orden del día del Consejo, se estaba negociando hasta última hora y tenía previsto incluir un permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o un conviviente.

También un nuevo permiso para padres y madres de ocho semanas para disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años.

El texto reconoce jurídicamente los distintos tipos de familias, amplía los permisos para cuidados de los trabajadores y las prestaciones para familias, otorgando a las familias monomarentales con dos hijos la protección que hasta ahora se reservaba a las numerosas.

El anteproyecto incorpora la ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes por cada menor de 3 años a cargo, que hasta ahora solo percibían las madres trabajadoras, para aquellas que están en paro o que hayan estado en la Seguridad Social al menos 30 días.

También recoge el derecho a la atención temprana para menores de 6 años con trastorno de desarrollo y un registro de parejas de hecho que tendrán derecho a los distintos permisos.

Sí la ley contra la trata

El Consejo de Ministros sí aborda y aprueba este martes el anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos, un texto en el que han participado Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión y cuya tramitación comienza con polémica por las diferencias entre los distintos ministerios.

Este lunes, horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el texto sería aprobado finalmente este martes, fuentes del Ministerio de Igualdad alertaban de que el anteproyecto diseñado por Justicia era "insuficiente".

El departamento que dirige Irene Montero ve "imprescindible", por ejemplo, que la ley incluya la posibilidad de que las víctimas de trata y explotación sexual que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular accedan a un permiso de residencia y de trabajo y reciban atención social integral sin necesidad de colaboración policial o de denuncia, como el resto de víctimas de violencia contra las mujeres.

Pero las diferencias entre Igualdad y Justicia se remontan a hace meses, ya que el objetivo inicial de Montero era aprobar un proyecto centrado en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Igualdad envió un texto a Justicia en enero y han esperado meses a conocer su respuesta.

Justicia consideró que era necesario aprobar una ley integral para todos tipos de trata, no solo con fines de explotación sexual, y encargó su diseño a la Comisión General de Codificación, órgano asesor de ese departamento.